San Salvador, 17 jul (PL) La criminalización de la protesta social en El Salvador mediante la denominada Ley Antiterrorista y a partir del anunciado endurecimiento del Código Penal continúa hoy generando fuertes críticas contra el gobierno presidido por Antonio Saca.
Según el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, resulta excesivo el incremento de la penalidad con respecto al delito de desórdenes públicos, tal como lo han planteado el Ejecutivo y los partidos de derecha.
En opinión de Luna debe procederse de inmediato a una revisión simultánea de las leyes antiterrorista y contra el crimen organizado.
Una manifestación no es un acto de terrorismo, subrayó el procurador en alusión al sonado caso de los 12 salvadoreños que aún permanecen en prisión desde que fueron arrestados el pasado 2 de julio por protestar contra las políticas privatizadoras del país.
El magistrado respondió así a las declaraciones de Saca, quien anunció la víspera que el Gobierno trabajará en una reforma de ley para aumentar las sanciones contra las demostraciones populares, interpretada aquí como patente de corso para legalizar la represión.
La administración busca crear un mecanismo legal que respalde la represión, alertó el vocero del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Sigfrido Reyes.
Reyes consideró que es más de lo mismo con respecto a la archicuestionada Ley Contra Actos de Terrorismo, con la cual el gobierno reprime cualquier descontento de la población que se desborde en actos masivos de protesta.
A juicio asimismo del rector de Tutela Legal del Arzobispado, Mauricio González, el proceso abierto en contra de los 12 arrestados en la localidad de Suchitoto, al norte de esta capital, viola las libertades y los derechos individuales de los acusados.
De ser condenadas esas personas por el delito de terrorismo podría darse un fallo de hasta 75 años de cárcel, según contempla la impugnada normativa.
Según el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, resulta excesivo el incremento de la penalidad con respecto al delito de desórdenes públicos, tal como lo han planteado el Ejecutivo y los partidos de derecha.
En opinión de Luna debe procederse de inmediato a una revisión simultánea de las leyes antiterrorista y contra el crimen organizado.
Una manifestación no es un acto de terrorismo, subrayó el procurador en alusión al sonado caso de los 12 salvadoreños que aún permanecen en prisión desde que fueron arrestados el pasado 2 de julio por protestar contra las políticas privatizadoras del país.
El magistrado respondió así a las declaraciones de Saca, quien anunció la víspera que el Gobierno trabajará en una reforma de ley para aumentar las sanciones contra las demostraciones populares, interpretada aquí como patente de corso para legalizar la represión.
La administración busca crear un mecanismo legal que respalde la represión, alertó el vocero del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Sigfrido Reyes.
Reyes consideró que es más de lo mismo con respecto a la archicuestionada Ley Contra Actos de Terrorismo, con la cual el gobierno reprime cualquier descontento de la población que se desborde en actos masivos de protesta.
A juicio asimismo del rector de Tutela Legal del Arzobispado, Mauricio González, el proceso abierto en contra de los 12 arrestados en la localidad de Suchitoto, al norte de esta capital, viola las libertades y los derechos individuales de los acusados.
De ser condenadas esas personas por el delito de terrorismo podría darse un fallo de hasta 75 años de cárcel, según contempla la impugnada normativa.
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