martes, junio 12, 2007

El Salvador: Cambios en la Composición Social de las Luchas Populares en las Ultimas Tres Décadas

Tomado de Coyuntura
Revista Mensual
Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico


Cambios en la Parte Final de la Guerra Fría: 1970-1991

Hacia finales de los años sesenta se agotó el modelo económico sustitutivo de importaciones, altamente protegido de importaciones provenientes de países fuera de Centro América, y la insostenibilidad política de la segunda fase de la dictadura que arrancó con el golpe del 14 de diciembre de 1948, aceleraron la lucha popular y social, en las principales ciudades y zonas rurales.

El modelo económico sustitutivo de importaciones que funcionó como zona de “libre comercio” o mercado común para productos industriales elaborados en cada país, excluyó a los productos agropecuarios y en el fondo fue impulsado para evitar reformas económicas estructurales, como reforma agraria, para incorporar al “mercado” a la población rural que el desarrollo del modelo económico exigiría.


Con el mencionado modelo apareció la industria fabril y los trabajadores fabriles propiamente tales, se ampliaron las actividades comerciales, los servicios y la banca, aumentó la franja de capas medias, se extendió la urbana y aumentó el empleo, pero el modelo excluyó a la mayoría de la población de cada país, ubicada en zonas rurales. Esta limitación estructural del modelo, presagió, desde su comienzo, el pronto agotamiento del mismo.

Ya en abril de 1967, dos hechos sociales importantes anunciaron, como síntomas, el agotamiento del modelo global: el primero, la huelga general de trabajadores del país en solidaridad con el paro laboral de los trabajadores de la fábrica ACERO S.A. y, el segundo, los resultados de las elecciones presidenciales en las que participó el Partido Comunista de El Salvador (PCS) con el nombre Partido Acción Revolucionaria nueva línea (PAR)(1), indicaban la insostenibilidad de la segunda fase del modelo político de la dictadura militar, que había arrancado en diciembre de 1948 (2).

Dicho de otra manera, las luchas sindicales y electorales, y más adelante gremiales como las de los panificadores (septiembre de 1967) y maestros de ANDES 21 de Junio (comienzos de 1968), y elecciones legislativas y municipales de 1968, fueron dos formas de lucha social que se juntaron de hecho creando conciencia popular contra la dictadura militar.

Hacia finales 1968, el modelo perdió impulso y dinamismo y entró en crisis de tal manera que el Mercado Común Centroamericano se saturó de prácticamente las mismas mercaderías producidas por todos los países y condujo a un mayor rezago económico a Honduras y Nicaragua respecto a Guatemala y El Salvador, principalmente. A causa de ello, entre 1968 y 1969, fueron expulsadas de Honduras más de 250 mil personas salvadoreñas, en su mayoría campesinas, que habían hecho de la tierra hondureña su medio principal de vida desde finales del siglo XIX, cuando fueron expropiados de sus tierras por los capitalistas del país para dedicar las tierras al cultivo del café y exportarlo hacia Europa, y aquellas otras que huyeron tras la derrota de la revolución de campesinos, indígenas y capas medias en enero de 1932.

Como consecuencia de aquella abrupta expulsión de gente, a partir de 1970 reapareció en el país la lucha por la tierra que estuvo ausente durante casi un siglo y al mismo tiempo, el agotamiento del modelo también cerró los mercados de Honduras y otros países tras la Guerra de las 100 horas, de julio de 1969 entre gobiernos y empresarios salvadoreños y hondureños.

La pérdida del mercado hondureño, así como los mercados nicaragüense y costarricense, repercutió negativamente en las fábricas salvadoreñas y otras empresas y el Estado fue convertido en el primer consumidor de bienes y servicios, como para compensar los mercados perdidos y durante una década o más, se mantuvo el lema: “consuma y use lo que el país produce”.

El agotamiento del modelo fue la causa para que surgieran y desarrollaran durante años setenta distintas formas de lucha, de hecho coincididas por carácter democrático y antidictatoriales:

A) Luchas sindicales y gremiales urbanas (por aumentos salariales y en general por mejoramiento de condiciones laborales mediante toma de empresas fabriles privadas, protestas en la calle y otras formas de lucha), de cooperativas y organizaciones de trabajadores del campo y agropecuarias en general, en particular por la toma de tierras, así como la participación de iglesias católicas, por acceso a la propiedad de tierras y en general por mejoramiento de condiciones de vida agrarias;

B) Luchas electorales dirigidas por partidos políticos anti dictadura militar, principalmente por la Unión Nacional Opositora, UNO, que obtuvo victorias en elecciones presidenciales en 1972 y 1977, arrebatas con fraude por la dictadura militar y que por lo mismo quedó agotada, histórica y objetivamente, la lucha electoral, y por lo mismo la población realizó viraje hacia la participación y respaldo a luchas armadas, todas, coincidiendo, en la bandera del cambio del momento;

C) Nacimiento de organizaciones dedicadas al impulso de formas variadas de luchas armadas, que se desarrollaron a lo largo de la década de los setentas.

