San Salvados, 19 jul (PL) Organizaciones no gubernamentales (ONGs) salvadoreñas advirtieron hoy que la finalidad del proyecto gubernamental de descentralización del agua potable es transferir los servicios a empresas privadas.
En El Salvador la distribución del agua es un servicio público manejado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
La nueva ley pretende transferirlo en forma progresiva a las alcaldías.
Los representantes de las ONGs explicaron que las municipalidades perderán el control del suministro, en la medida en que no tengan fondos para reparar cañerías y otros elementos relacionados con la admnistración de ese recurso.
Será la justificación -añadieron- para que el gobierno lo pase a manos privadas.
Según Edwin Trejo, representante del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), sólo unas pocas alcaldías están en condiciones de administrar eficientemente el servicio.
Ante esta situación diferentes organizaciones propusieron en julio del 2006 una ley de aguas que propone que sean las alcaldías las encargadas de distribuir el líquido, y a su vez el Estado sea el responsable directo de velar porque llegue a la población.
Sin embargo, Trejo lamentó que hasta el momento no ha habido ningún tipo de consulta sobre el proyecto.
"La descentralización del servicio de agua es un eufemismo, porque saben el rechazo popular que genera la palabra privatización, afirmó recientemente Sigfrido Reyes, dirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el principal partido de la oposición.
"Es una forma de enmascarar una política que en realidad no es más que el camino de la privatización", subrayó.
En El Salvador la distribución del agua es un servicio público manejado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
La nueva ley pretende transferirlo en forma progresiva a las alcaldías.
Los representantes de las ONGs explicaron que las municipalidades perderán el control del suministro, en la medida en que no tengan fondos para reparar cañerías y otros elementos relacionados con la admnistración de ese recurso.
Será la justificación -añadieron- para que el gobierno lo pase a manos privadas.
Según Edwin Trejo, representante del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), sólo unas pocas alcaldías están en condiciones de administrar eficientemente el servicio.
Ante esta situación diferentes organizaciones propusieron en julio del 2006 una ley de aguas que propone que sean las alcaldías las encargadas de distribuir el líquido, y a su vez el Estado sea el responsable directo de velar porque llegue a la población.
Sin embargo, Trejo lamentó que hasta el momento no ha habido ningún tipo de consulta sobre el proyecto.
"La descentralización del servicio de agua es un eufemismo, porque saben el rechazo popular que genera la palabra privatización, afirmó recientemente Sigfrido Reyes, dirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el principal partido de la oposición.
"Es una forma de enmascarar una política que en realidad no es más que el camino de la privatización", subrayó.
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