COMUNICADO DE PRENSA
ALIANZA CIUDADANA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD ANTE LOS HECHOS OCURRIDOS EN SUCHITOTO EL DÍA 02 DE JULIO DE 2007
Los hechos ocurridos en la Ciudad de Suchitoto el pasado día Lunes 02 de Julio de 2007 en los que diversas Comunidades y organizaciones sociales realizaron una protesta en contra de la privatización del agua en ocasión de la visita que el Presidente de la República realizaría en esta Ciudad para anunciar la Política Nacional de Descentralización del Agua, dio como resultado la intervención de la Policía Nacional Civil a través de unidades elites de esta Institución del Estado con el objetivo de reprimir la acción de protesta.
La intervención de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador, se convirtió en una acción de desmedido y desproporcionado uso de la violencia en contra de los y las manifestantes, pues la Unidad de Mantenimiento del Orden hizo uso innecesario de gases lacrimógenos, balas de goma, uso de medios aéreos, etc. todo ante personas desarmadas que demandaban la no privatización del servicio de distribución de agua potable.
De estos hechos resultaron catorce personas detenidas por la Policía Nacional Civil, siendo remitidas el pasado día 07 de Julio de 2007 al Tribunal Especial de Instrucción de San Salvador acusados/as por la Fiscalía General de la República de actos de terrorismo y delitos de lesiones y daños. Resolviendo la jueza a cargo del caso remitirlos/as a prisión mientras se desarrolla la etapa de instrucción de este proceso por un período de tres meses.
Por lo anterior; la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud manifiesta:
Que este caso significa una derrota política a las medidas antipopulares impulsadas por el Órgano Ejecutivo por lo que se ve obligado a utilizar la fuerza para acallar el rechazo a sus políticas.
Las Organizaciones que forman la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud manifiestan públicamente su solidaridad y apoyo a los/as presos/as políticos de este proceso judicial.
A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:
1. Rechazamos la acusación de actos de terrorismo planteada por la Fiscalía General de la República en contra de los/as Ciudadanos/as ahora procesadas, pues es nuestra convicción que la manifestación y protesta ciudadana realizada no fue más que la concreción y derivación del ejercicio del derecho constitucional de manifestarse y reunirse pacíficamente sin armas, derecho que se ejercía en ese momento.
AL ÓRGANO EJECUTIVO
1. Demandamos el abandono de la práctica de usar este caso con fines propagandísticos, partidistas y electorales a través de los medios de comunicación.
2. Respeto al principio de independencia judicial para así garantizar; en este caso, un proceso judicial en estricto apego a nuestra ley fundamental, sin presiones externas.
AL ÓRGANO JUDICIAL:
1. Resolver este caso en estricto apego a la norma constitucional como premisa de su decisión.
2. Se actúe en este caso en estricto apego al principio de independencia judicial;es decir, subordinando las decisiones de este proceso únicamente a la ley, asegurando que no existan influencias y presiones a los Juzgadores/as a cargo de esta proceso de poderes externos y ajenos.
A LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
1. Pronunciarse en defensa de los derechos humanos fundamentales consagrados en nuestra Constitución relativos al ejercicio del derecho de manifestarse en forma pacífica sin que ello constituya delito.
2. Realizar los actos institucionales necesarios para salvaguardar los Derechos Humanos de los/as Ciudadanos/as procesados/as.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1. A guardar fidelidad a su deber de brindar información veraz, oportuna e imparcial a fin de garantizar a la población su derecho a estar informada.
2. Pronunciarse por la comunicadora capturada en el ejercicio de sus actividades profesionales y hoy encausada por actos de terrorismo.
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL:
ALIANZA CIUDADANA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD ANTE LOS HECHOS OCURRIDOS EN SUCHITOTO EL DÍA 02 DE JULIO DE 2007
Los hechos ocurridos en la Ciudad de Suchitoto el pasado día Lunes 02 de Julio de 2007 en los que diversas Comunidades y organizaciones sociales realizaron una protesta en contra de la privatización del agua en ocasión de la visita que el Presidente de la República realizaría en esta Ciudad para anunciar la Política Nacional de Descentralización del Agua, dio como resultado la intervención de la Policía Nacional Civil a través de unidades elites de esta Institución del Estado con el objetivo de reprimir la acción de protesta.
La intervención de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador, se convirtió en una acción de desmedido y desproporcionado uso de la violencia en contra de los y las manifestantes, pues la Unidad de Mantenimiento del Orden hizo uso innecesario de gases lacrimógenos, balas de goma, uso de medios aéreos, etc. todo ante personas desarmadas que demandaban la no privatización del servicio de distribución de agua potable.
De estos hechos resultaron catorce personas detenidas por la Policía Nacional Civil, siendo remitidas el pasado día 07 de Julio de 2007 al Tribunal Especial de Instrucción de San Salvador acusados/as por la Fiscalía General de la República de actos de terrorismo y delitos de lesiones y daños. Resolviendo la jueza a cargo del caso remitirlos/as a prisión mientras se desarrolla la etapa de instrucción de este proceso por un período de tres meses.
Por lo anterior; la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud manifiesta:
Que este caso significa una derrota política a las medidas antipopulares impulsadas por el Órgano Ejecutivo por lo que se ve obligado a utilizar la fuerza para acallar el rechazo a sus políticas.
Las Organizaciones que forman la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud manifiestan públicamente su solidaridad y apoyo a los/as presos/as políticos de este proceso judicial.
A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:
1. Rechazamos la acusación de actos de terrorismo planteada por la Fiscalía General de la República en contra de los/as Ciudadanos/as ahora procesadas, pues es nuestra convicción que la manifestación y protesta ciudadana realizada no fue más que la concreción y derivación del ejercicio del derecho constitucional de manifestarse y reunirse pacíficamente sin armas, derecho que se ejercía en ese momento.
AL ÓRGANO EJECUTIVO
1. Demandamos el abandono de la práctica de usar este caso con fines propagandísticos, partidistas y electorales a través de los medios de comunicación.
2. Respeto al principio de independencia judicial para así garantizar; en este caso, un proceso judicial en estricto apego a nuestra ley fundamental, sin presiones externas.
AL ÓRGANO JUDICIAL:
1. Resolver este caso en estricto apego a la norma constitucional como premisa de su decisión.
2. Se actúe en este caso en estricto apego al principio de independencia judicial;es decir, subordinando las decisiones de este proceso únicamente a la ley, asegurando que no existan influencias y presiones a los Juzgadores/as a cargo de esta proceso de poderes externos y ajenos.
A LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
1. Pronunciarse en defensa de los derechos humanos fundamentales consagrados en nuestra Constitución relativos al ejercicio del derecho de manifestarse en forma pacífica sin que ello constituya delito.
2. Realizar los actos institucionales necesarios para salvaguardar los Derechos Humanos de los/as Ciudadanos/as procesados/as.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1. A guardar fidelidad a su deber de brindar información veraz, oportuna e imparcial a fin de garantizar a la población su derecho a estar informada.
2. Pronunciarse por la comunicadora capturada en el ejercicio de sus actividades profesionales y hoy encausada por actos de terrorismo.
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL:
1. Les llamamos a mantenerse vigilantes ante este suceso y realizar acciones en favor del respeto a los derechos fundamentales en El Salvador y a favor de la democracia.
Finalmente la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud ratificamos nuestro compromiso de seguir luchando contra la privatización de la salud, del agua así como de acompañar todos los esfuerzos justos que afecten la vida de las poblaciones mas vulnerables del país.
San Salvador, 10 de Julio del 2007.
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