San Salvador, 1 sep (PL) La criminalidad está fuera de control en El Salvador, cuyo gobierno es incapaz de afrontar ese problema social que deja un promedio de 12 asesinatos diarios, aseguró hoy un reporte de la Universidad Centroamericana (UCA).
"La connotación alcanzada por el mundo del crimen tiene a este país al borde de la ruptura territorial, legal, institucional y económica", aseveró la UCA en su semanario Proceso.
La nación centroamericana afronta una ola de violencia desencadenada por pandillas o maras, cuya incidencia deja una docena de muertes y un promedio de 500 asaltos a mano armada por día.
El análisis advirtió que el azote tiene derivaciones como las ampliamente probadas en territorios salvadoreños controlados por bandas organizadas, las cuales ejercen su propia autoridad al margen de toda potestad.
Puntualizó el incremento de extorsiones a transportistas y establecimientos comerciales en la capital y otros departamentos, donde la ausencia de agentes propició la aparición de escuadrones clandestinos, que amenazan con matar delincuentes.
"Los niveles de criminalidad existentes aquí son verdaderamente alarmantes. Prácticamente, desde el fin de la guerra civil en enero de 1992, se desconocen momentos reales de paz social", expresó la UCA.
Al respecto, el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro, calificó la situación de "desesperada" ante el desbordamiento delictivo y la zozobra latente en los salvadoreños por la inseguridad vivida.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho se sumó a la demanda popular de afrontar la criminalidad con políticas preventivas y dijo "NO" a las fracasadas operaciones de represión.
El arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz, exigió depurar la Policía Nacional Civil, cuestionada por amplios sectores comunitarios por su ineficaz labor.
También reprochó la aparición de un escuadrón de exterminio y dijo que nadie tiene la justicia en sus manos.
Un estudio de la Fundación Arias para la Paz destacó que las condiciones de pobreza, que alcanzan a más del 60 por ciento de los casi siete millones de habitantes, la desintegración familiar y tolerancia a la violencia favorecen la delincuencia.
Según la investigación, los jóvenes cuyas edades oscilan entre 13 y 29 años, con escasos recursos y oportunidades, son las principales víctimas y victimarios del crimen a nivel regional.
"La delincuencia juvenil no es exclusiva de los grupos más desposeídos, pero sí se revierte con más claridad en esos estratos de la sociedad", especificó Ana Yancy Quirós, coordinadora del informe La cara de la violencia urbana en América Central.
"La connotación alcanzada por el mundo del crimen tiene a este país al borde de la ruptura territorial, legal, institucional y económica", aseveró la UCA en su semanario Proceso.
La nación centroamericana afronta una ola de violencia desencadenada por pandillas o maras, cuya incidencia deja una docena de muertes y un promedio de 500 asaltos a mano armada por día.
El análisis advirtió que el azote tiene derivaciones como las ampliamente probadas en territorios salvadoreños controlados por bandas organizadas, las cuales ejercen su propia autoridad al margen de toda potestad.
Puntualizó el incremento de extorsiones a transportistas y establecimientos comerciales en la capital y otros departamentos, donde la ausencia de agentes propició la aparición de escuadrones clandestinos, que amenazan con matar delincuentes.
"Los niveles de criminalidad existentes aquí son verdaderamente alarmantes. Prácticamente, desde el fin de la guerra civil en enero de 1992, se desconocen momentos reales de paz social", expresó la UCA.
Al respecto, el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro, calificó la situación de "desesperada" ante el desbordamiento delictivo y la zozobra latente en los salvadoreños por la inseguridad vivida.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho se sumó a la demanda popular de afrontar la criminalidad con políticas preventivas y dijo "NO" a las fracasadas operaciones de represión.
El arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz, exigió depurar la Policía Nacional Civil, cuestionada por amplios sectores comunitarios por su ineficaz labor.
También reprochó la aparición de un escuadrón de exterminio y dijo que nadie tiene la justicia en sus manos.
Un estudio de la Fundación Arias para la Paz destacó que las condiciones de pobreza, que alcanzan a más del 60 por ciento de los casi siete millones de habitantes, la desintegración familiar y tolerancia a la violencia favorecen la delincuencia.
Según la investigación, los jóvenes cuyas edades oscilan entre 13 y 29 años, con escasos recursos y oportunidades, son las principales víctimas y victimarios del crimen a nivel regional.
"La delincuencia juvenil no es exclusiva de los grupos más desposeídos, pero sí se revierte con más claridad en esos estratos de la sociedad", especificó Ana Yancy Quirós, coordinadora del informe La cara de la violencia urbana en América Central.
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