Co-Latino. El FMLN acusó ayer a la cúpula de la “gran empresa privada” de impedir la ratificación de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionados con la libre sindicalización y la negociación de contratos de trabajo colectivos.
“Sabemos que, a pesar de la petición de varias pequeñas y medianas empresas de ratificar los convenios de la OIT, la cúpula de la gran empresa privada le pidió al Ejecutivo que no enviara la propuesta de reforma constitucional para ratificarlos”, expresó Calixto Mejía, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Parlamento.
Según este legislador, la dirigencia empresarial presionó primero, a la Comisión Nacional de Modernización Laboral (CONAMOL), para que determinara la necesidad de las reformas constitucionales, a pesar del consenso de que éstas no eran necesarias y, después, al Ejecutivo para que no enviara la propuesta de reforma constitucional al Congreso.
Por eso, aseguró Mejía, la negativa de ARENA y los demás partidos de derecha de no respaldar la propuesta que el FMLN presentó ante la ausencia de la propuesta del Ejecutivo, que debió hacerla llegar la comisionada presidencial para la gobernabilidad y coordinadora de la CONAMOL, Gloria Salguero Gross.
Insisten en ratificarlos sin reforma constitucional
Ante las consecuencias negativas de la no ratificación de los referidos convenios, el Frente insistió en la posibilidad de hacerlo sin reforma constitucional, propuesta que también ha sido presentada por Cambio Democrático.
“La empresa atunera Calvo se está retirando, lo cual ya causó el despido de 600 trabajadores; y tenemos información de que hay otras empresas que harán lo mismo, si no se ratifican los convenios y no logran mantener los beneficios arancelarios otorgados por la Unión Europea”, sostuvo Calixto Mejía.
Mejía recuerda que existen varios tratados internacionales ratificados por el gobierno salvadoreño que contemplan en derecho a la libre sindicalización. “No vemos inconveniencias para que el Ejecutivo acepte la ratificación de los convenios de la OIT, si la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos legales internacionales ya establecen el derecho a la sindicalización”, argumentó.
“Sabemos que, a pesar de la petición de varias pequeñas y medianas empresas de ratificar los convenios de la OIT, la cúpula de la gran empresa privada le pidió al Ejecutivo que no enviara la propuesta de reforma constitucional para ratificarlos”, expresó Calixto Mejía, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Parlamento.
Según este legislador, la dirigencia empresarial presionó primero, a la Comisión Nacional de Modernización Laboral (CONAMOL), para que determinara la necesidad de las reformas constitucionales, a pesar del consenso de que éstas no eran necesarias y, después, al Ejecutivo para que no enviara la propuesta de reforma constitucional al Congreso.
Por eso, aseguró Mejía, la negativa de ARENA y los demás partidos de derecha de no respaldar la propuesta que el FMLN presentó ante la ausencia de la propuesta del Ejecutivo, que debió hacerla llegar la comisionada presidencial para la gobernabilidad y coordinadora de la CONAMOL, Gloria Salguero Gross.
Insisten en ratificarlos sin reforma constitucional
Ante las consecuencias negativas de la no ratificación de los referidos convenios, el Frente insistió en la posibilidad de hacerlo sin reforma constitucional, propuesta que también ha sido presentada por Cambio Democrático.
“La empresa atunera Calvo se está retirando, lo cual ya causó el despido de 600 trabajadores; y tenemos información de que hay otras empresas que harán lo mismo, si no se ratifican los convenios y no logran mantener los beneficios arancelarios otorgados por la Unión Europea”, sostuvo Calixto Mejía.
Mejía recuerda que existen varios tratados internacionales ratificados por el gobierno salvadoreño que contemplan en derecho a la libre sindicalización. “No vemos inconveniencias para que el Ejecutivo acepte la ratificación de los convenios de la OIT, si la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos legales internacionales ya establecen el derecho a la sindicalización”, argumentó.
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