Editorial Sin Censura de Mauricio Funes del 19 de junio de 2007
Radio Cadena Mi Gente (700 AM)
El tribunal supremo electoral decidió la semana anterior separar las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República de las Elecciones Legislativas y Municipales del 2009.
Según el acuerdo tomado, las de diputados y concejos municipales se realizarán en enero de ese año y las de presidente el 15 de marzo del 2009. La verdad que no todos en el tribunal electoral tomaron semejante acuerdo. Tres de los magistrados: el de ARENA, el del PCN y uno de los dos representantes de la Corte Suprema de Justicia, votaron por la separación de las elecciones.
Los magistrados del FMLN, en cambio, y el otro de la Corte se opusieron al desaguisado. Los que votaron por la separación de las elecciones argumentan que de esa forma se evitará la confusión del electorado y se garantizará una mejor elección. Según éstos, la separación de los comicios permitirá además que los partidos pequeños tengan mayores oportunidades de dar a conocer su oferta electoral y evitar “perderse” en la vorágine propagandística que seguramente desatarán los dos partidos mayoritarios.
Los que votaron en contra de esa decisión consideran que la separación de las elecciones le costará al país cerca de 4 millones de dólares adicionales. Sin incluir en este cálculo, por supuesto, lo que el país perderá por la dispersión de la actividad productiva que genera todo evento electoral.
Yo no estoy seguro si el Gobierno se puede dar el lujo de gastar 4 millones de dólares adicionales a lo que ya había presupuestado para los comicios del 2009. Lo que sí sé es que como dice el refrán popular: “la novia no está para tafetanes” El Magistrado Presidente, y los que le acompañaron en la votación, decidieron disponer del dinero ajeno como si se tratara del propio. Acuerdan la separación sin estar seguros que hacienda contará en el 2009 con los recursos necesarios para financiarla.
Año con año, decenas de miles de jubilados que viven con una pensión mensual por debajo del salario mínimo reclaman del gobierno un aumento que les permita vivir en forma menos indigna. Y sin embargo, la respuesta que suelen enfrentar es que el estado no cuenta con los recursos suficientes para aprobar este incremento.
Seguramente se necesitarían más de 4 millones de dólares para satisfacer esta demanda, pero no cabe duda que con la suma adicional que gastará el tribunal para organizar y montar los dos evento electorales, los pensionados podrían tener algún alivio a su precaria situación.
El Magistrado Presidente, quién también es el Representante de ARENA, junto al del PCN y el de la Corte Suprema de Justicia que ha votado con ellos, pasa por alto esta necesidad y decide realizar las elecciones en fechas diferentes, poniendo una presión adicional al fisco.
En su condición de Magistrado Presidente no es de esperar que sea sensible a los problemas que más aquejan a la población. Probablemente su condición de Magistrado tampoco le obliga a estar enterado de esta situación. Para ser Magistrado del Tribunal Supremo Electoral no se requiere más condición que ser una persona de confianza del partido que lo propone.
No hay que ser abogado de la República, conocedor de la Legislación Electoral y menos una persona con vocación de servicio público, sensible a las necesidades de la población, para ocupar tan distinguido cargo. No es de extrañar, entonces, que al momento de evaluar la conveniencia de separar las elecciones generales del 2009, el impacto fiscal que tal decisión supone no figure entre las prioridades que han sido consideradas. Pero más allá de la presión que se pondrá al gasto público, los Magistrados que dieron su voto por la separación de las elecciones argumentan que lo hicieron porque de esa forma la democracia en el país se fortalece.
¿Y qué tiene que ver la fortaleza del proceso democrático con la conveniencia que para algunos partidos políticos representa la realización de eventos separados?. En una economía de mercado como la nuestra, las posibilidades de un partido para hacer del conocimiento público su oferta electoral dependen más de la cantidad de dinero que esté en posibilidad de invertir que de la realización de las elecciones en momentos diferentes.
La danza de millones que caracteriza a toda elección, por muy local que ésta sea, es una muestra que a la hora de las decisiones lo que cuenta es la presencia mediática del candidato más que la sensatez de su oferta o la racionalidad de su planteamiento. De hecho en las últimas elecciones los salvadoreños hemos asistido a las urnas sin haber debatido suficientemente los programas de gobierno que cada fuerza política exhibe durante las campañas. Estos mismos programas son empaquetados y vendidos como mercancías ante la audiencia de los medios de comunicación, no habiendo diferencia entre la promoción de un candidato y sus ideas y la difusión de un producto o un servicio en particular. En esta guerra de marcas y etiquetas, cuenta más la apelación a los sentimiento de los votantes que a la racionalidad. Y como dice el refrán popular: quién tiene la cuchara más grande traga más pinol...
Es decir, quién invierte más recursos económicos en la promoción de candidatos y programas tiene más posibilidades de atraer la atención y el interés de los electores, ya sea que los comicios se realicen en forma simultánea o separados. Nada o muy poco tiene que ver la separación de las elecciones con las oportunidades que se abren a los partidos minoritarios o a la supuesta confusión que generaría en el votante que en el mismo día se elijan aspirantes a la presidencia, vicepresidencia, diputados y alcaldes.
