Editorial de Mauricio Funes
Programa Sin Censura – Radio Cadena Mi Gente (700 A.M.)
El Presidente Saca ha aceptado que la Ley contra Actos de Terrorismo puede ser objeto de revisión. No para su derogatoria, dijo, sino para mejorar su efectividad.
Según el mandatario, la polémica que ha desatado la decisión de la Jueza Ana Lucila Fuentes de Paz al decretar la detención preventiva para 13 personas acusadas de actos de terrorismo no debería conducir a la eliminación de un instrumento jurídico que ha resultado conveniente para sus propósitos. Saca cree que la norma tiene validez por mucho que se pase llevando una serie de derechos fundamentales.
Un análisis detenido de los hechos ocurridos el 2 de Julio pasado en Suchitoto revela que ninguna de las conductas que se intentan criminalizar por la Fiscalía puede ser considerada como una acción propia de una organización terrorista. Lanzar piedras y palos o poner barricadas para interrumpir la movilización vehicular no son conductas públicas que tienen como fin último infundir temor en la población, poner en riesgo la vida de personas y menos cambiar o destruir el sistema político y social vigente.
Aparte que la Fiscalía no pudo individualizar la responsabilidad de estas acciones, el único elemento incriminatorio que enfrentan los acusados es la declaración del captor, es decir, del policía que participó en su detención.
La imágenes tomadas por la Prensa y que sirvieron de base para la acusación fiscal reproduce el momento del intercambio de piedras, palos, balas y gases lacrimógenos, pero en ningún caso muestra a cada uno de los acusados participando en los hechos de violencia que se les imputan.
Sobrada experiencia existe en el país de pruebas prefabricadas o cargos que se le atribuyen a una persona, donde no existen más declaraciones de testigos presenciales que las de los policías que participan en el operativo de detención.
Suele ocurrir en redadas colectivas que la misma confusión que provocan los desórdenes conduce a la detención de una persona por el simple hecho de encontrarse formando parte de un grupo que participa en la protesta.
Es el caso de Haydée Chicas, joven universitaria, estudiante de periodismo, que al momento de su detención se desempeñaba como Directora de Comunicaciones de CRIPDES y a la que la Jueza le atribuye el delito de actos de terrorismo.
¿Qué base testimonial tiene la señora Jueza para respaldar semejante acusación?
Programa Sin Censura – Radio Cadena Mi Gente (700 A.M.)
El Presidente Saca ha aceptado que la Ley contra Actos de Terrorismo puede ser objeto de revisión. No para su derogatoria, dijo, sino para mejorar su efectividad.
Según el mandatario, la polémica que ha desatado la decisión de la Jueza Ana Lucila Fuentes de Paz al decretar la detención preventiva para 13 personas acusadas de actos de terrorismo no debería conducir a la eliminación de un instrumento jurídico que ha resultado conveniente para sus propósitos. Saca cree que la norma tiene validez por mucho que se pase llevando una serie de derechos fundamentales.
Un análisis detenido de los hechos ocurridos el 2 de Julio pasado en Suchitoto revela que ninguna de las conductas que se intentan criminalizar por la Fiscalía puede ser considerada como una acción propia de una organización terrorista. Lanzar piedras y palos o poner barricadas para interrumpir la movilización vehicular no son conductas públicas que tienen como fin último infundir temor en la población, poner en riesgo la vida de personas y menos cambiar o destruir el sistema político y social vigente.
Aparte que la Fiscalía no pudo individualizar la responsabilidad de estas acciones, el único elemento incriminatorio que enfrentan los acusados es la declaración del captor, es decir, del policía que participó en su detención.
La imágenes tomadas por la Prensa y que sirvieron de base para la acusación fiscal reproduce el momento del intercambio de piedras, palos, balas y gases lacrimógenos, pero en ningún caso muestra a cada uno de los acusados participando en los hechos de violencia que se les imputan.
Sobrada experiencia existe en el país de pruebas prefabricadas o cargos que se le atribuyen a una persona, donde no existen más declaraciones de testigos presenciales que las de los policías que participan en el operativo de detención.
