Lic. Norma Guevara
Aunque el recibo de la luz se nos aumentó, en muchos casos el cobro del agua se duplica, el transporte y todos los precios de productos de consumo básico sean más altos, los salarios bajos y los empleos escasos; y todo ello vuelve más incómoda la vida y suframos estos efectos como manifestaciones de violencia contra nuestro bolsillo y las posibilidades de nuestra familia; la opinión más común entre la ciudadanía acerca del problema más grave que se percibe, es el de la inseguridad y la violencia.
Esta percepción está basada en el conocimiento directo acerca de diferentes delitos que se cometen en el entorno laboral o vecinal, así como de la información a veces exaltada que se nos presenta en los diferentes medios de comunicación. En gran medida la percepción de gravedad, se refuerza con la sensación de impotencia colectiva por la impunidad que impera; el efecto resultante de esto es la pérdida de confianza en la capacidad de las instituciones responsables de prevenir, investigar y castigar a los autores de los delitos y el surgimiento de peligrosas corrientes a favor tomar la justicia por propia cuenta.
Se exhiben métodos de persecución y se presenta a personas como presuntos culpables: «el más criminal», «más buscado», el «más asesino» y todos los superlativo, sin embargo con ello no se produce certidumbre de contar con seguridad, tampoco prestigia a los entes estatales responsables de brindarla; pues resulta que esos informes y presentaciones son seguidos de una continuación de horrendos crímenes que parecen no tener fin.
A veces pareciera que las personas investidas de autoridad y mandato para perseguir el delito temen a los reales delincuentes o peor aún, que hay vínculos con la criminalidad. Cuando más necesitamos ser protegidos, menos se cree en la capacidad de las entidades gubernamentales.
De 1994 a la fecha hemos vivido siete procesos electorales y siempre en períodos no electorales la opinión más generalizada sobre el problema que más afecta a la gente es la situación económica, altos precios, desempleo, bajos salarios, la dolarización; pero en la medida que las campañas electorales se acercan se exalta la seguridad y la dureza del gobierno para enfrentarla de manera que inevitablemente la inseguridad pasa a percibirse como más grave; esta lógica ha sido utilizada como factor de crecimiento electoral por el partido de gobierno siempre dispuesto a ofrecer manos duras, leyes duras; y de paso con ello se facilita acusar al FMLN de tener un enfoque jurídico a favor de los derechos humanos, de las libertades y garantías constitucionales como flojera o peor aún como espacios utilizables por la delincuencia. Aunque no crean eso, así lo afirman porque casi siempre les acarrea ganancias electorales.
Aunque el gobierno se comporta como si eternamente viviera en campaña; lo cierto es que no estamos en tiempo de campaña, pero la inseguridad y la violencia nos azota como una epidemia social que nos daña a la mayor partede la sociedad, debe favorecer a algunos, sin que sepamos a ciencia cierta quienes son da la impresión que la sociedad es prisionera física, sicológica, económica y jurídicamente de este flagelo; por eso, por una vez en la vida se debiera buscar un camino efectivo, el gobierno debiera aceptar el aporte de otros y renunciar a pírricas ganancias politiqueras y partidistas para enfrentar de una vez por todas tan grave situación. Las personas honradas y serenas difícilmente crean que la solución a esta epidemia nacional radica en la emisión de leyes duras, difícilmente acepten que se siga subestimando consideraciones importantes para enfrentar integralmente el desafío de la inseguridad ciudadana y de violencia. Entidades como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, diferentes asociaciones profesionales, universidades, las iglesias, organismos no gubernamentales y por supuesto diputados de oposición tienen mucho que aportar y el gobierno debiera abrirse a escuchar y tomar en cuenta sus aportes.
Sin duda el problema es complejo, requiere de muchos y variados esfuerzos, de recursos, de tiempo útil, de otros soportes que refuercen conductas correctas, valores, alegría, valentía, persistir en la esperanza y el derecho a una vida segura para todas y todos.
