Saúl Vaquerano
Editor de Enfoques
Tomado de la Prensa Grafica de El Salvador
Algunos se molestan porque se den malas noticias. Y algunos de esos que se retuercen con muecas cuando alguien señala algo que cree que va mal son los que ahora están dando las peores noticias a los salvadoreños.
Así, el director de la PNC, Rodrigo Ávila, cree que las cifras de homicidios no son algo que la gente deba conocer. Él preferiría que fuera secreto de Estado. En la Asamblea Legislativa, en la alcaldía capitalina y en la Corte Suprema de Justicia —solo por hacer una enumeración breve— se dan por insultados cuando se les dice a los contribuyentes cuánto dinero les están sacando del bolsillo y cómo a menudo lo están dilapidando.
Ahora, tres partidos políticos están juntando sus manos para enviarnos un mensaje, no uno de aliento, sino uno —otro— de desesperación que podría llevar a que, como muchas veces, se hagan las cosas con los pies. PCN, PDC y ARENA ya bendicen la posibilidad de suspender algunas garantías constitucionales, en un afán de combatir la delincuencia. Olvidan que eso ya lo prometieron infinidad de veces y que ninguna medicina ha funcionado, porque desprecian la técnica y la ciencia y prefieren el instinto atrofiado.
En otras palabras, con esa petición, lo que están haciendo es aceptando el fracaso del sistema, tanto el político como el económico, porque se supone que ambos se conjugan para hacer una sociedad autosostenible.
Hace dos semanas se agregó un ingrediente: algunos migueleños se atrevieron a demandar del Gobierno que atienda el problema de delincuencia. Advirtieron que no pagarán impuestos si no se les retribuye en seguridad, y amenazaron con tomar la justicia en sus manos. Viniendo de San Miguel, tierra del grupo de exterminio que hace 10 años fue conocido como Sombra Negra, hay que tomarlo en serio el aviso.
Pero más allá de esas sirenas estruendosas, los gobernantes que están administrando El Salvador deberían reparar en que el país, simplemente, se les está yendo de las manos en varias áreas. Es incontrovertible que las pandillas controlan parte del territorio nacional y que el Estado no puede ejercer jurisdicción en algunas zonas.
Hace un par de meses, la revista “Foreign Policy” publicó su “índice de estados fallidos”. Entre 60 naciones estudiadas, Guatemala aparece en el lugar 31. Entre otras situaciones, el índice cuenta las desigualdades económicas, la pérdida de legitimidad del Estado, la incapacidad de hacer justicia y las libertades democráticas. El Salvador no está en la lista, pero posiblemente solo porque no se lo estudió.
Editor de Enfoques
Tomado de la Prensa Grafica de El Salvador
Algunos se molestan porque se den malas noticias. Y algunos de esos que se retuercen con muecas cuando alguien señala algo que cree que va mal son los que ahora están dando las peores noticias a los salvadoreños.
Así, el director de la PNC, Rodrigo Ávila, cree que las cifras de homicidios no son algo que la gente deba conocer. Él preferiría que fuera secreto de Estado. En la Asamblea Legislativa, en la alcaldía capitalina y en la Corte Suprema de Justicia —solo por hacer una enumeración breve— se dan por insultados cuando se les dice a los contribuyentes cuánto dinero les están sacando del bolsillo y cómo a menudo lo están dilapidando.
Ahora, tres partidos políticos están juntando sus manos para enviarnos un mensaje, no uno de aliento, sino uno —otro— de desesperación que podría llevar a que, como muchas veces, se hagan las cosas con los pies. PCN, PDC y ARENA ya bendicen la posibilidad de suspender algunas garantías constitucionales, en un afán de combatir la delincuencia. Olvidan que eso ya lo prometieron infinidad de veces y que ninguna medicina ha funcionado, porque desprecian la técnica y la ciencia y prefieren el instinto atrofiado.
En otras palabras, con esa petición, lo que están haciendo es aceptando el fracaso del sistema, tanto el político como el económico, porque se supone que ambos se conjugan para hacer una sociedad autosostenible.
Hace dos semanas se agregó un ingrediente: algunos migueleños se atrevieron a demandar del Gobierno que atienda el problema de delincuencia. Advirtieron que no pagarán impuestos si no se les retribuye en seguridad, y amenazaron con tomar la justicia en sus manos. Viniendo de San Miguel, tierra del grupo de exterminio que hace 10 años fue conocido como Sombra Negra, hay que tomarlo en serio el aviso.
Pero más allá de esas sirenas estruendosas, los gobernantes que están administrando El Salvador deberían reparar en que el país, simplemente, se les está yendo de las manos en varias áreas. Es incontrovertible que las pandillas controlan parte del territorio nacional y que el Estado no puede ejercer jurisdicción en algunas zonas.
Hace un par de meses, la revista “Foreign Policy” publicó su “índice de estados fallidos”. Entre 60 naciones estudiadas, Guatemala aparece en el lugar 31. Entre otras situaciones, el índice cuenta las desigualdades económicas, la pérdida de legitimidad del Estado, la incapacidad de hacer justicia y las libertades democráticas. El Salvador no está en la lista, pero posiblemente solo porque no se lo estudió.
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