Co-Latino. Los proyectos mineros, en cuanto degradan el medio ambiente, atentan contra derechos humanos elementales, especialmente contra los relacionados con el derecho a un medioambiente sano.
Este es el argumento central de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para sumarse a la resistencia a los proyectos de explotación minera, que las empresas canadienses Pacific Rim y Martineque Minerals pretenden ejecutar en la zona norte del país.
“La explotación minera violenta el derecho a un medioambiente sano y, por tanto, atenta contra la integridad de las presentes y futuras generaciones”, sostiene Yanira Cortez, Procuradora Adjunta para la Protección del Medioambiente de la PDDH.
Cortez señala que en todos los casos, las obras de extracción minera violentan el derecho a la salud de los pobladores; pero en los peores casos, atenta contra el derecho a la vida no sólo de las comunidades cercanas a los sitios de explotación, sino de toda la población que utiliza el agua contaminada con cianuro, arsénico y otros materiales tóxicos. Ante esto, la funcionaria recuerda que el Estado debe actuar para garantizar la vida y el medioambiente sano a toda la población y, en este sentido, debe impedir la realización de cualquier proyecto que atente contra tales propósitos.
La representante de la PDDH considera que las medidas de mitigación establecidas en la normativa medioambiental para disminuir los daños causados por estos proyectos, no son suficientes, porque las condiciones existentes antes de su realización no es posible recuperarlas.
Cortez demanda del Estado un actitud preventiva frente a las obras de extracción minera. “El gobierno salvadoreño ha suscrito varios convenios internacionales que plantean la prevención en la protección del medioambiente, por tanto, el aparato estatal debe trabajar en su cumplimiento”, plantea.
La PDDH comparte la preocupación de varias ONG´s, de las comunidades que serían afectadas y de Oxfam América, que ha llamado al Gobierno y a la empresa privada a abordar sin sesgos ni prejuicios los eventuales peligros que se corren al permitir la realización de estas obras, sobre todo en lo referente a la inevitable contaminación de los recursos hídricos.
Oxfam América argumenta que no existe un sólo caso en el que los proyectos mineros hayan llevado desarrollo a las comunidades, sino que más bien existe una relación entre pobreza y explotación minera, porque las empresas mineras al retirarse dejan contaminado el medioambiente, lo cual es propicio para la profundización de la pobreza en la medida en que la población no puede dedicarse más a la agricultura, la pesca y otras actividades económicas, y sufre daños irreparables en su salud.
Este es el argumento central de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para sumarse a la resistencia a los proyectos de explotación minera, que las empresas canadienses Pacific Rim y Martineque Minerals pretenden ejecutar en la zona norte del país.
“La explotación minera violenta el derecho a un medioambiente sano y, por tanto, atenta contra la integridad de las presentes y futuras generaciones”, sostiene Yanira Cortez, Procuradora Adjunta para la Protección del Medioambiente de la PDDH.
Cortez señala que en todos los casos, las obras de extracción minera violentan el derecho a la salud de los pobladores; pero en los peores casos, atenta contra el derecho a la vida no sólo de las comunidades cercanas a los sitios de explotación, sino de toda la población que utiliza el agua contaminada con cianuro, arsénico y otros materiales tóxicos. Ante esto, la funcionaria recuerda que el Estado debe actuar para garantizar la vida y el medioambiente sano a toda la población y, en este sentido, debe impedir la realización de cualquier proyecto que atente contra tales propósitos.
La representante de la PDDH considera que las medidas de mitigación establecidas en la normativa medioambiental para disminuir los daños causados por estos proyectos, no son suficientes, porque las condiciones existentes antes de su realización no es posible recuperarlas.
Cortez demanda del Estado un actitud preventiva frente a las obras de extracción minera. “El gobierno salvadoreño ha suscrito varios convenios internacionales que plantean la prevención en la protección del medioambiente, por tanto, el aparato estatal debe trabajar en su cumplimiento”, plantea.
La PDDH comparte la preocupación de varias ONG´s, de las comunidades que serían afectadas y de Oxfam América, que ha llamado al Gobierno y a la empresa privada a abordar sin sesgos ni prejuicios los eventuales peligros que se corren al permitir la realización de estas obras, sobre todo en lo referente a la inevitable contaminación de los recursos hídricos.
Oxfam América argumenta que no existe un sólo caso en el que los proyectos mineros hayan llevado desarrollo a las comunidades, sino que más bien existe una relación entre pobreza y explotación minera, porque las empresas mineras al retirarse dejan contaminado el medioambiente, lo cual es propicio para la profundización de la pobreza en la medida en que la población no puede dedicarse más a la agricultura, la pesca y otras actividades económicas, y sufre daños irreparables en su salud.
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