ARENA está preocupada por la alternancia en el poder y las posibilidades que estas elecciones, después de 18 años en el control del ejecutivo, abren a la oposición para que dispute este control. Tampoco está dispuesta a perder el control de las decisiones en la Asamblea Legislativa, donde la permanencia de partidos leales como el PCN o el PDC podrían ver amenazada su existencia si los comicios presidenciales se realizan primero o en forma simultánea a los Legislativos y Municipales. Ya ocurrió en el 2004 cuando el electorado no favoreció a estas dos fuerzas políticas con los votos necesarios para que siguieran existiendo como partidos legalmente inscritos.
Lo relevante es que existen antecedentes de elecciones generales donde en ningún momento se llegó a plantear la necesidad de separar los comicios como medida para fortalecer la democracia en el país. ARENA segura del triunfo en las elecciones presidenciales de 1994, ya que tanto las encuestas como las opiniones personales de analistas permitían prever que este partido obtendría la mayor cantidad de votos, no colocó como tema de discusión la posibilidad de esta separación.
Aunque resultaba difícil anticipar que repetiría el triunfo obtenido en las elecciones de 1989, nada en el ambiente hacía pensar que la coalición de fuerzas de izquierda alcanzaría una votación superior al partido de Gobierno poniendo en riesgo el control del Ejecutivo, así como la mayoría legislativa del bloque de derecha. No existiendo tal riesgo, la posibilidad de esta separación no figuró en los planes de los estrategas de ARENA.
Ahora, quince años después las cosas se pintan diferentes. El presidencialismo de la estructura administrativa del estado que la misma ARENA ha contribuido a fortalecer condiciona las votaciones para alcaldes y diputados, influyendo en la correlación de fuerzas que pudiera generarse a partir de la votación presidencial. En esta decisión, entonces, no hay más que un cálculo político del desempeño probable de la derecha si las elecciones se llevan a cabo en forma simultánea como lo establece el calendario electoral.
El temor a perder el control del Ejecutivo y una correlación favorable en la Asamblea es lo que lleva a la aprobación de la separación de los comicios por más ropaje democrático con el que se quiera vestir el acuerdo tomado. Y en ese esfuerzo poco importa si el Estado cuenta o no con los recursos económicos para ello o si debe sacrificar de nuevo las partidas sociales para satisfacer intereses mezquinos. Queda claro que al Presidente Saca y a su partido no le preocupan las próximas generaciones sino las próximas elecciones.
Radio Cadena Mi Gente (700 AM)
El tribunal supremo electoral decidió la semana anterior separar las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República de las Elecciones Legislativas y Municipales del 2009.
Según el acuerdo tomado, las de diputados y concejos municipales se realizarán en enero de ese año y las de presidente el 15 de marzo del 2009. La verdad que no todos en el tribunal electoral tomaron semejante acuerdo. Tres de los magistrados: el de ARENA, el del PCN y uno de los dos representantes de la Corte Suprema de Justicia, votaron por la separación de las elecciones.
Los magistrados del FMLN, en cambio, y el otro de la Corte se opusieron al desaguisado. Los que votaron por la separación de las elecciones argumentan que de esa forma se evitará la confusión del electorado y se garantizará una mejor elección. Según éstos, la separación de los comicios permitirá además que los partidos pequeños tengan mayores oportunidades de dar a conocer su oferta electoral y evitar “perderse” en la vorágine propagandística que seguramente desatarán los dos partidos mayoritarios.
Los que votaron en contra de esa decisión consideran que la separación de las elecciones le costará al país cerca de 4 millones de dólares adicionales. Sin incluir en este cálculo, por supuesto, lo que el país perderá por la dispersión de la actividad productiva que genera todo evento electoral.
Yo no estoy seguro si el Gobierno se puede dar el lujo de gastar 4 millones de dólares adicionales a lo que ya había presupuestado para los comicios del 2009. Lo que sí sé es que como dice el refrán popular: “la novia no está para tafetanes” El Magistrado Presidente, y los que le acompañaron en la votación, decidieron disponer del dinero ajeno como si se tratara del propio. Acuerdan la separación sin estar seguros que hacienda contará en el 2009 con los recursos necesarios para financiarla.
Año con año, decenas de miles de jubilados que viven con una pensión mensual por debajo del salario mínimo reclaman del gobierno un aumento que les permita vivir en forma menos indigna. Y sin embargo, la respuesta que suelen enfrentar es que el estado no cuenta con los recursos suficientes para aprobar este incremento.
Seguramente se necesitarían más de 4 millones de dólares para satisfacer esta demanda, pero no cabe duda que con la suma adicional que gastará el tribunal para organizar y montar los dos evento electorales, los pensionados podrían tener algún alivio a su precaria situación.
El Magistrado Presidente, quién también es el Representante de ARENA, junto al del PCN y el de la Corte Suprema de Justicia que ha votado con ellos, pasa por alto esta necesidad y decide realizar las elecciones en fechas diferentes, poniendo una presión adicional al fisco.
