Redacción Central, 21 sep (PL) El debate alrededor del recrudecimiento de la Ley Penal Juvenil continúa hoy en El Salvador en un ámbito caldeado por el rechazo de algunos sectores a la violación de tratados internacionales al respecto.
La propuesta, apoyada por la gobernante Alianza Republicana Nacionalista y el Partido Demócrata Cristiano, procura reforzar la represión contra menores infractores y poco contribuirá a reducir la criminalidad en ese país, uno de los más riesgosos de Latinoamérica.
El irrespeto a la Convención de los Derechos del Niño, legitimada por la Organización de Naciones Unidas y firmada por El Salvador el 27 de abril de 1990, distingue a este paquete de modificaciones presentado por legisladores leales al gobierno.
Aunque en el artículo 37 de ese acuerdo internacional se dice que: "El Estado deberá velar por que el encarcelamiento del menor durante el período más breve posible", algo bien distinto contiene la proposición debatida por los magistrados.
Este proyecto aumenta la cantidad de años de cárcel de un infractor menor de siete a por lo menos 37 años, le elimina las medidas de servicio a la comunidad y la libertad asistida en el caso de los delitos graves.
En relación con estos últimos, la iniciativa sólo le permite la libertad condicional al implicado cuando ha cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, de modo similar a lo establecido para los adultos.
La aprobación de dichas propuestas pudiera resultar inconveniente porque el aumento de la severidad de la Ley Penal Juvenil no es garantía de que se logre reducir la criminalidad atribuida a los menores, opinaron varios magistrados.
Tales reformas, similares a las propuestas por el gobierno de Elías Antonio Saca en 2004, sólo desnaturalizan el carácter educativo de las medidas establecidas en esa normativa y servirían de algo si funcionaran al unísono programas de readaptación adecuados, dijeron.
Los cambios debatidos por los diputados recuerdan una propuesta similar presentada en el ámbito de la aplicación de los programas antipandillas conocidos como Mano Dura y Súper Mano Dura, de manera respectiva, y desestimada por razones muy parecidas.
Desde entonces se reiteraron las muestras de rechazo a una estrategia encaminada a impulsar la aplicación de métodos más apegados a la añeja Ley del Talión, que a los recogidos en cientos de volúmenes pedagógicos y sicológicos.
A pesar de los llamados de alerta de los defensores de derechos humanos y de otros entes civiles, nacionales y extranjeros, el ojo por ojo parece predestinado a perdurar en El Salvador y los cambios legislativos debatidos son apenas un reflejo de esto.
La línea coercitiva inaugurada por Francisco Flores (1999-2004), encaminada a aniquilar a las pandillas o maras, terminó en un rotundo fracaso: la tasa de homicidio en El Salvador crece de forma acelerada a un ritmo de 10 muertes diarias y esos grupos proliferan.
Ante tal frustración, y la insistencia de numerosos sectores sociales, las autoridades estatales procuran además llenar algunos vacíos arrastrados por la legislación vigente sobre el tema e incumplida en sus más de 11 años de existencia.
Sólo transcurrido ese período se concretó la salida de los infractores mayores de 18 años de los centros de internamiento juvenil, como ordenaba esta disposición, y comenzó a evaluarse su transformación en correspondencia con la situación de ese país.
Pero sin un diálogo previo con la población, los juzgadores encargados de aplicarla y las autoridades relacionadas con ese asunto, se pretende despojar a los jueces de la facultad de buscar medidas alternas para rescatar a los infractores menores.
El programa de modificaciones incluye además la publicación de las identidades de los menores en conflicto, con lo cual se les estaría etiquetando para toda la vida y dándole una notoriedad excesiva a los precoses delincuentes.
Cuando carecen del reconocimiento requerido por parte de su familia o comunidad, los miembros de este sector etario suelen procurar una mayor publicidad a partir de la copia de conductas delictivas, coinciden investigaciones sicológicas.
El cuestionamiento a estos cambios también ronda el peligro que puede representar a la institucionalidad en esta porción de la denominada cintura de América.
