H. Elías Antonio Saca González
Presidente de El Salvador
Casa Presidencial
Avda. Dr. Manuel Enrique Araujo 5500
San Salvador, El Salvador
16 de Julio de 2007
Estimado Presidente Saca:
A nombre y en representación de Salvadoreños en el Mundo (SEEM) queremos expresarle nuestra profunda preocupación sobre las detenciones que se llevaron a cabo en las áreas cercanas a la municipalidad de Suchitoto el día 2 de julio de 2007 y en la municipalidad misma y sobre los cargos que han sido formulados en contra de los detenidos.
Entendemos que el 2 de julio de 2007 cuatro personas fueron arrestadas camino a Suchitoto, en donde participarían en una protesta contra la política de descentralización del agua que usted y su gobierno anunciaría esa mañana en esa ciudad.
Las personas arrestadas en las afueras de Suchitoto son: la señora Marta Lorena Araujo, Presidenta del Consejo de Liderazgo Nacional de CRIPDES; la señora Rosa Valle Centeno, Vicepresidenta del Consejo de Liderazgo Nacional de CRIPDES; la señora María Haydee Chicas, reportera y fotógrafa de CRIPDES, y el señor Manuel Antonio Rodríguez, chofer de la camioneta de CRIPDES.
De acuerdo a las informaciones, estas cuatro personas fueron detenidas a varios kilómetros de distancia del lugar donde la protesta se realizaría. Consecuentemente ellas en ningún momento participaron en la protesta que tuvo lugar en el poblado el 2 de julio de 2007.
Entendemos, también, que luego que estos arrestos tuvieron lugar, un grupo de manifestantes se reunió en la estación local de policía para exigir la liberación de los detenidos, y que una confrontación se desató entre los protestantes y la Unidad para el Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil.
Como resultado al menos diez manifestantes fueron detenidos en ese incidente; por lo menos un oficial de la policía resultó herido, así como un número indeterminado de protestantes.
Estamos preocupados por estos hechos pero más particularmente estamos preocupados por los arrestos de los cuatro miembros de CRIPDES, quienes fueron detenidos previo a su arribo a la protesta, y sorprendidos de saber que ellos han sido acusados de actos de terrorismo conforme a la Ley Antiterrorista de El Salvador.
De acuerdo a estos hechos no nos ha sido posible determinar ninguna justificación legal para la detención de estas cuatro personas, quienes nunca llegaron a la protesta. Ellos no participaron en ningún acto de desorden público o en presuntos actos de terrorismo, por lo que hemos llegado a la conclusión de que estos arrestos tuvieron la intención de prevenir su participación en el acto de protesta, y que tiene un tinte político.
Los cargos contra todos los detenidos en Suchitoto por violaciones a la Ley Antiterrorista son igualmente preocupantes. Existe una fundamental distinción entre actos de protesta, incluso aquellos que van contra la ley, y actos "terroristas". El respeto por la democracia, el estado de derecho, la vigencia de los derechos humanos y la libertad de expresión exigen que esta distinción sea considera y respetada. En la eventualidad de acciones criminales fundamentadas se deben entablar las acciones legales pertinentes ajustadas a los hechos y la prueba del caso.
Recientemente el Juez Rigoberto Chicas dictaminó que los actos de terrorismo se definen por ser perpetrados con el objeto de causar terror, y que dicha definición no es aplicable a los actos de protesta. Asimismo, dijo que el término "terrorismo" no debe ser aplicado de forma irresponsable. El Juez Chicas descarto los cargos por violaciones a la Ley Antiterrorista formulados en contra del señor Vicente Ramírez, líder del sindicato de vendedores ambulantes. Nosotros consideramos que la postura del Juez Chicas es correcta y acorde con nuestros preceptos legales, constitucionales y en correspondencia con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por el Estado Salvadoreño.
Los cargos por violaciones a la Ley Antiterrorista han creado una atmósfera de incertidumbre y se ha generado un clima de desconfianza en la población residente en el exterior a quienes el uso desmedido de la fuerza y las cuestiones políticas mezcladas con acciones legales les recuerdan los años previos a la finalización de la guerra civil.
Por ellos solicitamos que su gobierno tome cartas en el asunto y que el Fiscal General de la Republica retire los cargos contra Marta Lorena Araujo, Rosa Valle Centeno, María Haydee Chicas y Manuel Antonio Rodríguez, y descarten las acusaciones de antiterrorismo en todos los casos relacionados con los eventos del 2 de julio 2007 y que al hacer esto sino no hay otros cargos se pongan en libertad inmediata a todos los detenidos.
Atentamente,
Merlín Peña
Presidenta Salvadoreños en el Mundo (SEEM)
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