lunes, julio 16, 2007

Gobierno salvadoreño busca legalizar represión contra protestas

San Salvador, 16 jul (PL) El gobierno salvadoreño busca crear un mecanismo legal que respalde la represión contra las manifestaciones populares, alertó hoy el vocero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Sigfrido Reyes.

El pronunciamiento del representante del principal partido de la oposición ocurre luego de que el presidente del país, Antonio Saca, anunciara un paquete de reformas al Código Penal para que los desórdenes públicos sean sancionados duramente con la cárcel.


Para el gobernante, dentro esta figura están las manifestaciones que obstruyen calles y carreteras, tomas de edificios estatales, así como daños a la propiedad social y privada.

Según el viceministro de Seguridad, Astor Escalante, la reforma contemplará penas de hasta 15 años de cárcel, ya que la legislación vigente impone sanciones de seis meses y cuatro años, según la gravedad del hecho.

Sin embargo, ya está en práctica la criticada Ley Contra Actos de Terrorismo, con la cual el gobierno también reprime cualquier descontento de la población que se desborde en manifestaciones o protestas populares, afirma el FMLN.

Actualmente permanecen en la cárcel 12 de los 14 detenidos en el poblado de Suchitoto, al norte de esta capital, quienes protestaban, el 2 de julio último, contra un proyecto privatizador del agua potable.

Todos son acusados por actos de terrorismo, delito que, según la citada normativa, aprobada en noviembre último, recibe sanciones de hasta 75 años de privación de libertad.

La propuesta de Saca también ha suscitado la polémica entre magistrados del país. Según el juez Miguel Angel Cardoza, es necesario establecer las diferencias entre desórdenes públicos y actos de terrorismo.

En la medida que la ley esté más clara -agregó-, el resultado será mejor pues la sociedad debe saber definir en qué momento hay desorden callejero y actos terroristas.

Por su parte, Rosa María Fortín, magistrada de la Sala de lo Penal, recalcó que el incremento de penas no siempre es funcional y que los posibles cambios en los códigos penales se deben basar en la gravedad de los delitos.

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