Co-Latino
A raíz de que la aplicación de la Ley Antiterrorista contra las protestas populares le ha ocasionado fuertes críticas internas y externas, al gobierno del Presidente Elías Antonio Saca, y por ende, a Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el Ejecutivo ha optado por revivir la “Ley de Garantía del Orden Público”, principal instrumento de represión de los gobiernos en tiempos de la dictadura militar.
Ayer, el Ministerio de Seguridad Pública presentó ante la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley que cambia el delito de “desórdenes públicos”, por “atentado contra la paz pública”, que busca, mediante, mayor encarcelamiento, silenciar la protesta popular.
Obviamente, el Ejecutivo busca, a toda costa, evitar las protestas populares, sean o no violentas.
Nadie puede garantizar que en una protesta popular, por su carácter masivo, a más de alguno le brote un signo de violencia, lo cual es contagioso, y entonces, ahí vendría la represión, con las consiguientes consecuencias.
Entonces, la ciudadanía preferirá no manifestar su repudio ante cualquier política gubernamental, y evitar así, estar en una acción que pueda terminar violentamente. Esto es lo que el Ejecutivo pretende, que la gente tenga miedo de manifestarse.
Además, busca, a toda costa, reprimir la protesta popular, esto es lo que perseguía la Ley de Garantía del Orden Público, en tiempos del PCN, pero, no logró detener la protesta social, esa es la lectura que se puede sacar de las convulsionadas décadas de los 70´s y 80´s.
Por otro lado, es cierto que la protesta social no deviene del simple deseo de protestar, es decir, aquella es un efecto, no la causa. En tal sentido, es el represor el que provoca, o realiza todas aquellas acciones que culminan en la protesta popular y social violenta. En este sentido, es válido preguntarse, ¿quién es el que verdaderamente atenta contra la Paz Pública? La respuesta es sencilla, los que originan las protestas.
A raíz de que la aplicación de la Ley Antiterrorista contra las protestas populares le ha ocasionado fuertes críticas internas y externas, al gobierno del Presidente Elías Antonio Saca, y por ende, a Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el Ejecutivo ha optado por revivir la “Ley de Garantía del Orden Público”, principal instrumento de represión de los gobiernos en tiempos de la dictadura militar.
Ayer, el Ministerio de Seguridad Pública presentó ante la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley que cambia el delito de “desórdenes públicos”, por “atentado contra la paz pública”, que busca, mediante, mayor encarcelamiento, silenciar la protesta popular.
Obviamente, el Ejecutivo busca, a toda costa, evitar las protestas populares, sean o no violentas.
Nadie puede garantizar que en una protesta popular, por su carácter masivo, a más de alguno le brote un signo de violencia, lo cual es contagioso, y entonces, ahí vendría la represión, con las consiguientes consecuencias.
Entonces, la ciudadanía preferirá no manifestar su repudio ante cualquier política gubernamental, y evitar así, estar en una acción que pueda terminar violentamente. Esto es lo que el Ejecutivo pretende, que la gente tenga miedo de manifestarse.
Además, busca, a toda costa, reprimir la protesta popular, esto es lo que perseguía la Ley de Garantía del Orden Público, en tiempos del PCN, pero, no logró detener la protesta social, esa es la lectura que se puede sacar de las convulsionadas décadas de los 70´s y 80´s.
Por otro lado, es cierto que la protesta social no deviene del simple deseo de protestar, es decir, aquella es un efecto, no la causa. En tal sentido, es el represor el que provoca, o realiza todas aquellas acciones que culminan en la protesta popular y social violenta. En este sentido, es válido preguntarse, ¿quién es el que verdaderamente atenta contra la Paz Pública? La respuesta es sencilla, los que originan las protestas.
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