viernes, junio 29, 2007

El Salvador: Cálculos electorales

Proceso
UCA


¿Para qué pueden servir 3.7 millones de dólares? En un país con tantas necesidades, para mucho. ¡Seguro que sí! Ejemplos, sobran. Podrían utilizarse para duplicar el presupuesto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o para aumentar en un seiscientos por ciento la cantidad de recursos destinados al desarrollo de la investigación en la Universidad de El Salvador; también para incrementar siete veces los recursos destinados a la prevención,
mitigación y atención de desastres nacionales, tan comunes en esta época invernal.


Con ese dinero podrían duplicarse las “subvenciones” del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a los hospitales nacionales de Ahuachapán, Sonsonate, Chalatenango, Zacatecoluca o San Vicente, entre otros; o desarrollar una extensa y profunda campaña contra el dengue, las diarreas o las neumonías que todos los años le roban la vida a decenas de niños y niñas. Pero no. Pese a las múltiples y urgentes necesidades, los recursos serán utilizados para fi- nanciar dos eventos electorales en el 2009. “Es una cantidad pequeña, en comparación con la capacidad del Estado para poder celebrar elecciones separadas”, sentenció orondo el presidente Antonio Saca.

En sospechosa sintonía con el también presidente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acordó dividir los comicios por la Presidencia, las municipalidades, la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano; lo hizo sin importarle cargar esos millones al Presupuesto General de la Nación y dejar menos dinero disponible para solventar los apremios antes señalados y otros más.

Ese uso del erario cuestiona los constantes argumentos oficiales sobre la falta de recursos y la necesidad de endeudarse para promover el desarrollo y resolver los problemas del país. ¿Cómo es posible que se tome tal decisión? ¿Acaso no se requieren fondos para continuar programas sociales como FOSALUD y Red Solidaria?

El TSE también decidió ensayar el voto residencial en dieciocho municipios con poblaciones menores a las veinte mil personas. Eso es un minúsculo avance de una propuesta congelada desde el 2000, cuando se ejecutó el “Plan de Acercamiento de las Urnas a los Electores”.

En este esfuerzo se gastaron cerca de dos mil trescientos dólares para inscribir a 378,668 ciudadanos en centros de votación cercanos a sus hogares, sin que después eso sirviera para algo. A mediados del 2003, el TSE argumentó que no tenía capacidad técnica para ejecutar el voto residencial en todo el país. En el 2006 se probó en seis municipios.

Se suponía que en el 2009, porque así lo ofrecieron, el voto residencial sería una realidad; ahora resulta que tampoco se podrá y siguen arguyendo razones técnicas y financieras para esquivar el bulto. ¿Cómo es posible que no se haya hecho nada para superar los inconvenientes y acercar las urnas a la gente? Tal incapacidad habla muy mal del TSE y de quienes han estado al frente del organismo, pues han pasado ya más de siete años sin que los magistrados hayan superado los “obstáculos”. Por eso, entre otras cosas, de nuevo se enfrentarán problemas tales como el “voto fl otante”; esta maniobra la perpetran algunos partidos políticos para ganar, mediante el traslado de electores a otro municipio donde tienen menos fuerza. Además de superar esas “trampas”, el voto residencial estimula la participación y le evita al TSE el oneroso gasto que le signifi ca trasladar votantes.

Tanto el voto residencial como la participación electoral de las salvadoreñas y los salvadoreños en el exterior no progresan, porque a la base hay un cálculo político sobre los réditos que cada partido pueda obtener. Por eso, los avances significativos en estos ámbitos sólo llegarán cuando las agrupaciones políticas más fuertes o con más capacidad de maniobra, tengan la seguridad de que hacerlo les significará más diputados, alcaldes o el control del Ejecutivo. La muestra más clara de que lo anterior es así, está en la propuesta de revivir la llamada “plancha nacional” aun cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la declaró inconstitucional.

