viernes, junio 15, 2007

FMLN critica postura de la SIP y anuncia recurso de amparo ante la CSJ

Leonel Herrera
Redacción Diario Co Latino


El FMLN critica la resolución de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que respalda la decisión del diario La Prensa Gráfica de no publicarle un campo pagado, en el que planteaba un balance crítico sobre el tercer año de gestión del presidente de ARENA y de la República, Elías Antonio Saca.

La respuesta de la SIP es comprensible, pues integra a los grandes empresarios mediáticos del continente, por tanto no puede contradecir los intereses de sus miembros ni rechazar la actuación de uno de sus directivos: Roberto Dutriz, vicepresidente regional y propietario de LPG, afirma Sigfrido Reyes.


El secretario de comunicaciones de Frente considera que la resolución de la SIP confirma que los propietarios de los grandes medios de comunicación “defienden sus intereses en nombre de la libertad de expresión”, menoscabando el derecho de la población a difundir sus ideas sin censura y discriminación alguna.

También sostiene el portavoz del partido de izquierda que la respuesta de la gremial mediática de la región evidencia la inconsistencia de quienes se autoproclaman defensores de la libertad de expresión, pero “se hacen de la vista gorda” cuando se violenta este derecho a ciudadanos que no son propietarios de medios.

La sentencia de la SIP –firmada por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gonzalo Marroquín– alega que LPG, como cualquier otro medio, “tiene derecho a publicar o no publicar de acuerdo con sus obligaciones, supuestas responsabilidades legales ulteriores y sus políticas informativas”.

Agrega la resolución en cuestión que esto “en nada coarta las libertades de prensa y de expresión”. Según la SIP, los medios son responsables de toda la información, publicidad y propaganda que publiquen, por lo que deben seleccionar los contenidos de acuerdo con sus criterios profesionales y periodísticos.

La libertad es del pueblo, no de los dueños de los medios

“La resolución se parece a un reciente editorial de Enrique Altamirano –director de El Diario de Hoy– en el que afirma que la libertad no es de los ciudadanos a difundir lo que desean, sino de los editores a publicar lo que quieren. ¡Qué extraña y aberrante interpretación del derecho a la libre expresión!”, manifiesta Reyes.

El vocero del FMLN indica que la Ley Fundamental de la República no le otorga este derecho “natural” a los dueños de los medios de comunicación, sino que establece para todas las personas la libre difusión del pensamiento y prohibe la censura previa, lo que hizo la LPG con el comunicado del partido de izquierda.

“Es a los ciudadanos a quienes la Constitución y los Tratados Internacionales –Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos– otorgan derechos como el de libre expresión”, argumenta Reyes.

La sentencia de la SIP evade la censura y asegura no tener competencia sobre la política editorial o lineamientos profesionales de sus más de 1,300 periódicos miembros ni de ningún otro medio de comunicación, justificación que el encargado de comunicaciones del Frente declara fuera de lugar.

“Nuestra denuncia no se refiere a la línea editorial ni a la política informativa de La Prensa Gráfica, sino al acto de censura que realizó, porque aceptaron el comunicado pero cuando revisaron su contenido lo rechazaron, violentando el artículo 6 de la Constitución que prohibe la censura previa”, demuestra Reyes.

Para el diputado del partido de izquierda, esto constituye no sólo una violación a la libertad de expresión de los miembros del FMLN, sino también a la libertad de información de los lectores de LPG que no pudieron conocer la postura del principal partido de oposición sobre el tercer año de gestión de Saca.

El legislador del Frente, además, sostiene que el Estado es responsable, por omisión, de esta violación a la libertad de expresión, dado que tiene la responsabilidad de garantizar a la ciudadanía el cumplimiento de todos sus derechos, por lo que también podría ser demandado ante organismos internacionales.

“No vamos a cesar en esta batalla. Ahora preparamos la demanda ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Recurso de Amparo que interpondremos en la Corte Suprema de Justicia por violación a la Constitución. Agotadas las instancias locales, iremos a la CIDH”, advierte Reyes.

El portavoz del FMLN también anuncia que enviará un informe a los relatores especiales sobre libertad de expresión de la OEA y la ONU; y lamenta que no existan las figuras legales apropiadas ni la base legal penal para acudir a la Fiscalía General de la República con una demanda formal.

“Lo planteado en el artículo 6 de la Constitución no está desarrollado en ninguna ley secundaria, ni el Código Penal tipifica una delito relacionado con la violación a la libertad de expresión. Este vacío legal debe superarse porque es lo que fomenta la impunidad de los propietarios de algunos medios”, plantea.

Reyes considera que la coyuntura actual es propicia para discutir y aprobar un marco legal que regule el derecho a la libertad de expresión establecido en la Carta Magna, aunque considera que a falta de una ley secundaria al respecto, son las disposiciones de las Convenciones Internacionales las vigentes.

Algunos medios son instrumentos ideológicos

“La situación actual también es adecuada para hacer un debate serio sobre esta libertad fundamental para la democracia, una discusión sobre la pregonada función social de estos medios, que ahora se han declarado instrumentos ideológicos que pueden excluir a quienes no piensan como sus dueños”, plantea.

Según el comunicador del Frente, el editorial de El Diario de Hoy antes mencionado es una confesión de que algunos medios no defienden el interés común, sino las posturas políticas e intereses económicos de sus propietarios y del grupo de poder al que éstos representan. “Y debemos celebrarles esa franqueza”, declara.

Para Reyes, el reconocimiento de este editorial sobre que el oficialismo tiene sus medios y que la izquierda también tiene los suyos, tira al traste el supuesto de que los medios tienen una función de servicio público. “Discutamos en serio sobre esto, todos: gobierno, dueños de medios, periodistas y sociedad civil ”, propone.

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