Suele ocurrir en redadas colectivas que la misma confusión que provocan los desórdenes conduce a la detención de una persona por el simple hecho de encontrarse formando parte de un grupo que participa en la protesta.
Es el caso de Haydée Chicas, joven universitaria, estudiante de periodismo, que al momento de su detención se desempeñaba como Directora de Comunicaciones de CRIPDES y a la que la Jueza le atribuye el delito de actos de terrorismo.
¿Qué base testimonial tiene la señora Jueza para respaldar semejante acusación?
Haydée no sólo portaba su credencial de comunicadora social sino que fue detenida con su equipo de trabajo, equipo que bajo ninguna circunstancia puede ser considerado como armamento letal.
En el escrito la jueza Ana Lucila Fuentes refiere que Haydée aparece vinculada en el hecho por los mismos testigos de los otros detenidos y como parte del grupo que se conducía en un vehículo desde el que se agrede a miembros de la PNC.
Aparte de la incriminación que hace el agente captor, no existe ningún otro elemento que la vincule con los hechos y menos que demuestre que su intención era la de provocar estados de alarma, temor o terror en la población, al poner en peligro la vida de los policías que le dieron persecución, afectar bienes materiales de significativa consideración o importancia y menos alterar el sistema democrático o la seguridad del estado o la paz internacional.
¿Qué juzgadora es esa que no valora la prueba presentada por el Ministerio Público y se limita a atribuir una conducta delictiva a una periodista en ejercicio basándose únicamente en el criterio del captor?
Aparte de la privación de libertad a la que ha sido sometida Haydée Chicas, la representación fiscal y la Jueza Lucila Fuentes han dañado su imagen profesional, su honor y su dignidad atribuyéndole un delito que no ha sido debidamente comprobado.
El Presidente Saca dijo, más por compromiso que por convicción, que revisará el caso de la Directora de Comunicaciones de CRIPDES, dejando la sensación que al margen de su oficio de periodista, Haydée debe enfrentar la ley al igual que los otros detenidos. Hoy resulta que para hacer frente a la avalancha de críticas que la ley antiterrorista viene provocando desde hace algún tiempo y que la decisión de la jueza Fuentes de Paz ha reforzado, Saca propone elevar las penas para los delitos de desórdenes públicos y agrupaciones ilícitas que ya contempla la Legislación Penal existente.
En el caso de los desórdenes públicos, el código procesal penal establece una pena de dos a cuatro años de cárcel, tiempo que según el gobierno es muy corto en relación al mensaje que se pretende enviar con la aplicación de la ley.
Ya el Viceministro Escalante se ha pronunciado por aumentar la sanción para este delito a 15 años de cárcel, más tiempo en prisión que el que podría enfrentar un acusado de defraudar la economía pública o cometer cualquier otro acto de corrupción.
No cabe duda que para el gobierno, especialmente para el gabinete de Seguridad, la delincuencia se combate con el endurecimiento de las leyes y no tanto con una mayor labor de prevención de la criminalidad y el fortalecimiento de la capacidad investigativo de los órganos auxiliares de la administración de justicia, tal como lo ha recomendado la comisión para la paz social y la seguridad ciudadana. En el fondo, lo que se busca es no dejar ni una tan sola rendija a la protesta social por la cual pueda fluir.
Desde un principio, desde que se aprobó la Ley contra el terrorismo, el propósito del gobierno y de los partidos de la derecha que dieron sus votos en el pleno fue criminalizar la protesta pública y la movilización social.
Al proponer más años de cárcel para los desórdenes públicos no sólo se busca institucionalizar el terror y el autoritarismo de estado sino también provocar una respuesta desbordada del movimiento social que le conduzca a su radicalización y aislamiento. Después de todo al gobierno y su presidente no le preocupa la suerte que puedan correr los detenidos en Suchitoto o cualquier otro manifestante vinculado a la izquierda que desee expresar su descontento por las políticas públicas emprendidas desde el Ejecutivo. Tampoco le preocupa si a Mario Belloso le caen 30, 50 ó 75 años de cárcel como ha pedido la Fiscalía. Menos le interesa quiénes son sus cómplices y desarticular las supuestas estructuras armadas de las que podría formar parte.
