Co-Latino. Dignidad, ética y vergüenza, es lo que les falta a los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que presentaron una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa para que se les indemnice por los 9 años de labor, por un monto de 25 mil dólares, considera la procuradora para la defensa de los Derechos Humanos Beatrice de Carrillo.
“No creo que una persona que ha podido ahorrar todo con los beneficios exorbitantes, pueda hacer esa petición. Me parece ofensivo para el país”, precisó la procuradora.
La solicitud, encabezada por el magistrado Miguel Ángel Cardoza, no tuvo eco en la Asamblea legislativa, pero los solicitantes terminan su periodo a finales de julio, por lo que el tema puede ir nuevamente discusión.
La procuradora, dejó entrever, que no existe una incapacidad física de estos profesionales, para andar mendigando una indemnización, son profesionales, que tienen un salario arriba que el presidente de la república Elías Antonio Saca y que tienen sus bufetes.
El hecho de trabajar en la CSJ, incluso les da más fama y no son unos pobres que no tienen de qué vivir, tampoco ancianos que tienen que vivir de los beneficios del Estado. “Entonces, un jovencito que acaba de salir y no tiene trabajo también podría pedir este beneficio”, objetó la procuradora. “Cuando yo me gano una poquedad que nunca he sido más pobre en vida y termine mi periodo veré lo que hago, no andaré mendigando una pensión”, afirmó. Alguien con beneficios de franquicias, motoristas, viajes, sueldos altísimos, pueden haber ahorrado. En todo caso, de no ser así, simplemente que trabaje como lo hacen todos con su carrera, como cualquier otro salvadoreño, sugirió.
Voraz indemnización dejaría un mal precedente
La indemnización por 25 mil dólares, para los magistrados, sentaría un mal precedente, porque estaría dando pie a que otros funcionarios como diputados, alcaldes y otros cargos, soliciten también esta prestación, es la postura de Nelson Flores, Director de Estudios de Centro Penales, de la Fundación para el Estudio de la Aplicación del Derecho (FESPAD) “Después vendrían los diputados, los concejales los alcaldes…”, dijo el abogado, quien advierte, que en cualquier momento los diputados pueden dar sus votos, porque esto sentaría precedente para ellos, también hacer en el futuro un reclamo de esta naturaleza. “Los diputados podrían estar actuando, por intereses propios, porque también podrían tener en mente, demandar este tipo de prestaciones terminando su periodo”, señaló.
Comparó que es inaudito, que los magistrados estén solicitando este tipo de apoyo económico, cuando decenas de jueces de paz no tienen las condiciones necesarias, para ejercer su trabajo dentro del órgano judicial y tienen sueldos modestos. “Sabemos que hay un descuido total de muchos jueces al interior del país, que no tienen las condiciones necesarias para realizar su trabajo.
Ellos trabajan los 365 días, no tienen vacación, están en instalaciones inadecuadas, con máquinas obsoleta”, cuestionó Flores. Deberían de buscarse la horizontalidad. “Entre un juez de paz, con un magistrado de la corte suprema de justicia”, indicó.
Mientras se dice que hay una política de austeridad, y que el país no tiene dinero para proyectos sociales, hasta el mismo Presidente de la CSJ, justifica la acción tomada por los magistrados.
Según Calderón, esta sería una extensión y una equidad de la Ley de la Carrera Judicial, mientras Flores asegura que si hubiera equidad los jueces de paz, deberían también tener un sueldo, como ellos. “Desde ese punto de vista me parece una acción improcedente, tomando en cuenta la miseria en que encuentra el país, y que existe una política de austeridad”, señaló.
“No creo que una persona que ha podido ahorrar todo con los beneficios exorbitantes, pueda hacer esa petición. Me parece ofensivo para el país”, precisó la procuradora.
La solicitud, encabezada por el magistrado Miguel Ángel Cardoza, no tuvo eco en la Asamblea legislativa, pero los solicitantes terminan su periodo a finales de julio, por lo que el tema puede ir nuevamente discusión.
La procuradora, dejó entrever, que no existe una incapacidad física de estos profesionales, para andar mendigando una indemnización, son profesionales, que tienen un salario arriba que el presidente de la república Elías Antonio Saca y que tienen sus bufetes.
El hecho de trabajar en la CSJ, incluso les da más fama y no son unos pobres que no tienen de qué vivir, tampoco ancianos que tienen que vivir de los beneficios del Estado. “Entonces, un jovencito que acaba de salir y no tiene trabajo también podría pedir este beneficio”, objetó la procuradora. “Cuando yo me gano una poquedad que nunca he sido más pobre en vida y termine mi periodo veré lo que hago, no andaré mendigando una pensión”, afirmó. Alguien con beneficios de franquicias, motoristas, viajes, sueldos altísimos, pueden haber ahorrado. En todo caso, de no ser así, simplemente que trabaje como lo hacen todos con su carrera, como cualquier otro salvadoreño, sugirió.
Voraz indemnización dejaría un mal precedente
La indemnización por 25 mil dólares, para los magistrados, sentaría un mal precedente, porque estaría dando pie a que otros funcionarios como diputados, alcaldes y otros cargos, soliciten también esta prestación, es la postura de Nelson Flores, Director de Estudios de Centro Penales, de la Fundación para el Estudio de la Aplicación del Derecho (FESPAD) “Después vendrían los diputados, los concejales los alcaldes…”, dijo el abogado, quien advierte, que en cualquier momento los diputados pueden dar sus votos, porque esto sentaría precedente para ellos, también hacer en el futuro un reclamo de esta naturaleza. “Los diputados podrían estar actuando, por intereses propios, porque también podrían tener en mente, demandar este tipo de prestaciones terminando su periodo”, señaló.
Comparó que es inaudito, que los magistrados estén solicitando este tipo de apoyo económico, cuando decenas de jueces de paz no tienen las condiciones necesarias, para ejercer su trabajo dentro del órgano judicial y tienen sueldos modestos. “Sabemos que hay un descuido total de muchos jueces al interior del país, que no tienen las condiciones necesarias para realizar su trabajo.
Ellos trabajan los 365 días, no tienen vacación, están en instalaciones inadecuadas, con máquinas obsoleta”, cuestionó Flores. Deberían de buscarse la horizontalidad. “Entre un juez de paz, con un magistrado de la corte suprema de justicia”, indicó.
Mientras se dice que hay una política de austeridad, y que el país no tiene dinero para proyectos sociales, hasta el mismo Presidente de la CSJ, justifica la acción tomada por los magistrados.
Según Calderón, esta sería una extensión y una equidad de la Ley de la Carrera Judicial, mientras Flores asegura que si hubiera equidad los jueces de paz, deberían también tener un sueldo, como ellos. “Desde ese punto de vista me parece una acción improcedente, tomando en cuenta la miseria en que encuentra el país, y que existe una política de austeridad”, señaló.
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