Aunque el recibo de la luz se nos aumentó, en muchos casos el cobro del agua se duplica, el transporte y todos los precios de productos de consumo básico sean más altos, los salarios bajos y los empleos escasos; y todo ello vuelve más incómoda la vida y suframos estos efectos como manifestaciones de violencia contra nuestro bolsillo y las posibilidades de nuestra familia; la opinión más común entre la ciudadanía acerca del problema más grave que se percibe, es el de la inseguridad y la violencia.
Esta percepción está basada en el conocimiento directo acerca de diferentes delitos que se cometen en el entorno laboral o vecinal, así como de la información a veces exaltada que se nos presenta en los diferentes medios de comunicación. En gran medida la percepción de gravedad, se refuerza con la sensación de impotencia colectiva por la impunidad que impera; el efecto resultante de esto es la pérdida de confianza en la capacidad de las instituciones responsables de prevenir, investigar y castigar a los autores de los delitos y el surgimiento de peligrosas corrientes a favor tomar la justicia por propia cuenta.
Se exhiben métodos de persecución y se presenta a personas como presuntos culpables: «el más criminal», «más buscado», el «más asesino» y todos los superlativo, sin embargo con ello no se produce certidumbre de contar con seguridad, tampoco prestigia a los entes estatales responsables de brindarla; pues resulta que esos informes y presentaciones son seguidos de una continuación de horrendos crímenes que parecen no tener fin.
A veces pareciera que las personas investidas de autoridad y mandato para perseguir el delito temen a los reales delincuentes o peor aún, que hay vínculos con la criminalidad. Cuando más necesitamos ser protegidos, menos se cree en la capacidad de las entidades gubernamentales.
De 1994 a la fecha hemos vivido siete procesos electorales y siempre en períodos no electorales la opinión más generalizada sobre el problema que más afecta a la gente es la situación económica, altos precios, desempleo, bajos salarios, la dolarización; pero en la medida que las campañas electorales se acercan se exalta la seguridad y la dureza del gobierno para enfrentarla de manera que inevitablemente la inseguridad pasa a percibirse como más grave; esta lógica ha sido utilizada como factor de crecimiento electoral por el partido de gobierno siempre dispuesto a ofrecer manos duras, leyes duras; y de paso con ello se facilita acusar al FMLN de tener un enfoque jurídico a favor de los derechos humanos, de las libertades y garantías constitucionales como flojera o peor aún como espacios utilizables por la delincuencia. Aunque no crean eso, así lo afirman porque casi siempre les acarrea ganancias electorales.
Aunque el gobierno se comporta como si eternamente viviera en campaña; lo cierto es que no estamos en tiempo de campaña, pero la inseguridad y la violencia nos azota como una epidemia social que nos daña a la mayor partede la sociedad, debe favorecer a algunos, sin que sepamos a ciencia cierta quienes son da la impresión que la sociedad es prisionera física, sicológica, económica y jurídicamente de este flagelo; por eso, por una vez en la vida se debiera buscar un camino efectivo, el gobierno debiera aceptar el aporte de otros y renunciar a pírricas ganancias politiqueras y partidistas para enfrentar de una vez por todas tan grave situación. Las personas honradas y serenas difícilmente crean que la solución a esta epidemia nacional radica en la emisión de leyes duras, difícilmente acepten que se siga subestimando consideraciones importantes para enfrentar integralmente el desafío de la inseguridad ciudadana y de violencia. Entidades como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, diferentes asociaciones profesionales, universidades, las iglesias, organismos no gubernamentales y por supuesto diputados de oposición tienen mucho que aportar y el gobierno debiera abrirse a escuchar y tomar en cuenta sus aportes.
Sin duda el problema es complejo, requiere de muchos y variados esfuerzos, de recursos, de tiempo útil, de otros soportes que refuercen conductas correctas, valores, alegría, valentía, persistir en la esperanza y el derecho a una vida segura para todas y todos.
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