Editorial de Mauricio Funes
Programa Sin Censura – Radio Cadena Mi Gente (700 AM)
Qué hay detrás de la decisión del gobierno de aumentar las penas para delitos que tienen que ver con la paz pública?
Personalmente, no creo que el Presidente y su gabinete de seguridad estén preocupados por el clima de intranquilidad ciudadana que se respira en el ambiente…
Si así fuera, caerían en la cuenta que en este caso la medicina puede resultar peor que la enfermedad.
Hay analistas políticos y académicos que sostienen que aumentar la punitividad de las leyes para enfrentar los delitos relativos a la paz pública conduce a un estado de mayor violencia social que el que se pretende evitar con el endurecimiento de las penas.
Hasta ahora, el código penal castiga con sanción de dos a cuatro años de cárcel los llamados desórdenes públicos.
El articulo 348 del Código Penal dice: “Los que actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública alteraren el orden público, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas o invadieren instalaciones o edificios a fin de provocar desórdenes públicos, serán sancionados con prisión de dos a cuatro años”.
El gobierno considera que así formulado el delito y castigado con apenas un máximo de cuatro años de cárcel constituye una invitación a la provocación de desórdenes que lesionan derechos de terceros y que ponen en peligro la vida de las personas.
Según el Presidente Saca, hay necesidad de poner orden y evitar que se continúen cometiendo abusos en nombre de la libertad de expresión y manifestación.
El mandatario y algunos de sus funcionarios creen en la efectividad de la “mano dura” y de ahí que la mayor parte de sus propuestas para frenar la delincuencia y reducir el clima de violencia que existen en el país han tenido que ver hasta ahora con medidas penales.
Incluso, Saca es de la opinión que para que se respete la propiedad privada y pública en cualquier manifestación de protesta es preciso que se institucionalice la legalidad.
El problema del Presidente y sus asesores es que parten del preconcepto que cuando un grupo de personas se expresan o se manifiestan públicamente en rechazo a una medida del gobierno lo hacen porque en el fondo no han renunciado a la violencia.
El tercer considerando del proyecto de reforma al código penal que ha sido presentado a la Asamblea Legislativa asegura que “se ha demostrado que en nuestra sociedad so pretexto del ejercicio del derecho a expresarse o manifestarse se están empleando medios violentos que afectan derechos fundamentales” Es cierto que en algunas manifestaciones la violencia surge de entre algunos de los manifestantes y acaba contaminando la naturaleza reivindicativa de la protesta.
Es el caso, por ejemplo, de algunos que portando palos y piedras, cubiertos de sus rostros, agraden a personas y dañan vitrales de negocios, casetas telefónicas y hasta vehículos de particulares…
Programa Sin Censura – Radio Cadena Mi Gente (700 AM)
Qué hay detrás de la decisión del gobierno de aumentar las penas para delitos que tienen que ver con la paz pública?
Personalmente, no creo que el Presidente y su gabinete de seguridad estén preocupados por el clima de intranquilidad ciudadana que se respira en el ambiente…
Si así fuera, caerían en la cuenta que en este caso la medicina puede resultar peor que la enfermedad.
Hay analistas políticos y académicos que sostienen que aumentar la punitividad de las leyes para enfrentar los delitos relativos a la paz pública conduce a un estado de mayor violencia social que el que se pretende evitar con el endurecimiento de las penas.
Hasta ahora, el código penal castiga con sanción de dos a cuatro años de cárcel los llamados desórdenes públicos.
El articulo 348 del Código Penal dice: “Los que actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública alteraren el orden público, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas o invadieren instalaciones o edificios a fin de provocar desórdenes públicos, serán sancionados con prisión de dos a cuatro años”.
El gobierno considera que así formulado el delito y castigado con apenas un máximo de cuatro años de cárcel constituye una invitación a la provocación de desórdenes que lesionan derechos de terceros y que ponen en peligro la vida de las personas.
Según el Presidente Saca, hay necesidad de poner orden y evitar que se continúen cometiendo abusos en nombre de la libertad de expresión y manifestación.
El mandatario y algunos de sus funcionarios creen en la efectividad de la “mano dura” y de ahí que la mayor parte de sus propuestas para frenar la delincuencia y reducir el clima de violencia que existen en el país han tenido que ver hasta ahora con medidas penales.
Incluso, Saca es de la opinión que para que se respete la propiedad privada y pública en cualquier manifestación de protesta es preciso que se institucionalice la legalidad.
El problema del Presidente y sus asesores es que parten del preconcepto que cuando un grupo de personas se expresan o se manifiestan públicamente en rechazo a una medida del gobierno lo hacen porque en el fondo no han renunciado a la violencia.
El tercer considerando del proyecto de reforma al código penal que ha sido presentado a la Asamblea Legislativa asegura que “se ha demostrado que en nuestra sociedad so pretexto del ejercicio del derecho a expresarse o manifestarse se están empleando medios violentos que afectan derechos fundamentales” Es cierto que en algunas manifestaciones la violencia surge de entre algunos de los manifestantes y acaba contaminando la naturaleza reivindicativa de la protesta.
Es el caso, por ejemplo, de algunos que portando palos y piedras, cubiertos de sus rostros, agraden a personas y dañan vitrales de negocios, casetas telefónicas y hasta vehículos de particulares…
Para estas conductas claramente vandálicas y delictivas existen figuras penales que bien podrían ser observadas y aplicadas por la Policía.
Nadie en su sano juicio se opondrá a que estos agresores sean detenidos por las fuerzas de seguridad pública y acaben siendo procesados por los administradores de justicia.
