San Salvador, 19 jun (PL) El asesinato de los diputados salvadoreños William Pichinte, Eduardo D'Aubuisson y José Ramón González y su conductor, Gerardo Napoleón Ramírez llega hoy a sus cuatro meses, y hasta la fecha sigue sin esclarecerse.
El 19 de febrero último, los miembros del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) viajaban a Guatemala y en las cercanías de la capital de ese país fueron asesinados y sus cuerpos incinerados.
Unos días más tarde, un comando fuertemente armado ejecutó a tiros a los policías presuntos autores materiales del homicidio en el interior de la prisión de alta seguridad, donde estaban detenidos.
Otros sospechosos que también fueron apresados, según las autoridades policiales guatemaltecas, tenían vínculos con el narcotráfico.
Sin embargo, todavía los móviles y los autores del múltiple homicidio permanecen en el silencio.
A propósito, el presidente de El Salvador, Antonio Saca, anunció la víspera que reclamará a su colega de Guatemala, Oscar Berger, el magro avance de las investigaciones. El mandatario dijo que ese país puede hacer más al respecto hasta llegar al fondo de los asesinatos.
Por su parte, organizaciones sociales, políticas y no gubernamentales locales sostienen que El Salvador también tiene que participar en las pesquisas.
La Asociación Probidad, red facilitadora de la lucha contra la corrupción, ha exigido al gobierno de Saca la apertura de la investigación completa en el país.
Su representante, Jaime López, ha manifestado que es preocupante el desinterés mostrado por las autoridades salvadoreñas en el esclarecimiento del crimen al plantear que a Guatemala le corresponde resolverlo.
Asimismo, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, también ha exigido más responsabilidad a ambos gobiernos en la investigación.
Debido al lento proceso, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Beatrice de Carrillo, alertó que el asesinato podría quedar en la impunidad al asegurar que hay un intento por bajar el interés y la atención del caso.
El 19 de febrero último, los miembros del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) viajaban a Guatemala y en las cercanías de la capital de ese país fueron asesinados y sus cuerpos incinerados.
Unos días más tarde, un comando fuertemente armado ejecutó a tiros a los policías presuntos autores materiales del homicidio en el interior de la prisión de alta seguridad, donde estaban detenidos.
Otros sospechosos que también fueron apresados, según las autoridades policiales guatemaltecas, tenían vínculos con el narcotráfico.
Sin embargo, todavía los móviles y los autores del múltiple homicidio permanecen en el silencio.
A propósito, el presidente de El Salvador, Antonio Saca, anunció la víspera que reclamará a su colega de Guatemala, Oscar Berger, el magro avance de las investigaciones. El mandatario dijo que ese país puede hacer más al respecto hasta llegar al fondo de los asesinatos.
Por su parte, organizaciones sociales, políticas y no gubernamentales locales sostienen que El Salvador también tiene que participar en las pesquisas.
La Asociación Probidad, red facilitadora de la lucha contra la corrupción, ha exigido al gobierno de Saca la apertura de la investigación completa en el país.
Su representante, Jaime López, ha manifestado que es preocupante el desinterés mostrado por las autoridades salvadoreñas en el esclarecimiento del crimen al plantear que a Guatemala le corresponde resolverlo.
Asimismo, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, también ha exigido más responsabilidad a ambos gobiernos en la investigación.
Debido al lento proceso, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Beatrice de Carrillo, alertó que el asesinato podría quedar en la impunidad al asegurar que hay un intento por bajar el interés y la atención del caso.
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