Dado que beneficia al Partido de Conciliación Nacional (PCN) –que ha mostrado enorme habilidad para el manejo de la matemática electoral, consiguiendo curules mediante cocientes y residuos – el progreso en el tema es notorio; claro, está en juego el regreso del secretario general del PCN a la Asamblea Legislativa y el partido de las “manitas” tiene ases bajo la manga para ganar adhesiones a su propuesta. Una de esas cartas es la aprobación del Fideicomiso para la Educación y la Seguridad, propuesto por el presidente Saca como la alternativa para conseguir los recursos que no obtuvo con préstamos y para evitar negociar con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Así salta las trancas ARENA.

Pero hay más propuestas que no han encontrado el terreno fértil con la misma rapidez que la “plancha nacional”. Desde hace un tiempo se planteó la necesidad de una reforma electoral para “despartidizar” el TSE; también la revisión, actualización y corrección del padrón así como la transparencia, confiabilidad de los procesos electorales y el respeto a la institucionalidad. Sin embargo, los partidos que se han beneficiado del estado actual de cosas, no están dispuestos a modificar un sistema que les produce resultados; por eso, la iniciativa no cuaja.

Tampoco han prosperado las propuestas orientadas a terminar con el monopolio partidario sobre las planillas legislativas. En innumerables ocasiones se ha urgido la necesidad de facilitar las llamadas candidaturas independientes, como una forma de proponer a la ciudadanía opciones para escoger; sobre todo, ante su desconfi anza y desencanto hacia los partidos políticos. Pero tal planteamiento no logra trascender los espacios académicos y mediáticos, para llegar con posibilidades de éxito al Salón Azul del Parlamento porque, precisamente, este espacio es controlado por los partidos políticos.

Todo esto sucede ante el cronológicamente aún lejano pero realmente ya iniciado –por los partidos– proceso en el que la población elegirá a diputados, alcaldes y presidente. El escenario que se presenta es complicado. En primer lugar, porque la integración del TSE fue anómala y eso podría pasarle factura a su credibilidad. En esa institución se introdujo un funcionario de forma oscura; eso le resta legitimidad a las decisiones que éste ha respaldado. Aún no se ha aclarado
si el magistrado en cuestión –Julio Moreno Niños, también del PCN– puede ocupar ese espacio; probablemente, la CSJ resolverá hasta después de los comicios del 2009 la disputa que arrancó con un recurso presentado tras su nombramiento en el 2004.

Ante esas elecciones trascendentales por venir y las decisiones basadas en cálculos electorales de la alianza ARENA-PCN, se puede decir que la violencia por motivos electorales está ahí y que bastará una chispa para que estalle. ¿Qué se debe hacer entonces? Está clara la necesidad de fortalecer la institucionalidad encargada del proceso; los recursos extras que se utilizarán en el 2009 para las elecciones separadas, mejor deberían utilizarse ya para eso. Para mejorar los mecanismos de conteo de votos, por ejemplo, y que no pase lo del año pasado cuando el retraso del anuncio sobre la ganadora de la Alcaldía Municipal de San Salvador y la imprudencia de los políticos, incluido el propio Saca, casi genera un problema mucho más grave. En este camino también será importante que el máximo ente electoral castigara con firmeza a quienes violen la ley, con propaganda anticipada o cualquier otra “viveza”. Una muestra de buena voluntad sería que hiciera propia una reforma integral que, entre otros asuntos, saque a los partidos políticos del TSE para que no haya nadie que compita en esta carrera política con varios kilómetros de ventaja.

¿Será posible eso? Que la Asamblea Legislativa, los partidos políticos o el mismo TSE lo impulsen es, sencillamente, una quimera. Eso y mucho más, sólo se podrá hacer realidad cuando la mayoría ciudadana –descontenta con malos gobiernos en los tres órganos estatales, sumergida en la inseguridad y la violencia, y con posibilidades de progresar sólo en el exterior – caiga en la cuenta de sus derechos y los haga valer: De nuevo: el poder de la gente consciente y organizada ante el poder perverso de una institucionalidad estatal y una “partidocracia” desastrosa. No hay de otra.

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