lunes, junio 12, 2006

EL SALVADOR: LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS HACIA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

José Luis Melara

Cuando el gobierno de la república propuso en días recientes la descentralización de algunos servicios públicos como el agua potable, la salud y la educación puso a una considerable parte la sociedad a buscar la trampa y el chanchullo de lo que estaba proponiendo, los ejemplos de esas trampas y chanchullos sobran: el robo del patrimonio social cuando se hizo la ley de privatización de los bienes del Estado, la ley bi monetarista que contenía la violación explícita de su contenido para ser convertida en una vulgar dolarización, la leyes de creación de las superintendencias para vigilar la transparencia del funcionamiento de determinadas instituciones es ahora la columna vertebral de un bien orquestado sistema utilizado para esquilmar a los usuarios de diferentes servicios como la telefonía, la electricidad, el consumo de cualquier mercancía.

¿La descentralización de esos servicios públicos hacia los municipios, ONG,s, organizaciones comunales y otros agentes privados, es una nueva trampa para privatizar esos recursos sociales?


El agua potable, por ejemplo, es un bien de la humanidad y el acceso a ella es un derecho históricamente adquirido por los pueblos de la tierra y en El Salvador no es una excepción, los otros servicios públicos que se pretenden descentralizar están consignados en la Constitución de la República como servicios que el Estado deberá proporcionar de forma gratuita a todos los salvadoreños, cuya gratuidad tiene a la base el espíritu de mantener una sociedad sana y educada en función del crecimiento y el desarrollo del sistema.

En la medida que ha transcurrido el tiempo desde el inicio de los gobiernos de ARENA los servicios públicos se han deteriorado, otros han sido privatizados o sus recursos son saqueados por una corrupción sistemáticamente institucionalizada en las diferentes esferas gubernamentales.

Pero las privatizaciones realizadas a la fecha han tenido la característica de ser nichos económicos en los que participan masivas cantidades de personas como usuarios que garantizan la acumulación de capital a los nuevos propietarios, que a la vez les facilita el pago del capital fijo adquirido por la “nueva empresa”, tales como sería la infraestructura bancaria que le dan soporte técnico y administrativo a sus operaciones.

Hoy sin embargo, trasciende con mucha facilidad al conocimiento de la gente la situación en la cual se encuentran los servicios del agua potable, con una infraestructura obsoleta como son los sistemas de bombeo, subestaciones eléctricas y acueductos que adolecen de pérdidas de caudal y presión, sin que se sepa a ciencia cierta el volumen y carácter de las mismas.

La escasez real o artificial del agua, la existencia de las viejas redes de distribución de agua potable que han sido estiradas como cordones de hule en la medida que crecen desordenadamente los desarrollos de centros urbanos, la ineficiente administración del mantenimiento de esa infraestructura, así como la creciente corrupción institucional, han dado como resultado una caótica distribución del servicio del agua y las protestas de la población cada vez más recurrentes y agresivas.

A pesar de que los usuarios del agua que distribuye ANDA forman un nicho económico de gran envergadura, el agua, es ahora, quizás, uno de los elementos de mayor confrontación social en el país, la recuperación de la infraestructura de producción y distribución del agua potable a nivel nacional no solamente es muy compleja sino que representa una inversión millonaria muy grande que la vuelve poco atractiva a los ojos de la gran empresa privada nacional y extranjera ya que éstas prefiere las privatizaciones fáciles, alejadas de la problemática social y garantizadas por el Estado para la reproducción de sus capitales.

Por otra parte, las políticas estatales de crecimiento y desarrollo en el agro, que se generaron desde la colonia y se institucionalizaron durante siglos han tenido como consecuencia la desaparición paulatina de los recursos hídricos y la desertificación de gran parte del territorio nacional, creando grandes zonas en las cuales prácticamente es imposible “producir agua”, actualmente los bosques en El Salvador comprenden menos del 5.00 %, del territorio nacional y las precipitaciones que tienen lugar en la época lluviosa que caen en cantidades mayores que la media anual en todo el mundo, se han convertido cada vez más en escorrentía limitando la infiltración del agua en detrimento de los acuíferos, dando lugar a la desaparición de ríos y fuentes artesianas de agua; que de seguir esa tendencia “desaparecerá” en pocos años de otros territorios dando lugar a una crisis de escasez de mayores proporciones.

Es posible que para entonces se piense en proyectos que represen el agua de escorrentía en la época lluviosa, con el objetivo primordial de sustituir la producción del agua a partir de fuentes subterráneas.

Otra alternativa sin embargo sería la de recuperar la cuenca hidrográfica del río Lempa que cubre 10,000.00 Km.², la mitad del territorio nacional, que sería un proyecto de enorme envergadura, de una inversión multimillonaria y de muchos años de trabajo, en la que necesariamente deberá involucrarse una enorme parte de la sociedad, particularmente la que vive en el campo; sin embargo, al parecer, el Estado no tiene interés en esos proyectos.

