San Salvador, 13 sep (PL) Por primera vez en la historia salvadoreña, las autoridades de una alcaldía decidieron prohibir e imponer fuertes multas a quienes porten armas de fuego en espacios públicos, divulgaron hoy fuentes locales.
Los miembros del consejo municipal de Santa Tecla, capital de la conflictiva provincia de La Libertad, tomaron la decisión ante la incapacidad del gobierno central para frenar la criminalidad en este país centroamericano.
Nery Díaz, vicealcalde de la localidad, calificó la disposición de trascendental y recordó que ese municipio no escapa a la violencia generalizada en El Salvador.
Creemos que esta medida, en la que tiene que participar activamente la población, contribuirá a frenar la criminalidad porque el 45 por ciento de todos los delitos registrados en Santa Tecla se cometen con armas de guerra, explicó la funcionaria.
Aunque criticada por varios diputados de la derecha en este país, la iniciativa cobró importancia por intentar poner coto al 89 por ciento de los delitos contra la vida cometidos con esos artefactos de muerte, opinaron sus partidarios.
La alcaldía de Santa Tecla es gobernada desde hace cuatro años por Oscar Ortiz, quien durante cierto tiempo lideró una facción moderada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Analistas lo consideran un fuerte aspirante a la candidatura presidencial por ese partido de izquierda en los comicios de 2009.
Pese a que el presidente Antonio Saca aplaudió la decisión, legisladores y defensores de los derechos humanos recordaron su desatención a las recomendaciones de organismos internacionales y locales de implementar el desarme de la población civil.
La incapacidad estatal para acabar con el riesgo ciudadano en El Salvador hizo a varias autoridades municipales y departamentales tomar la iniciativa de negociar con las pandillas o maras y otros grupos delincuenciales.
Por esa vía, el alcalde de la oriental ciudad de San Miguel, Will Salgado, logró que estos grupos suspendieran las extorsiones a los empresarios y otros entes locales por unos seis meses.
El edil de otro poblado decretó una especie de "toque de queda" nocturno y patrullajes de los agentes municipales, mientras en esta capital se promueve decretar una "ley seca" los fines de semana para evitar muertes violentas y accidentes viales.
En El Salvador ocurren 55 homicidios por cada 100 mil habitantes, el doble de la media latinoamericana, según estadísticas policiales.
Esto guarda relación con las más de 450 mil armas de fuego aún en poder de civiles, a pesar de que transcurrió más de una década del fin de la guerra que azotó a este territorio entre 1980 y 1992.
El hecho de que tres de cada diez adultos salvadoreños posean un arma de fuego explica además el alto grado de letalidad en las acciones violentas reportadas en esta nación, consideraron analistas.
Los miembros del consejo municipal de Santa Tecla, capital de la conflictiva provincia de La Libertad, tomaron la decisión ante la incapacidad del gobierno central para frenar la criminalidad en este país centroamericano.
Nery Díaz, vicealcalde de la localidad, calificó la disposición de trascendental y recordó que ese municipio no escapa a la violencia generalizada en El Salvador.
Creemos que esta medida, en la que tiene que participar activamente la población, contribuirá a frenar la criminalidad porque el 45 por ciento de todos los delitos registrados en Santa Tecla se cometen con armas de guerra, explicó la funcionaria.
Aunque criticada por varios diputados de la derecha en este país, la iniciativa cobró importancia por intentar poner coto al 89 por ciento de los delitos contra la vida cometidos con esos artefactos de muerte, opinaron sus partidarios.
La alcaldía de Santa Tecla es gobernada desde hace cuatro años por Oscar Ortiz, quien durante cierto tiempo lideró una facción moderada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Analistas lo consideran un fuerte aspirante a la candidatura presidencial por ese partido de izquierda en los comicios de 2009.
Pese a que el presidente Antonio Saca aplaudió la decisión, legisladores y defensores de los derechos humanos recordaron su desatención a las recomendaciones de organismos internacionales y locales de implementar el desarme de la población civil.
La incapacidad estatal para acabar con el riesgo ciudadano en El Salvador hizo a varias autoridades municipales y departamentales tomar la iniciativa de negociar con las pandillas o maras y otros grupos delincuenciales.
Por esa vía, el alcalde de la oriental ciudad de San Miguel, Will Salgado, logró que estos grupos suspendieran las extorsiones a los empresarios y otros entes locales por unos seis meses.
El edil de otro poblado decretó una especie de "toque de queda" nocturno y patrullajes de los agentes municipales, mientras en esta capital se promueve decretar una "ley seca" los fines de semana para evitar muertes violentas y accidentes viales.
En El Salvador ocurren 55 homicidios por cada 100 mil habitantes, el doble de la media latinoamericana, según estadísticas policiales.
Esto guarda relación con las más de 450 mil armas de fuego aún en poder de civiles, a pesar de que transcurrió más de una década del fin de la guerra que azotó a este territorio entre 1980 y 1992.
El hecho de que tres de cada diez adultos salvadoreños posean un arma de fuego explica además el alto grado de letalidad en las acciones violentas reportadas en esta nación, consideraron analistas.
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