Leonel Herrera
Redacción Diario Co Latino
Reiterando su argumento de que cualquier emisión de deuda pública debe ser aprobada por la mayoría calificada de la Asamblea Legislativa, el grupo parlamentario del FMLN solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.
Encabezados por Salvador Sánchez Cerén y Humberto Centeno, jefe y subjefe de fracción legislativa, los diputados del partido de izquierda presentaron el recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la máxima institución de justicia.
“Pedimos a la Corte pronunciarse contra este atropello a la institucionalidad del país”, manifestó Sánchez Cerén, quien aclaró que la objeción no es a la figura mercantil del fideicomiso, sino a la emisión de títulos valores que constituyen contratación de deuda pública.
En este sentido, el coordinador parlamentario del Frente, insistió en que la aprobación de deuda pública necesita del respaldo soberano otorgado por los votos de dos terceras partes de los miembros del Congreso, tal como lo establece el artículo 48 de la Constitución de la República.
Para Sánchez Cerén, el Ejecutivo y la derecha legislativa manipularon la figura del fideicomiso para saltarse la obligación constitucional de avalar en el Congreso la adquisición de deuda estatal ya sea ésta a través de préstamos, bonos o por medio de títulos valores. El fideicomiso de pensiones fue aprobado por ARENA, PCN y PDC, en septiembre de 2006, para financiar el pago de las pensiones del antiguo sistema provisional con el dinero de los cotizantes del sistema privado, mediante la compra obligatoria de títulos valores por parte de las AFP´s.
Con esto, la administración del presidente de ARENA y de la República, Elías Antonio Saca, prescindió de la concertación y búsqueda de acuerdos con el FMLN de cuyos votos depende la mayoría calificada parlamentaria, al tiempo que le permitió aparentar un menor nivel de endeudamiento.
La medida fue criticada no sólo por la izquierda parlamentaria y organizaciones ciudadanas, sino por destacados abogados constitucionalistas, ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia y hasta por economistas de derecha cercanos a ARENA y al Ejecutivo.
La demanda del FMLN se da en momentos en que la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto del Parlamento discute el proyecto de Fideicomiso para Educación y Seguridad Ciudadana, planteado por el Ejecutivo, ante la imposibilidad de convencer al FMLN de aprobar los préstamos.
El paquete medidas propuestas también incluye reformas a las leyes del FOVIAL y CNR –para dichas instituciones puedan endeudarse por su cuenta–, creación de un fondo de inversiones, aprobación de una ley de servicios internacionales, cambios a la Ley de Competencia, entre otras.
Dichas medidas son cuestionadas por el FMLN y Cambio Democrático, que señalan la ilegalidad de la emisión de títulos de deuda pública sin el aval de la mayoría calificada parlamentaria. CD también pondrá un recurso de inconstitucionalidad y pide acatar la sentencia de CSJ sobre la emisión de bonos.
Esta resolución de la Corte se refiere a la emisión de bonos para financiar el presupuesto de 1999, durante el gobierno de Francisco Flores, sin la autorización de la mayoría calificada del Parlamento. La sentencia declaró inconstitucional dicha medida y planteó observar sus considerandos en casos similares.
Redacción Diario Co Latino
Reiterando su argumento de que cualquier emisión de deuda pública debe ser aprobada por la mayoría calificada de la Asamblea Legislativa, el grupo parlamentario del FMLN solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.
Encabezados por Salvador Sánchez Cerén y Humberto Centeno, jefe y subjefe de fracción legislativa, los diputados del partido de izquierda presentaron el recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la máxima institución de justicia.
“Pedimos a la Corte pronunciarse contra este atropello a la institucionalidad del país”, manifestó Sánchez Cerén, quien aclaró que la objeción no es a la figura mercantil del fideicomiso, sino a la emisión de títulos valores que constituyen contratación de deuda pública.
En este sentido, el coordinador parlamentario del Frente, insistió en que la aprobación de deuda pública necesita del respaldo soberano otorgado por los votos de dos terceras partes de los miembros del Congreso, tal como lo establece el artículo 48 de la Constitución de la República.
Para Sánchez Cerén, el Ejecutivo y la derecha legislativa manipularon la figura del fideicomiso para saltarse la obligación constitucional de avalar en el Congreso la adquisición de deuda estatal ya sea ésta a través de préstamos, bonos o por medio de títulos valores. El fideicomiso de pensiones fue aprobado por ARENA, PCN y PDC, en septiembre de 2006, para financiar el pago de las pensiones del antiguo sistema provisional con el dinero de los cotizantes del sistema privado, mediante la compra obligatoria de títulos valores por parte de las AFP´s.
Con esto, la administración del presidente de ARENA y de la República, Elías Antonio Saca, prescindió de la concertación y búsqueda de acuerdos con el FMLN de cuyos votos depende la mayoría calificada parlamentaria, al tiempo que le permitió aparentar un menor nivel de endeudamiento.
La medida fue criticada no sólo por la izquierda parlamentaria y organizaciones ciudadanas, sino por destacados abogados constitucionalistas, ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia y hasta por economistas de derecha cercanos a ARENA y al Ejecutivo.
La demanda del FMLN se da en momentos en que la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto del Parlamento discute el proyecto de Fideicomiso para Educación y Seguridad Ciudadana, planteado por el Ejecutivo, ante la imposibilidad de convencer al FMLN de aprobar los préstamos.
El paquete medidas propuestas también incluye reformas a las leyes del FOVIAL y CNR –para dichas instituciones puedan endeudarse por su cuenta–, creación de un fondo de inversiones, aprobación de una ley de servicios internacionales, cambios a la Ley de Competencia, entre otras.
Dichas medidas son cuestionadas por el FMLN y Cambio Democrático, que señalan la ilegalidad de la emisión de títulos de deuda pública sin el aval de la mayoría calificada parlamentaria. CD también pondrá un recurso de inconstitucionalidad y pide acatar la sentencia de CSJ sobre la emisión de bonos.
Esta resolución de la Corte se refiere a la emisión de bonos para financiar el presupuesto de 1999, durante el gobierno de Francisco Flores, sin la autorización de la mayoría calificada del Parlamento. La sentencia declaró inconstitucional dicha medida y planteó observar sus considerandos en casos similares.
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