Co-Latino
A la hora de redactar este editorial, aún no se tenía información sobre la resolución de una Cámara de Segunda Instancia, sobre la apelación que los abogados interpusieron, a favor de los reos políticos, capturados el 2 de julio, en Suchitoto, lo que esperamos, sea favorable para los prisioneros, por cuestión de justicia, y porque, hasta los mismos promotores han entrado en contradicciones.
Ahora resulta que los defensores de aplicar la Ley Antiterrorista, es decir, la jefatura de la Policía Nacional Civil, y el Ministerio de Seguridad Pública, se echan para atrás, y le tiran la pelota a la Fiscalía, para distanciarse de la mala aplicación de dicha Ley.
Y no sólo no están tratando de desligarse, sino que le echan la culpa a la Fiscalía. Por cierto, el Fiscal General, Félix Garrid Safie, en su afán de no dejar en evidencia, no sólo la ineptitud de la entidad, en el manejo del caso, sino las implicaciones políticas, ha insistido que los capturados en Suchitoto, cometieron “actos de terrorismo”.
Por supuesto que la marcha atrás de la jefatura de la PNC y del Ministerio de Seguridad Pública, no es porque se dieron cuenta de que se aplicó erróneamente la Ley, pues esto lo sabían desde un principio. Lo que les ha llevado a esa postura es la respuesta de rechazo nacional e internacional. Como ya lo apuntamos en un editorial anterior, hasta Amnistía Internacional emitió un comunicado oficial, en el que reflejaba su preocupación por las capturas.
Es decir, el revuelo ha sido tal, que los abanderados de detener el movimiento popular, mediante la Ley Antiterrorista, están hasta pidiendo la revisión de la misma. Claro, también es cierto que en su afán de corregir el yerro, están pensando en cometer otros, al solicitar reformar los Códigos Penales, para aplicarles más penas a los protestantes sociales, que a los mismos asesinos. Obviamente, así como se está derrotando la Ley Antiterrorista, la razón y la justicia, se encargarán de evitar otro absurdo jurídico. Así sea.
A la hora de redactar este editorial, aún no se tenía información sobre la resolución de una Cámara de Segunda Instancia, sobre la apelación que los abogados interpusieron, a favor de los reos políticos, capturados el 2 de julio, en Suchitoto, lo que esperamos, sea favorable para los prisioneros, por cuestión de justicia, y porque, hasta los mismos promotores han entrado en contradicciones.
Ahora resulta que los defensores de aplicar la Ley Antiterrorista, es decir, la jefatura de la Policía Nacional Civil, y el Ministerio de Seguridad Pública, se echan para atrás, y le tiran la pelota a la Fiscalía, para distanciarse de la mala aplicación de dicha Ley.
Y no sólo no están tratando de desligarse, sino que le echan la culpa a la Fiscalía. Por cierto, el Fiscal General, Félix Garrid Safie, en su afán de no dejar en evidencia, no sólo la ineptitud de la entidad, en el manejo del caso, sino las implicaciones políticas, ha insistido que los capturados en Suchitoto, cometieron “actos de terrorismo”.
Por supuesto que la marcha atrás de la jefatura de la PNC y del Ministerio de Seguridad Pública, no es porque se dieron cuenta de que se aplicó erróneamente la Ley, pues esto lo sabían desde un principio. Lo que les ha llevado a esa postura es la respuesta de rechazo nacional e internacional. Como ya lo apuntamos en un editorial anterior, hasta Amnistía Internacional emitió un comunicado oficial, en el que reflejaba su preocupación por las capturas.
Es decir, el revuelo ha sido tal, que los abanderados de detener el movimiento popular, mediante la Ley Antiterrorista, están hasta pidiendo la revisión de la misma. Claro, también es cierto que en su afán de corregir el yerro, están pensando en cometer otros, al solicitar reformar los Códigos Penales, para aplicarles más penas a los protestantes sociales, que a los mismos asesinos. Obviamente, así como se está derrotando la Ley Antiterrorista, la razón y la justicia, se encargarán de evitar otro absurdo jurídico. Así sea.
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