San Salvador, 13 sep (PL) Cientos de transportistas salvadoreños suspendieron sus labores hoy en esta capital en respuesta al asesinato de dos compañeros suyos y al incendio de un autobús cerca de Cojutepeque, al centro de este país.
La huelga decretada por ambos hechos, ocurridos la víspera, podría ser secundada por algunos empresarios de este sector, adelantó el dirigente sindical, Catalino Miranda.
"Nosotros lo que solicitamos es que el gobierno y los demás órganos del Estado se unan contra esta criminalidad", aseguró y reclamó justicia ante "el derramamiento de sangre de nuestros empleados".
Miranda recordó sucesos similares acaecidos de enero de 2006 a la fecha, período en el cual murieron de manera violenta en El Salvador 70 trabajadores del transporte público y 25 unidades fueron incendiadas.
Sólo en esta capital, ese gremio paga alrededor de 27 mil dólares diarios por concepto de extorsiones, atribuidas casi siempre a las pandillas o maras, añadió.
Mientras autoridades departamentales y municipales procuran contrarrestar la acción de estos grupos y el ascenso de la violencia, a partir de negociaciones y otros métodos pacíficos, el gobierno de Elías Antonio Saca insiste en reprimirlos.
Cuando menos, recordaron otras fuentes, las autoridades estatales se limitan a aplaudir las medidas adoptadas por otros, similares a la legitimada por la alcaldía de Santa Tecla con relación a la portación de armas.
En esa localidad y, por primera vez en la historia de El Salvador, los miembros de una municipalidad decidieron prohibir y sancionar con fuertes multas a quienes exhiban estos artefactos de muerte en espacios públicos.
Los integrantes de la alcaldía de Santa Tecla, capital de la conflictiva provincia de La Libertad, protagonizaron este hecho sin precedentes motivado por la incapacidad del gobierno central para frenar el riesgo ciudadano en este país.
Estadísticas oficiales reflejaron que en esta pequeña nación centroamericana ocurren 55 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que equivale al doble de la media latinoamericana.
Esto guarda relación con las más de 450 mil armas de fuego que aún se mantienen en el poder de civiles, a pesar de transcurrida más de una década del fin de la guerra interna que azotó a este territorio entre 1980 y 1992.
La huelga decretada por ambos hechos, ocurridos la víspera, podría ser secundada por algunos empresarios de este sector, adelantó el dirigente sindical, Catalino Miranda.
"Nosotros lo que solicitamos es que el gobierno y los demás órganos del Estado se unan contra esta criminalidad", aseguró y reclamó justicia ante "el derramamiento de sangre de nuestros empleados".
Miranda recordó sucesos similares acaecidos de enero de 2006 a la fecha, período en el cual murieron de manera violenta en El Salvador 70 trabajadores del transporte público y 25 unidades fueron incendiadas.
Sólo en esta capital, ese gremio paga alrededor de 27 mil dólares diarios por concepto de extorsiones, atribuidas casi siempre a las pandillas o maras, añadió.
Mientras autoridades departamentales y municipales procuran contrarrestar la acción de estos grupos y el ascenso de la violencia, a partir de negociaciones y otros métodos pacíficos, el gobierno de Elías Antonio Saca insiste en reprimirlos.
Cuando menos, recordaron otras fuentes, las autoridades estatales se limitan a aplaudir las medidas adoptadas por otros, similares a la legitimada por la alcaldía de Santa Tecla con relación a la portación de armas.
En esa localidad y, por primera vez en la historia de El Salvador, los miembros de una municipalidad decidieron prohibir y sancionar con fuertes multas a quienes exhiban estos artefactos de muerte en espacios públicos.
Los integrantes de la alcaldía de Santa Tecla, capital de la conflictiva provincia de La Libertad, protagonizaron este hecho sin precedentes motivado por la incapacidad del gobierno central para frenar el riesgo ciudadano en este país.
Estadísticas oficiales reflejaron que en esta pequeña nación centroamericana ocurren 55 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que equivale al doble de la media latinoamericana.
Esto guarda relación con las más de 450 mil armas de fuego que aún se mantienen en el poder de civiles, a pesar de transcurrida más de una década del fin de la guerra interna que azotó a este territorio entre 1980 y 1992.
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