Redacción Diario Co Latino
El uso de legislación antiterrorismo en contra de trece manifestantes y dirigentes de organizaciones sociales preocupa a Amnistía Internacional según lo manifestó, mediante comunicado de prensa.
También señala que este tipo de acciones por parte del Estado podría ser una muestra del «uso indebido y desproporcionado de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, aprobada en 2006 por la Asamblea Legislativa.
El organismo hace un «llamado urgente» a las autoridades para que actúen de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos y emprendan investigaciones prontas, imparciales, objetivas e integrales, a fin de mantener el respeto a los derechos humanos.
Esta organización asume que «las detenciones podrían haber sido impuestas para sancionar a las personas por haber participado en actos de protesta legítimos y para inhibir futuros actos similares».
Asimismo, refieren que las cuatro personas detenidas, miembros de CRIPDES, no participaban de la manifestación cuando fueron arrestadas. Según Amnistía Internacional los detenidos han manifestado que fueron objeto de «malos tratos físicos y sicológicos durante la detención y traslado a cuarteles policiales. Según las normas internacionales de derechos humanos ésta era una manifestación legítima», es por ello que la aplicación de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo preocupa a la organización.
En el comunicado se reconoce el derecho y responsabilidad de las autoridades de tomar las medidas necesarias para mantener el orden público, siempre y cuando se ejerzan sus funciones, sin contravenir las normas de derecho humanos que el Estado ha firmado a nivel internacional, cuya aplicación prevalece según el artículo 144 de la Constitución salvadoreña.
Amnistía Internacional hace notar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos regionales e internacionales, ha instado a los Estados miembros a «tener en cuenta los compromisos pertinentes en virtud de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos a los que están obligados». «En la medida en que contravienen preceptos sobre derechos fundamentales, el dictado y aplicación de disposiciones como la Ley Especial contra actos de Terrorismo constituirían un abuso normativo al destinarse a criminalizar hechos y personas de modo injustificado» señala el documento.
La institución considera que corresponde dejar sin efecto todos los cargos que impliquen menoscabo al ejercicio legítimo de derechos fundamentales y disponer la libertad de los imputados con dichos cargos.
El uso de legislación antiterrorismo en contra de trece manifestantes y dirigentes de organizaciones sociales preocupa a Amnistía Internacional según lo manifestó, mediante comunicado de prensa.
También señala que este tipo de acciones por parte del Estado podría ser una muestra del «uso indebido y desproporcionado de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, aprobada en 2006 por la Asamblea Legislativa.
El organismo hace un «llamado urgente» a las autoridades para que actúen de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos y emprendan investigaciones prontas, imparciales, objetivas e integrales, a fin de mantener el respeto a los derechos humanos.
Esta organización asume que «las detenciones podrían haber sido impuestas para sancionar a las personas por haber participado en actos de protesta legítimos y para inhibir futuros actos similares».
Asimismo, refieren que las cuatro personas detenidas, miembros de CRIPDES, no participaban de la manifestación cuando fueron arrestadas. Según Amnistía Internacional los detenidos han manifestado que fueron objeto de «malos tratos físicos y sicológicos durante la detención y traslado a cuarteles policiales. Según las normas internacionales de derechos humanos ésta era una manifestación legítima», es por ello que la aplicación de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo preocupa a la organización.
En el comunicado se reconoce el derecho y responsabilidad de las autoridades de tomar las medidas necesarias para mantener el orden público, siempre y cuando se ejerzan sus funciones, sin contravenir las normas de derecho humanos que el Estado ha firmado a nivel internacional, cuya aplicación prevalece según el artículo 144 de la Constitución salvadoreña.
Amnistía Internacional hace notar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos regionales e internacionales, ha instado a los Estados miembros a «tener en cuenta los compromisos pertinentes en virtud de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos a los que están obligados». «En la medida en que contravienen preceptos sobre derechos fundamentales, el dictado y aplicación de disposiciones como la Ley Especial contra actos de Terrorismo constituirían un abuso normativo al destinarse a criminalizar hechos y personas de modo injustificado» señala el documento.
La institución considera que corresponde dejar sin efecto todos los cargos que impliquen menoscabo al ejercicio legítimo de derechos fundamentales y disponer la libertad de los imputados con dichos cargos.
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