El individuo que aprovechando el clima de confusión que se puede crear en una protesta pública atenta contra la vida de una persona debe ir a parar a la cárcel. Por su puesto que la intensidad de la sanción debe estar en proporción a la lesividad del bien jurídico dañado.
Nosotros estamos de acuerdo que el ejercicio de un derecho no puede llevar a la perturbación o violación de otros derechos.
Sin embargo, la legalidad no se hace respetar únicamente cuando se aumentan las sanciones para los infractores de la ley, y menos cuando la intención de incrementarlas no está directamente relacionada con la construcción de un clima de tranquilidad ciudadana y convivencia colectiva.
Las protestas de los ciudadanos no surgen porque hayan unos cuantos que deseen aprovecharse de éstas para delinquir.
La manifestación pública de una protesta proviene de la firme convicción ciudadana de que las políticas diseñadas por el gobierno no resuelven los problemas fundamentales del país y que es necesario darle a este rechazo una dimensión pública para que sea del conocimiento del gobernante. Sólo en los regímenes autoritarios es que no se permite la protesta pública y sólo en este tipo de regímenes es que la protesta, cuando aparece, acaba siendo criminalizada.
Si los ciudadanos optan por salir a las calles para hacerse escuchar es porque el gobernante no ha tenido la habilidad política de imponer sus políticas y medidas de gobierno basándose en el consenso.
La imposición autoritaria, sobre todo, en sociedades que han demostrado tener un rechazo histórico al autoritarismo, termina generando un clima de mayor violencia social.
La tranquilidad y la armonía social no se alcanzan pasando por alto las causas de la insatisfacción ciudadana que llevan a los conglomerados sociales a expresarse. Eso es como poner la carreta delante de los bueyes.
El gobierno de ARENA quiere combatir los excesos, las transgresiones a la ley, dejando intacta la conflictividad social que en parte las originan. Y esta conflictividad no es producto, como cree el gabinete de seguridad, de la manipulación política que puede hacerse de un estado de insatisfacción ciudadana.
Casi 20 años de políticas públicas empujadas desde una opción excluyente, que ha puesto en primer plano los intereses de unos cuantos, no pueden más que provocar un estado de insatisfacción que busca en la válvula de la protesta ciudadana un escape a la dura realidad que la población enfrenta.
Permitirles a las personas que se expresen libremente y que manifiesten esta insatisfacción puede conducir a un cuestionamiento generalizado de la forma cómo se ha venido manejando el Estado.
Situación que puede llevar a que la población caiga en la cuenta, de forma cada vez más conciente, que más que poner la carreta delante de los bueyes, hay que poner a otros que jalen la carreta en un rumbo diferente.
Nadie en su sano juicio se opondrá a que estos agresores sean detenidos por las fuerzas de seguridad pública y acaben siendo procesados por los administradores de justicia.
El individuo que aprovechando el clima de confusión que se puede crear en una protesta pública atenta contra la vida de una persona debe ir a parar a la cárcel. Por su puesto que la intensidad de la sanción debe estar en proporción a la lesividad del bien jurídico dañado.
Nosotros estamos de acuerdo que el ejercicio de un derecho no puede llevar a la perturbación o violación de otros derechos.
Sin embargo, la legalidad no se hace respetar únicamente cuando se aumentan las sanciones para los infractores de la ley, y menos cuando la intención de incrementarlas no está directamente relacionada con la construcción de un clima de tranquilidad ciudadana y convivencia colectiva.
Las protestas de los ciudadanos no surgen porque hayan unos cuantos que deseen aprovecharse de éstas para delinquir.
La manifestación pública de una protesta proviene de la firme convicción ciudadana de que las políticas diseñadas por el gobierno no resuelven los problemas fundamentales del país y que es necesario darle a este rechazo una dimensión pública para que sea del conocimiento del gobernante. Sólo en los regímenes autoritarios es que no se permite la protesta pública y sólo en este tipo de regímenes es que la protesta, cuando aparece, acaba siendo criminalizada.
Si los ciudadanos optan por salir a las calles para hacerse escuchar es porque el gobernante no ha tenido la habilidad política de imponer sus políticas y medidas de gobierno basándose en el consenso.
La imposición autoritaria, sobre todo, en sociedades que han demostrado tener un rechazo histórico al autoritarismo, termina generando un clima de mayor violencia social.
La tranquilidad y la armonía social no se alcanzan pasando por alto las causas de la insatisfacción ciudadana que llevan a los conglomerados sociales a expresarse. Eso es como poner la carreta delante de los bueyes.
El gobierno de ARENA quiere combatir los excesos, las transgresiones a la ley, dejando intacta la conflictividad social que en parte las originan. Y esta conflictividad no es producto, como cree el gabinete de seguridad, de la manipulación política que puede hacerse de un estado de insatisfacción ciudadana.
Casi 20 años de políticas públicas empujadas desde una opción excluyente, que ha puesto en primer plano los intereses de unos cuantos, no pueden más que provocar un estado de insatisfacción que busca en la válvula de la protesta ciudadana un escape a la dura realidad que la población enfrenta.
Permitirles a las personas que se expresen libremente y que manifiesten esta insatisfacción puede conducir a un cuestionamiento generalizado de la forma cómo se ha venido manejando el Estado.
Situación que puede llevar a que la población caiga en la cuenta, de forma cada vez más conciente, que más que poner la carreta delante de los bueyes, hay que poner a otros que jalen la carreta en un rumbo diferente.
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