Cerrada históricamente la lucha política electoral, como vía legal y legítima de acceso al control de órganos de gobierno, a causa del enorme fraude en las elecciones presidenciales de febrero de 1972 y 1977, la dictadura militar acentuó sus acciones represivas y por supuesto ilegales en contra de trabajadores del campo y la ciudad, organizados o no, en particular la intensificación de asesinatos de personas de parte de escuadrones de la muerte(3), para frenar el ascenso de la lucha popular y social.

Los golpes a dirigentes y afiliados de sindicatos de fábricas y empresas de comercio y servicios, dirigentes religiosos(4), así como a miembros de organizaciones de trabajadores del campo y cooperativas y de miembros de comités de base de la iglesia católica, debilitaron por años la lucha social en estos campos. A los dirigentes sindicales y gremiales de organizaciones urbanas y del campo, no les quedó más opción que huir del país para evitar la represión y la muerte o incorporarse a las organizaciones políticas y militares a la lucha armada por la democracia y la justicia social.

Durante los primeros años de la guerra, las posibilidades objetivas de lucha popular y social mediante sindicatos y organizaciones populares urbanas y rurales, fueron anuladas por la dictadura. Las organizaciones nacidas a comienzos de la guerra aparecieron denunciando a la dictadura por violaciones a los derechos humanos, tal como los Comités de Madres de Presos y Desaparecidos Políticos que denunciaron a la dictadura por asesinatos, desapariciones, capturas y torturas de hijos y familiares, matanzas de personas, etc.

Además, por esos mismos motivos, el gobierno estadounidense carecía de una política bipartidista; es decir, los partidos demócrata y republicano exigían a la dictadura militar - primero cubierta bajo la envoltura de Junta Revolucionaria (1979- 1982) y después como gobierno provisional (1982-1984), instalado éste último después de elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente en marzo de 1982 - un informe semestral sobre el estado de los derechos humanos, y en base a ello la Cámara de Representantes y el Senado estadounidenses acordaban la “ayuda” a la dictadura del país (5).

Hacia finales de 1983 aparecieron los primeros síntomas de un nuevo flujo social, teniendo como motivo la necesidad del diálogo y negociación como posibilidad de solución a la guerra. Pero aquellas personas que intentaron proponer la realización de entre el gobierno y el FMLN, fueron asesinadas(6) puesto que tal bandera era considerada por la dictadura como “subversiva”, “insurgente”, “comunista”, etc. Pero con las elecciones presidenciales de marzo de 1984 que puso en la presidencia de la República a José Napoleón Duarte, el gobierno estadounidense de Jimmy Carter impulsó la iniciativa de diálogo entre el gobierno y el FMLN, con fines electorales en Estados Unidos en noviembre de 1984, ganadas por los republicanos con Ronald Reagan.

El encuentro sobre el diálogo realizado en la Palma, Chalatenango, el 15 de octubre de 1984, entre el gobierno de Napoleón Duarte y el FMLN, catapultó hacia dentro del país la bandera del diálogo que hasta entonces era considerada por la dictadura como una amenaza “comunista”, “subversiva”, etc.

Entonces, se juntaron, de hecho, las movilizaciones populares y sociales siguientes:

A) Actividades de denuncias, protesta y exigencias por respeto a derechos humanos y otras para promover la realización de diálogo como vía de salida o solución de la guerra, que de hecho se juntaron o combinaron;

B) Actividades por estabilidad laboral, aumentos salariales y en general mejoras en prestaciones laborales, de los empleados públicos
organizados en sindicatos y gremios(7), opuestos a las políticas gubernamentales;


C) Actividades sociales y populares en apoyo a la lucha armada, en particular durante la segunda mitad de los años de la guerra hasta los acuerdos políticos que pusieron fin a la guerra.

Las motivaciones para movilizaciones sociales en defensa de derechos humanos y el diálogo y para avanzar, de ser posible, a la negociación de acuerdos políticos para la finalización de la guerra, chocaban con la política contrainsurgente de la dictadura impuesta por el gobierno estadounidense: elecciones sin negociación de acuerdos políticos, opuesta a la del FMLN de diálogo y negociación y después elecciones.

Alrededor de las negociaciones de acuerdos políticos para la finalización de la guerra, pero principalmente inmediatamente después de firmados los acuerdos que le pusieron fin a la guerra, se produjo un gran flujo social. A partir de enero de 1992 se configuró una nueva situación en el país, que necesitó ajustes en las organizaciones sociales conforme a las nuevas condiciones.

Gremios y sindicatos se concentraron en la construcción de la intergremial y sindical, que se encargaría de representar los intereses de los trabajadores del país en el Foro para la Concertación Económica y Social. Se esperaba que las negociaciones de empresarios representados a través de la ANEP, el gobierno y los trabajadores, para darle vida al Foro y cumpliéndose con lo pactado al respecto, daría lugar a un nuevo escenario de lucha social y empresarial.