Si los magistrados llegaran a avalarlos, se corre el riesgo de que varios jueces del sistema juvenil opten por apegarse a lo que dictaminan la Constitución de la República y la Convención de la ONU y se desentiendan de esa legislación.
La propuesta, apoyada por la gobernante Alianza Republicana Nacionalista y el Partido Demócrata Cristiano, procura reforzar la represión contra menores infractores y poco contribuirá a reducir la criminalidad en ese país, uno de los más riesgosos de Latinoamérica.
El irrespeto a la Convención de los Derechos del Niño, legitimada por la Organización de Naciones Unidas y firmada por El Salvador el 27 de abril de 1990, distingue a este paquete de modificaciones presentado por legisladores leales al gobierno.
Aunque en el artículo 37 de ese acuerdo internacional se dice que: "El Estado deberá velar por que el encarcelamiento del menor durante el período más breve posible", algo bien distinto contiene la proposición debatida por los magistrados.
Este proyecto aumenta la cantidad de años de cárcel de un infractor menor de siete a por lo menos 37 años, le elimina las medidas de servicio a la comunidad y la libertad asistida en el caso de los delitos graves.
En relación con estos últimos, la iniciativa sólo le permite la libertad condicional al implicado cuando ha cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, de modo similar a lo establecido para los adultos.
La aprobación de dichas propuestas pudiera resultar inconveniente porque el aumento de la severidad de la Ley Penal Juvenil no es garantía de que se logre reducir la criminalidad atribuida a los menores, opinaron varios magistrados.
Tales reformas, similares a las propuestas por el gobierno de Elías Antonio Saca en 2004, sólo desnaturalizan el carácter educativo de las medidas establecidas en esa normativa y servirían de algo si funcionaran al unísono programas de readaptación adecuados, dijeron.
Los cambios debatidos por los diputados recuerdan una propuesta similar presentada en el ámbito de la aplicación de los programas antipandillas conocidos como Mano Dura y Súper Mano Dura, de manera respectiva, y desestimada por razones muy parecidas.
Desde entonces se reiteraron las muestras de rechazo a una estrategia encaminada a impulsar la aplicación de métodos más apegados a la añeja Ley del Talión, que a los recogidos en cientos de volúmenes pedagógicos y sicológicos.
A pesar de los llamados de alerta de los defensores de derechos humanos y de otros entes civiles, nacionales y extranjeros, el ojo por ojo parece predestinado a perdurar en El Salvador y los cambios legislativos debatidos son apenas un reflejo de esto.
La línea coercitiva inaugurada por Francisco Flores (1999-2004), encaminada a aniquilar a las pandillas o maras, terminó en un rotundo fracaso: la tasa de homicidio en El Salvador crece de forma acelerada a un ritmo de 10 muertes diarias y esos grupos proliferan.
Ante tal frustración, y la insistencia de numerosos sectores sociales, las autoridades estatales procuran además llenar algunos vacíos arrastrados por la legislación vigente sobre el tema e incumplida en sus más de 11 años de existencia.
Sólo transcurrido ese período se concretó la salida de los infractores mayores de 18 años de los centros de internamiento juvenil, como ordenaba esta disposición, y comenzó a evaluarse su transformación en correspondencia con la situación de ese país.
Pero sin un diálogo previo con la población, los juzgadores encargados de aplicarla y las autoridades relacionadas con ese asunto, se pretende despojar a los jueces de la facultad de buscar medidas alternas para rescatar a los infractores menores.
El programa de modificaciones incluye además la publicación de las identidades de los menores en conflicto, con lo cual se les estaría etiquetando para toda la vida y dándole una notoriedad excesiva a los precoses delincuentes.
Cuando carecen del reconocimiento requerido por parte de su familia o comunidad, los miembros de este sector etario suelen procurar una mayor publicidad a partir de la copia de conductas delictivas, coinciden investigaciones sicológicas.
El cuestionamiento a estos cambios también ronda el peligro que puede representar a la institucionalidad en esta porción de la denominada cintura de América.
Si los magistrados llegaran a avalarlos, se corre el riesgo de que varios jueces del sistema juvenil opten por apegarse a lo que dictaminan la Constitución de la República y la Convención de la ONU y se desentiendan de esa legislación.
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