martes, junio 19, 2007

Sistema carcelario en Centroamérica: Al borde del colapso

Yudith Díaz Gazán

Redacción Central, 19 jun (PL) A Luis Guerra lo recluyeron en una cárcel salvadoreña sin demostrar su participación en un robo; las autoridades le dijeron que debía aguardar allí 10 días para conocer los cargos, pero siete meses después sigue esperando.

Las prisiones de El Salvador están repletas de hombres, mujeres y hasta menores de edad, quienes no han sido juzgados y mucho menos condenados, según reportes del departamento de criminalística nacional.


Algunos de los reos pasan meses o años en centros de máxima seguridad por delitos que no cometieron.

Criterios especializados certificaron que la situación ha provocado una crisis en el Sistema Penal, al borde del colapso por constantes huelgas y masacres dentro de las celdas.

Varios episodios de ese tipo han sido reportados y el más reciente aconteció en el presidio La Esperanza, donde un grupo de internos amenazaron con matar a 52 convictos si la policía trasladaba a los líderes de maras o pandillas a otras penitenciarias.

Brotes de violencia en el lugar, concebido para 800 reclusos y con una población real de mil 600, se iniciaron al transferir a Guadalupe Valladares a un sitio de máxima seguridad.

Tal disposición violó la promesa hecha por las autoridades de no llevarse a ningún otro reo y desató la batalla entre pandilleros y presos comunes con un resultado de 31 personas muertas.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales aseguró que en Centroamérica la encarcelación sin juicio es la regla, no la excepción.

Aquí el problema es mayor, añadió, pues en el país más pequeño y riesgoso del área existen 22 edificaciones, diseñadas como presidios para albergar a siete mil 370 internos y ahora sobreviven en ellos 12 mil 500.

En los locales el hacinamiento responde a la multiplicación de los arrestos en virtud de políticas antipandillas y de la morosidad judicial.

Los capturados bajo sospechas de pertenecer a maras se mantienen encerrados en cámaras superpobladas, generalmente enclaustrados sin una penalización.

Estadísticas oficiales revelaron que en El Salvador más del 25 por ciento de los prisioneros no han sido sancionados, semejante a lo sufrido por más de la mitad de la población carcelaria en Guatemala y el 80 por ciento en Honduras.

Esta última nación registró decenas de crímenes en las instituciones durante los anteriores dos años, algunos atribuidos a guardas y agentes del Estado, que acabaron con la vida de 180 recluidos.

Pesquisas alrededor de los hechos develaron la corrupción y violencia reinantes en centros punitivos.

De las 24 cárceles estatales en Honduras, la Penitenciaría Nacional fue construida para esos fines, las demás son escuelas, cuarteles y oficinas públicas recicladas aptas para seis mil cautivos, pero con 13 mil alojados.

Activistas de la sociedad civil alertaron que no basta con encerrar a jóvenes delincuentes, llegados a la marginalidad a consecuencia de desajustes familiares, carencias materiales y falta de perspectivas futuras.

Argumentaron lo nefasto de obligar a los miembros de bandas delictivas a convivir con presos comunes, lo cual redundó en la exacerbación de la corrupción, el crimen organizado, los enfrentamientos y cientos de muertes.

La urgencia de aliviar el hacinamiento, la falta de higiene e inseguridad en los correccionales centroamericanos constituyen un reclamo unánime de defensores de los derechos humanos y criminólogos de la región.

Cuerpos policiales centroamericanos puntualizaron que en 2005 sucumbieron a la violencia dos mil 98 personas, lo cual clasificó al área como la de mayor peligrosidad del continente.

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