En su condición de Magistrado Presidente no es de esperar que sea sensible a los problemas que más aquejan a la población. Probablemente su condición de Magistrado tampoco le obliga a estar enterado de esta situación. Para ser Magistrado del Tribunal Supremo Electoral no se requiere más condición que ser una persona de confianza del partido que lo propone.
No hay que ser abogado de la República, conocedor de la Legislación Electoral y menos una persona con vocación de servicio público, sensible a las necesidades de la población, para ocupar tan distinguido cargo. No es de extrañar, entonces, que al momento de evaluar la conveniencia de separar las elecciones generales del 2009, el impacto fiscal que tal decisión supone no figure entre las prioridades que han sido consideradas. Pero más allá de la presión que se pondrá al gasto público, los Magistrados que dieron su voto por la separación de las elecciones argumentan que lo hicieron porque de esa forma la democracia en el país se fortalece.
¿Y qué tiene que ver la fortaleza del proceso democrático con la conveniencia que para algunos partidos políticos representa la realización de eventos separados?. En una economía de mercado como la nuestra, las posibilidades de un partido para hacer del conocimiento público su oferta electoral dependen más de la cantidad de dinero que esté en posibilidad de invertir que de la realización de las elecciones en momentos diferentes.
La danza de millones que caracteriza a toda elección, por muy local que ésta sea, es una muestra que a la hora de las decisiones lo que cuenta es la presencia mediática del candidato más que la sensatez de su oferta o la racionalidad de su planteamiento. De hecho en las últimas elecciones los salvadoreños hemos asistido a las urnas sin haber debatido suficientemente los programas de gobierno que cada fuerza política exhibe durante las campañas. Estos mismos programas son empaquetados y vendidos como mercancías ante la audiencia de los medios de comunicación, no habiendo diferencia entre la promoción de un candidato y sus ideas y la difusión de un producto o un servicio en particular. En esta guerra de marcas y etiquetas, cuenta más la apelación a los sentimiento de los votantes que a la racionalidad. Y como dice el refrán popular: quién tiene la cuchara más grande traga más pinol...
Es decir, quién invierte más recursos económicos en la promoción de candidatos y programas tiene más posibilidades de atraer la atención y el interés de los electores, ya sea que los comicios se realicen en forma simultánea o separados. Nada o muy poco tiene que ver la separación de las elecciones con las oportunidades que se abren a los partidos minoritarios o a la supuesta confusión que generaría en el votante que en el mismo día se elijan aspirantes a la presidencia, vicepresidencia, diputados y alcaldes.
ARENA está preocupada por la alternancia en el poder y las posibilidades que estas elecciones, después de 18 años en el control del ejecutivo, abren a la oposición para que dispute este control. Tampoco está dispuesta a perder el control de las decisiones en la Asamblea Legislativa, donde la permanencia de partidos leales como el PCN o el PDC podrían ver amenazada su existencia si los comicios presidenciales se realizan primero o en forma simultánea a los Legislativos y Municipales. Ya ocurrió en el 2004 cuando el electorado no favoreció a estas dos fuerzas políticas con los votos necesarios para que siguieran existiendo como partidos legalmente inscritos.
Lo relevante es que existen antecedentes de elecciones generales donde en ningún momento se llegó a plantear la necesidad de separar los comicios como medida para fortalecer la democracia en el país. ARENA segura del triunfo en las elecciones presidenciales de 1994, ya que tanto las encuestas como las opiniones personales de analistas permitían prever que este partido obtendría la mayor cantidad de votos, no colocó como tema de discusión la posibilidad de esta separación.
Aunque resultaba difícil anticipar que repetiría el triunfo obtenido en las elecciones de 1989, nada en el ambiente hacía pensar que la coalición de fuerzas de izquierda alcanzaría una votación superior al partido de Gobierno poniendo en riesgo el control del Ejecutivo, así como la mayoría legislativa del bloque de derecha. No existiendo tal riesgo, la posibilidad de esta separación no figuró en los planes de los estrategas de ARENA.
Ahora, quince años después las cosas se pintan diferentes. El presidencialismo de la estructura administrativa del estado que la misma ARENA ha contribuido a fortalecer condiciona las votaciones para alcaldes y diputados, influyendo en la correlación de fuerzas que pudiera generarse a partir de la votación presidencial. En esta decisión, entonces, no hay más que un cálculo político del desempeño probable de la derecha si las elecciones se llevan a cabo en forma simultánea como lo establece el calendario electoral.
El temor a perder el control del Ejecutivo y una correlación favorable en la Asamblea es lo que lleva a la aprobación de la separación de los comicios por más ropaje democrático con el que se quiera vestir el acuerdo tomado. Y en ese esfuerzo poco importa si el Estado cuenta o no con los recursos económicos para ello o si debe sacrificar de nuevo las partidas sociales para satisfacer intereses mezquinos. Queda claro que al Presidente Saca y a su partido no le preocupan las próximas generaciones sino las próximas elecciones.
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