San Salvador, 7 sep (PL) Ante el acoso de pandillas, el reciente asesinato de dos empleados y la quema de cuatro buses, empresarios salvadoreños del transporte colectivo exigieron hoy a las autoridades más seguridad.
"La situación ha llegado a un nivel crítico, ya no aguantamos las extorsiones de las cuales somos objeto por las (bandas) Maras", dijo a la prensa el presidente de la Asociación de Transportistas de Pasajeros, Joaquín Herrera.
En una segunda jornada de protestas masivas, los transportistas exigieron al gobierno implementar medidas efectivas de seguridad pública, a fin de salir del ambiente de incertidumbre vivido aquí.
Los hechos violentos registrados en una filial de la Cámara de Comercio e Industria salvadoreña ubicada en el poblado de San Miguel colmaron la paciencia de los lugareños, quienes demandan el cese del flagelo.
A la marcha pacífica se sumó el alcalde Wilfredo Salgado, quien advirtió que los empresarios podrían dejar de pagar sus impuestos si las autoridades no brindan la protección obligada.
Los ciudadanos de Villa San Miguel, 138 kilómetros al este de Tegucigalpa, percibieron con temor la noticia que cuatro autobuses fueron carbonizados por presuntos delincuentes.
Según el reporte de la Policía Nacional Civil, antes de incendiar las unidades los malhechores despojaron a los pasajeros de sus prendas, modalidad llevada a cabo casi a diario por pandilleros o miembros de maras.
El Salvador vive un incremento sostenido de la extrema agresividad tanto de delincuentes comunes como de temidas pandillas, con un saldo diario de 12 homicidios.
Organismos de derechos humanos se mostraron alarmados por la ola de violencia que sólo durante el mes pasado disparó el número de asesinatos a 370, acompañados de robos y extorsiones a pequeños, medianos y grandes empresarios.
"La cifra preocupa y demuestra la incapacidad gubernamental para frenar el auge del flagelo", declaró el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro.
Para el activista, en el país se trata de librar una guerra, en la cual "las víctimas podemos ser todos a cualquier hora, cualquier día y en cualquier momento".
Un balance acumulado de los primeros siete meses del 2006, realizado por el Instituto de Medicina Legal, consignó dos mil 235 homicidios, de los cuales 241 víctimas eran mujeres.
La tendencia global va hacia el aumento criminal y de seguir así, tendremos un fin de año con récord delictivo, comentó la directora de estadísticas del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, Claudia Hernández.
El problema responde a la teoría del gobierno de ensayar recetas a ver si resultan, pero siempre fracasan, alegó.
La investigadora recalcó que El Salvador carece de un plan de control y eliminación de armas, porque ex militares y grandes empresarios tienen de su venta bonancibles ingresos.
Pero, la preocupación mayor de Hernández radica en la existencia de un gran mercado negro de armamentos, al cual acuden los pandilleros juveniles para abastecerse.
Al ambiente de intranquilidad se sumó Silvia Guillén, directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, quien consideró fuera de control el panorama nacional criminal.
En esa misma ciudad, el pasado lunes, el cobrador y el motorista de un autobús de transporte fueron asesinados también por presuntos miembros de pandillas.
"La situación ha llegado a un nivel crítico, ya no aguantamos las extorsiones de las cuales somos objeto por las (bandas) Maras", dijo a la prensa el presidente de la Asociación de Transportistas de Pasajeros, Joaquín Herrera.
En una segunda jornada de protestas masivas, los transportistas exigieron al gobierno implementar medidas efectivas de seguridad pública, a fin de salir del ambiente de incertidumbre vivido aquí.
Los hechos violentos registrados en una filial de la Cámara de Comercio e Industria salvadoreña ubicada en el poblado de San Miguel colmaron la paciencia de los lugareños, quienes demandan el cese del flagelo.
A la marcha pacífica se sumó el alcalde Wilfredo Salgado, quien advirtió que los empresarios podrían dejar de pagar sus impuestos si las autoridades no brindan la protección obligada.
Los ciudadanos de Villa San Miguel, 138 kilómetros al este de Tegucigalpa, percibieron con temor la noticia que cuatro autobuses fueron carbonizados por presuntos delincuentes.
Según el reporte de la Policía Nacional Civil, antes de incendiar las unidades los malhechores despojaron a los pasajeros de sus prendas, modalidad llevada a cabo casi a diario por pandilleros o miembros de maras.
El Salvador vive un incremento sostenido de la extrema agresividad tanto de delincuentes comunes como de temidas pandillas, con un saldo diario de 12 homicidios.
Organismos de derechos humanos se mostraron alarmados por la ola de violencia que sólo durante el mes pasado disparó el número de asesinatos a 370, acompañados de robos y extorsiones a pequeños, medianos y grandes empresarios.
"La cifra preocupa y demuestra la incapacidad gubernamental para frenar el auge del flagelo", declaró el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro.
Para el activista, en el país se trata de librar una guerra, en la cual "las víctimas podemos ser todos a cualquier hora, cualquier día y en cualquier momento".
Un balance acumulado de los primeros siete meses del 2006, realizado por el Instituto de Medicina Legal, consignó dos mil 235 homicidios, de los cuales 241 víctimas eran mujeres.
La tendencia global va hacia el aumento criminal y de seguir así, tendremos un fin de año con récord delictivo, comentó la directora de estadísticas del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, Claudia Hernández.
El problema responde a la teoría del gobierno de ensayar recetas a ver si resultan, pero siempre fracasan, alegó.
La investigadora recalcó que El Salvador carece de un plan de control y eliminación de armas, porque ex militares y grandes empresarios tienen de su venta bonancibles ingresos.
Pero, la preocupación mayor de Hernández radica en la existencia de un gran mercado negro de armamentos, al cual acuden los pandilleros juveniles para abastecerse.
Al ambiente de intranquilidad se sumó Silvia Guillén, directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, quien consideró fuera de control el panorama nacional criminal.
En esa misma ciudad, el pasado lunes, el cobrador y el motorista de un autobús de transporte fueron asesinados también por presuntos miembros de pandillas.
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