Hoy por hoy el déficit del servicio del agua en las ciudades es según el decir del presidente de ANDA de un 5.00% y en el campo de un 55.00 %. ANDA, para el caso se ha convertido en una especie de monumento a la incapacidad, a la corrupción y con pocas perspectivas de ser recuperada por el gobierno central dada la situación de pobreza que adolecen las arcas del Estado.

Por otra parte los servicios de salud operan con grandes deficiencias, por la falta de médicos y medicinas en los centros hospitalarios, servicios que además no son gratuitos para nadie y las personas que no tienen como pagarlos simplemente no los reciben; algo similar sucede en los centros escolares, siempre anualmente de alguna forma, se obliga a los padres de familia a pagar ciertas cuotas que se dice serán utilizadas para diferentes menesteres y que de no pagarse son el motivo para no permitir el ingreso de sus hijos a las aulas escolares.

De todo lo anterior surgen preguntas obligadas: ¿la descentralizar los servicios mencionados, también implica la descentralizarán los recursos necesarios para que estos sean establecidos y operen adecuadamente a lo largo y ancho de todo el país?, ¿está el GOES en capacidad de hacer la inversiones necesarias para realizar la descentralización de los servicios públicos?, ¿o se pretende que sean las municipalidades, las ONG,s y las nuevas empresas locales las que resuelvan la problemática que necesariamente generarán los servicios descentralizados, buscando recursos financieros en el exterior?, ¿la pensada del gobierno tiene como objetivo crearse una imagen de modernidad con el afán de que sean financiados por solidaridad internacional o las remesas familiares?, ¿o es simplemente que el gobierno de la república intentará deshacerse de una problemática que poco a poco se ha convirtiendo en una difícil y compleja situación política, atomizándolos para descentralizar también su problemática “ayudando a los municipios de su interés” para desprestigiar a los de la oposición?, ¿tiene la descentralización como objetivo final la privatización de los servicios mencionados?

La descentralización de los servicios que hacen los gobiernos centrales hacia las localidades en cualquiera de los continentes se considera como un pilar fundamental de la modernización del Estado y de su democratización, pero además implica darle empoderamiento y control de recursos a la sociedad.

Las pobrezas y las miserias en la cual conviven los habitantes de una considerable cantidad de municipios en el interior del país, no les permiten obtener recursos del cobro de impuestos y tasas, más bien, estos están a la espera de la asistencia del Estado y en el mejor de los casos dependen de las inversiones de las remesas familiares que llegan desde el exterior.

Las remesas familiares y otras ayudas que realizan los emigrantes salvadoreños en alguna medida han contribuido a mejorar la infraestructura vial, los drenajes y la distribución del agua potable en muchos municipios del país, de igual manera con ellas se han erigido nuevas edificaciones públicas y privadas, o se repara las existentes que según los medios de prensa han “modernizado” el entorno de esas localidades. Al respecto del uso de estas, no han faltado las declaraciones de funcionarios públicos y también privados en el sentido de canalizar las remesas familiares con el objetivo de utilizarlas para “realizar un financiamiento más ordenado” en diversas inversiones.

Es importante, aún cuando no se conoce cuales son las verdaderas intenciones de la propuesta, tomarle la palabra al GOES en la cuestión de la descentralización de los servicios públicos, pero tomando en cuenta que cada municipio del país tiene sus propias características socio económicas, para poder analizar las posibilidades que tiene cada uno de ellos al hacerse cargo de los servicios.

Aceptar la descentralización de los servicios propuestos pasa por hacer un estudio de factibilidad económica (rentabilidad) y un adecuado estudio de las posibilidades administrativas que tienen cada uno de los municipios y/o las comunidades o agrupaciones de los mismos.

Para el caso del agua, en el territorio nacional existen zonas en las cuales resultará prácticamente imposible “producirla” y se tendrá que recurrir al suministro a partir de sistemas ya instalados, otras zonas son de “alta productividad” pero a ellas no tienen acceso los municipios del entorno, el agua producida allí simplemente se conduce hacia los centros urbanos de “mayor importancia”, hacia las zonas industriales o en todo caso a las zonas urbanas de mayores ingresos que son privilegiadas por el servicio actualmente.

De todo esto se colige que el Estado tendrá que hacer inversiones de montos muy considerables para poder descentralizar el agua potable que necesariamente deberá pasar por aprobar la “Ley de Aguas”, por hacer y promulgar una ley de su descentralización que no se convierta en un problema de grandes proporciones para las deprimidas economías de las municipalidades.

Es muy posible y más adelante probable que la propuesta gubernamental por el momento tenga más bien un carácter de propaganda y persiga fines políticos, pero las comunidades pueden fácilmente poner al descubierto esa cuestión exigiendo una descentralización transparente, que mediante la ley comprometan al GOES ha realizar las inversiones de capital inicial necesario, para que los servicios funcione adecuadamente y sea fuente de recursos para las municipalidades y las gentes que las habitan.

La importancia de la propuesta gubernamental consiste en que da una excelente oportunidad política para que ese recurso se administre y distribuya equitativamente desde las comunidades, es una propuesta que puede ser convertida en un símbolo de lucha por la adquisición y el manejo de los servicios públicos.

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