El interés del gobierno está puesto en el juicio político de sus adversarios y en el descrédito de la oposición. Y si para ello hay necesidad, como en el pasado, de recurrir al miedo, la descalificación se convertirá en el ingrediente de un ajustado mecanismo de lucha política electoral en el que los Medios de Comunicación jugarán un papel esencial.
En el escrito la jueza Ana Lucila Fuentes refiere que Haydée aparece vinculada en el hecho por los mismos testigos de los otros detenidos y como parte del grupo que se conducía en un vehículo desde el que se agrede a miembros de la PNC.
Aparte de la incriminación que hace el agente captor, no existe ningún otro elemento que la vincule con los hechos y menos que demuestre que su intención era la de provocar estados de alarma, temor o terror en la población, al poner en peligro la vida de los policías que le dieron persecución, afectar bienes materiales de significativa consideración o importancia y menos alterar el sistema democrático o la seguridad del estado o la paz internacional.
¿Qué juzgadora es esa que no valora la prueba presentada por el Ministerio Público y se limita a atribuir una conducta delictiva a una periodista en ejercicio basándose únicamente en el criterio del captor?
Aparte de la privación de libertad a la que ha sido sometida Haydée Chicas, la representación fiscal y la Jueza Lucila Fuentes han dañado su imagen profesional, su honor y su dignidad atribuyéndole un delito que no ha sido debidamente comprobado.
El Presidente Saca dijo, más por compromiso que por convicción, que revisará el caso de la Directora de Comunicaciones de CRIPDES, dejando la sensación que al margen de su oficio de periodista, Haydée debe enfrentar la ley al igual que los otros detenidos. Hoy resulta que para hacer frente a la avalancha de críticas que la ley antiterrorista viene provocando desde hace algún tiempo y que la decisión de la jueza Fuentes de Paz ha reforzado, Saca propone elevar las penas para los delitos de desórdenes públicos y agrupaciones ilícitas que ya contempla la Legislación Penal existente.
En el caso de los desórdenes públicos, el código procesal penal establece una pena de dos a cuatro años de cárcel, tiempo que según el gobierno es muy corto en relación al mensaje que se pretende enviar con la aplicación de la ley.
Ya el Viceministro Escalante se ha pronunciado por aumentar la sanción para este delito a 15 años de cárcel, más tiempo en prisión que el que podría enfrentar un acusado de defraudar la economía pública o cometer cualquier otro acto de corrupción.
No cabe duda que para el gobierno, especialmente para el gabinete de Seguridad, la delincuencia se combate con el endurecimiento de las leyes y no tanto con una mayor labor de prevención de la criminalidad y el fortalecimiento de la capacidad investigativo de los órganos auxiliares de la administración de justicia, tal como lo ha recomendado la comisión para la paz social y la seguridad ciudadana. En el fondo, lo que se busca es no dejar ni una tan sola rendija a la protesta social por la cual pueda fluir.
Desde un principio, desde que se aprobó la Ley contra el terrorismo, el propósito del gobierno y de los partidos de la derecha que dieron sus votos en el pleno fue criminalizar la protesta pública y la movilización social.
Al proponer más años de cárcel para los desórdenes públicos no sólo se busca institucionalizar el terror y el autoritarismo de estado sino también provocar una respuesta desbordada del movimiento social que le conduzca a su radicalización y aislamiento. Después de todo al gobierno y su presidente no le preocupa la suerte que puedan correr los detenidos en Suchitoto o cualquier otro manifestante vinculado a la izquierda que desee expresar su descontento por las políticas públicas emprendidas desde el Ejecutivo. Tampoco le preocupa si a Mario Belloso le caen 30, 50 ó 75 años de cárcel como ha pedido la Fiscalía. Menos le interesa quiénes son sus cómplices y desarticular las supuestas estructuras armadas de las que podría formar parte.
El interés del gobierno está puesto en el juicio político de sus adversarios y en el descrédito de la oposición. Y si para ello hay necesidad, como en el pasado, de recurrir al miedo, la descalificación se convertirá en el ingrediente de un ajustado mecanismo de lucha política electoral en el que los Medios de Comunicación jugarán un papel esencial.
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