San Salvador, 8 jun (PL) Los dirigentes sindicales y sociales salvadoreños son objeto de persecución y represión debido a las críticas que emiten contra el gobierno del presidente Antonio Saca, denunció hoy el Bloque Popular Social (BPS).
Según el reverendo Roberto Pineda, representante del Bloque, el Ministerio de Gobernación tiene en lista a 90 personas "que podrían ser capturadas en los próximos días".
La diputada suplente Guadalupe Erazo, también dirigente del BPS, aseguró que estas represalias pueden ser la base de un esquema represivo para intimidar al movimiento social que critica la mala gestión de la administración de Saca.
Por otra parte, manifestaron su rechazo a Ley antiterrorista que se les aplica a personas detenidas durante los disturbios del 12 de mayo.
Ese día, autoridades policiales procedieron a desalojar y decomisar mercancías a los trabajadores informales del centro de esta capiatl. Supuestos vendedores reaccionaron violentamente contra los agentes.
Ante tal situación, unos 200 miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) lanzaron gases lacrimógenos y de pimienta contra los comerciantes y transeúntes que no tenían nada que ver con el altercado.
En los hechos, que se prologaron hasta la noche, la UMO detuvo a 17 personas, actualmente en prisión, entre ellas, Julio Hernández, dirigente de la Coordinadora Nacional de Vendedores.
La Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales sostiene que los comerciantes capturados ese día no son los responsables de la reyerta.
Ambos activistas aseguraron que responsabilizarán al citado ministerio de lo que pueda pasarle a los dirigentes sociales.
Erazo aseveró que "la escalada represiva que impulsan desde el Ministerio de Gobernación los sectores más reaccionarios del gobierno es el reflejo del fracaso rotundo que han tenido las campañas mediáticas para adormecer a la población."
Según el reverendo Roberto Pineda, representante del Bloque, el Ministerio de Gobernación tiene en lista a 90 personas "que podrían ser capturadas en los próximos días".
La diputada suplente Guadalupe Erazo, también dirigente del BPS, aseguró que estas represalias pueden ser la base de un esquema represivo para intimidar al movimiento social que critica la mala gestión de la administración de Saca.
Por otra parte, manifestaron su rechazo a Ley antiterrorista que se les aplica a personas detenidas durante los disturbios del 12 de mayo.
Ese día, autoridades policiales procedieron a desalojar y decomisar mercancías a los trabajadores informales del centro de esta capiatl. Supuestos vendedores reaccionaron violentamente contra los agentes.
Ante tal situación, unos 200 miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) lanzaron gases lacrimógenos y de pimienta contra los comerciantes y transeúntes que no tenían nada que ver con el altercado.
En los hechos, que se prologaron hasta la noche, la UMO detuvo a 17 personas, actualmente en prisión, entre ellas, Julio Hernández, dirigente de la Coordinadora Nacional de Vendedores.
La Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales sostiene que los comerciantes capturados ese día no son los responsables de la reyerta.
Ambos activistas aseguraron que responsabilizarán al citado ministerio de lo que pueda pasarle a los dirigentes sociales.
Erazo aseveró que "la escalada represiva que impulsan desde el Ministerio de Gobernación los sectores más reaccionarios del gobierno es el reflejo del fracaso rotundo que han tenido las campañas mediáticas para adormecer a la población."
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