San Salvador, 22 sep (PL) Pese a la oposicin social y de partidos salvadoreños, la Asamblea Legislativa aprobó hoy una ley que impone sanciones de 15 a 86 años de privación de libertad por atentar contra la seguridad nacional.
Segn la normativa, aprobada por 50 de los 84 congresistas, los atentados contra la vida de los presidentes de los tres rganos del Estado serán sancionados con 65 años de cárcel y con penas de 25 a 30 la ocupación armada de edificios públicos, privados o religiosos.
Decenas de miembros de organizaciones sociales permanecieron en los alrededores del Palacio Legislativo a la espera del resultado sobre la normativa, considerada contraria a la vigencia de los derechos humanos.
La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, calificó de innecesaria la determinación porque sus preceptos ya están contemplados en otras leyes vigentes en el pas.
"Es además arbitraria, no define jurdicamente el concepto de acto terrorista y podran darse injusticias en la captura de personas que protesten contra el gobierno", puntualizó.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los socialdemócratas votaron en contra por considerar que es una ley de terrorismo de Estado, dijo el diputado Carlos Castañeda.
Ricardo González, también del FMLN, insistió en que la reglamentación contiene artculos semejantes en sus disposiciones a tratados internacionales, por lo cual la Constitución obliga a una aprobación con mayora calificada de 56 votos.
El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Guillermo Avila, por el contrario, sostuvo la necesidad de implementarla como instrumento judicial moderno de preparación ante posibles atentados terroristas.
Segn la normativa, aprobada por 50 de los 84 congresistas, los atentados contra la vida de los presidentes de los tres rganos del Estado serán sancionados con 65 años de cárcel y con penas de 25 a 30 la ocupación armada de edificios públicos, privados o religiosos.
Decenas de miembros de organizaciones sociales permanecieron en los alrededores del Palacio Legislativo a la espera del resultado sobre la normativa, considerada contraria a la vigencia de los derechos humanos.
La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, calificó de innecesaria la determinación porque sus preceptos ya están contemplados en otras leyes vigentes en el pas.
"Es además arbitraria, no define jurdicamente el concepto de acto terrorista y podran darse injusticias en la captura de personas que protesten contra el gobierno", puntualizó.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los socialdemócratas votaron en contra por considerar que es una ley de terrorismo de Estado, dijo el diputado Carlos Castañeda.
Ricardo González, también del FMLN, insistió en que la reglamentación contiene artculos semejantes en sus disposiciones a tratados internacionales, por lo cual la Constitución obliga a una aprobación con mayora calificada de 56 votos.
El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Guillermo Avila, por el contrario, sostuvo la necesidad de implementarla como instrumento judicial moderno de preparación ante posibles atentados terroristas.
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