Pese al avance en entendimientos acerca de la agenda a negociarse en el terreno económico y social, los empresarios y su gobierno bloquearon la continuidad del Foro, alargando deliberadamente los posibles entendimientos de tal manera que se dejara pendiente la ejecución de la agenda hasta después de “las elecciones del siglo” de marzo de 1994, como ocurrió y que permitiera a empresarios de ANEP cerrar del todo la posibilidad de negociación de las negociaciones para la aplicación de la agenda del Foro y de esta manera quedó sin cumplirse, hasta ahora, de parte del gobierno y ANEP.

El asunto es que en 1989, y más concretamente a partir de 1990, ARENA, gobierno, empresarios, Banco Mundial (BID) FMI y gobierno estadounidense (8), impulsaron el nuevo modelo económico basado en el neoliberalismo o llamado “Consenso de Washington”, e intentaron llenar así el vacío de modelo existente en el país desde finales de los años sesenta que se agotó el modelo del mercado común centroamericano.

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1- En las elecciones presidenciales de abril de 1967, el PAR nueva línea obtuvo el 15.5% de los votos válidos, pese a los manejos fraudulentos de la dictadura militar y“excomunión” anticipada decidida por un obispo contra quienes votaran por el PAR; ver Schafik Hándal, “Una Guerra para Construir la Paz”, Instituto Schafik Hándal; OCEAN SUR; pág. 22; 2006.

2- La primera fase de la dictadura militar de 60 años, se alargó desde el dos de diciembre de 1931, con el golpe militar de esa fecha contra el presidente Arturo Araujo, hasta el 14 de diciembre de 1948, fecha en que los militares de academia derrocaron del gobierno a los militares de “fila” y se inauguró la segunda fase de la dictadura que se alargó hasta el 15 de octubre de 1979, fecha en que mediante otro golpe militar, previo al arranque de la guerra de doce años que finalizara con los acuerdos políticos negociados entre el FMLN y el gobierno y firmados el 31 de diciembre de 1931, fecha que se considera como la culminación de 60 años de dictadura militar y militarización del Estado y el país.

3- Hacia finales de loa años setenta y comienzos de los ochenta, la dictadura puso en manos de escuadrones de la muerte el asesinato de un promedio diario de entre 29 y 35 dirigentes sindicales, secuestrados de sus viviendas en la madrugada, cortándoles sus cabezas y exhibiéndolas sobre cercos en las periferias de la capital y el resto de sus cuerpos arrojados en lugares dispersos para infundir miedo y terror a la población. Los asesinatos de personas fueron acompañados de más de seis mil capturas clandestinas para el desaparecimiento de personas que hasta la fecha se desconoce su paradero.

4- Los asesinatos de dirigentes religiosos como Rutilio Grande el 12 de marzo de 1977, hasta el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero el 24 de marzo de 1980, expresaron el más elevado y profundo de represión social de la dictadura militar, cerrando toda opción de denuncias, protestas y lucha de la población, empujando al país a la guerra que duraría 12 años.

5- Esta situación fue superada con el Informe de la Comisión Bipartidista conducida por Henry Kissinger, en enero de 1984, en el cual se propuso la estrategia global de solución a la guerra, incluyendo un nuevo modelo económico, la estrategia de los conflictos de baja intensidad, la diplomacia y otros aspectos, que comenzó a ejecutarse con el gobierno de José Napoleón Duarte a partir de junio de ese año.

6- En octubre de 1983 los dirigentes del Movimiento Unitario Sindical y Gremial de El Salvador, MUSYGES, fueron capturados y asesinados, por levantar la bandera a favor del diálogo.

7- La formación de Sindicatos y Gremios de empleados públicos, y los paros de actividades, lo lograron venciendo la amenaza de la dictadura de aplicar el Art. 221 que “prohíbe la huelga de los trabajadores públicos y municipales”. El aumento del número de organizaciones de los trabajadores públicos desembocó en febrero de 1986, cuando el gobierno anunció un nuevo “paquete” de medidas económicas, en la creación de la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS) que aglutinó, además, a todas las organizaciones de trabajadores públicos y privados opuestos a la dictadura.

8-La Comisión Kissinger recomendó al gobierno y Congreso estadounidense empujar un nuevo modelo y proporcionar la “ayuda” con recursos financieros para ello. Sin embargo, los millones de dólares entregados anualmente para ello fue recibido por los empresarios, en particular para el impulso de la apertura comercial, pero que no consolidara económicamente al gobierno de José Napoleón Duarte, del PDC, no aceptado por los empresarios ni perdonados por las nacionalizaciones de 1980 empujadas por el gobierno de Carter y contra de la oligarquía salvadoreña, al ser expropiada ésta de 426 haciendas de más de 500 hectáreas, los bancos comerciales y el comercio exterior de café y otros productos tradicionales (algodón y otros). Por estas razones el modelo económico impulsado por el gobierno estadounidense no contó con el apoyo de los empresarios, contrariamente se opusieron al mismo y lo bloquearon.

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