San Salvador, 11 jul (PL) Organizaciones sindicales salvadoreñas exigieron hoy la derogación de la Ley Antiterrorista, por considerarla "una maniobra de persecución de la derecha" contra el pueblo.
El Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS) y el Sindicato de Estudiantes y Trabajadores de la Universidad de El Salvador rechazaron los actos de represión del 2 de julio en Suchitoto.
Ese día, el presidente Antonio Saca anunciaría en el poblado de Suchitoto, al norte de esta capital, un proyecto de descentralización del agua potable.
Ante el anuncio, pobladores y organizaciones civiles realizaron una manifestación pacífica por considerar la iniciativa gubernamental como privatizadora.
Sin embargo, activistas de la protesta afirmaron que la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) y otras fuerzas de la policía dispersaron por la fuerza la manifestación lanzando balas de goma, y gas pimienta.
Como resultado de las acciones policiales, 14 personas fueron detenidas y acusadas por actos de terrorismo.
En tal sentido, Jaime Avalos, miembro del STISSS, advirtió que las marchas de los movimientos sociales no se pueden catalogar como actos de terrorismo.
Aseguró que los objetivos de las protestas del pueblo por sus reivindicaciones son tergiversados cuando la UMO de manera impositiva lo reprime y golpea sin justificación.
María Silvia Guillén, directora de la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho alertaba en marzo último, que la normativa aprobada en noviembre de 2006, es una herramienta que el gobierno puede utilizar contra el movimiento social y la sociedad civil.
Aseguró entonces, que través de la citada ley, al prohibir la libre reunión, las autoridades no permitirían a la población manifestar su inconformidad con la violación de sus derechos económicos, sociales y políticos.
El Salvador se ha convertido con esa legislación en un estado de sitio permanente, donde cualquier expresión de protesta contra las autoridades puede terminar en captura y cárcel con condenas muy severas de hasta 60 años, afirmó.
El Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS) y el Sindicato de Estudiantes y Trabajadores de la Universidad de El Salvador rechazaron los actos de represión del 2 de julio en Suchitoto.
Ese día, el presidente Antonio Saca anunciaría en el poblado de Suchitoto, al norte de esta capital, un proyecto de descentralización del agua potable.
Ante el anuncio, pobladores y organizaciones civiles realizaron una manifestación pacífica por considerar la iniciativa gubernamental como privatizadora.
Sin embargo, activistas de la protesta afirmaron que la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) y otras fuerzas de la policía dispersaron por la fuerza la manifestación lanzando balas de goma, y gas pimienta.
Como resultado de las acciones policiales, 14 personas fueron detenidas y acusadas por actos de terrorismo.
En tal sentido, Jaime Avalos, miembro del STISSS, advirtió que las marchas de los movimientos sociales no se pueden catalogar como actos de terrorismo.
Aseguró que los objetivos de las protestas del pueblo por sus reivindicaciones son tergiversados cuando la UMO de manera impositiva lo reprime y golpea sin justificación.
María Silvia Guillén, directora de la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho alertaba en marzo último, que la normativa aprobada en noviembre de 2006, es una herramienta que el gobierno puede utilizar contra el movimiento social y la sociedad civil.
Aseguró entonces, que través de la citada ley, al prohibir la libre reunión, las autoridades no permitirían a la población manifestar su inconformidad con la violación de sus derechos económicos, sociales y políticos.
El Salvador se ha convertido con esa legislación en un estado de sitio permanente, donde cualquier expresión de protesta contra las autoridades puede terminar en captura y cárcel con condenas muy severas de hasta 60 años, afirmó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario