jueves, julio 12, 2007

¡Saltó la liebre!

Publicado en Co-Latino
Editorial de Mauricio Funes –
Programa Sin Censura de Radio Cadena Mi Gente (7:00 A.M.)

Hoy estamos claros hacia donde apuntaba la campaña mediática lanzada por el gobierno y el partido ARENA en relación al caso de la captura de Belloso y las incriminaciones que este ha hecho en contra de algunos dirigentes del FMLN.

El lunes de la semana pasada en la ciudad de Suchitoto y sus alrededores, agentes de la Unidad Antimotines de la PNC se enfrentaron a pobladores y activistas de organizaciones sociales que protestaban en contra de la privatización del servicio de agua potable.


Tuvieran o no la razón en creer que detrás del esfuerzo gubernamental por la descentralización del agua se esconde un plan privatizador, a las comunidades no se les puede negar el derecho a expresar su oposición a las políticas públicas que consideran contrarias a su bienestar. La confusión generada aún no ha permitido establecer la forma como iniciaron los hechos.

La Policía asegura que fue agredida con palos y piedras por los manifestantes , éstos en cambio insisten que fue la UMO la que se avalanzó contra las comunidades y las sometió a fuerza de golpes, gases lacrimógenos y disparos de balas de goma. El saldo del enfrentamiento habla por sí mismo: un agente lesionado de un dedo, un casco y un escudo de la UMO destruido frente a más de una veintena de manifestantes heridos y al menos catorce capturados.

Las imágenes de algunos videos caseros que se realizaron en el lugar de los hechos muestran a policías sometiendo con violencia a hombres y mujeres desarmados, así como un inexplicable contingente de efectivos militares que llegaron a reforzar el dispositivo de seguridad montado por la Policía y que se valió de vehículos artillados para perseguir a los campesinos por las veredas y cerros aledaños.

Entre los detenidos se encuentran directivos de CRIPDES, que no participaron directamente en los incidentes y que se conducían en un vehículo cuando fueron interceptados por la Policía y sometidos por la fuerza con la complicidad de un equipo de prensa de la TELECORPORACIÓN.

Otro de los capturados es una estudiante de ultimo año de periodismo que trabajaba como responsable de comunicaciones de esta organización comunitaria y que de nada le sirvió su credencial de prensa para escapar del operativo y la detención policial.

Algunos capturados refieren hechos realmente espeluznantes que los creíamos desterrados de la práctica policial. Cuenta uno de ellos que fue brutalmente golpeado y amenazado con ser lanzando al vacío desde el helicóptero donde fue trasladado por la Policía al centro de detención de Cojutepeque.

Pese a este exceso de fuerza, todos ellos han sido acusados de actos de terrorismo y deberán guardar prisión al menos por tres meses mientras la Fiscalía reúne la evidencia necesaria para demostrar los delitos que les atribuyen.

Según la Jueza Especial contra el Crimen Organizado, Ana Lucila Fuentes de Paz, existen indicios suficientes para confirmar la detención provisional de los imputados, quiénes deberán seguir bajo arresto mientras se depura el expediente construído por la sede regional de la Fiscalía en Cojutepeque.

El argumento que sirve de base a la Jueza en mención es que los detenidos pusieron en grave riesgo la vida o integridad física de funcionarios de gobierno, violando el principio constitucional que garantiza la libre expresión del pensamiento siempre y cuando no altere o subvierta el orden público.

Al momento de individualizar los delitos para cada uno de ellos, la jueza señala en su escrito que la mayoría de ellos agredió con palos y piedras a los agentes de la UMO aunque no establece la relación que existe entre este tipo de agresión y los supuestos actos de terrorismo que les imputa.

La defensa no sólo ha considerado que la decisión de la Jueza Lucila Fuentes no tiene sustento legal sino que ha desestimado las solicitudes hechas a la Fiscalía para que investigue las lesiones provocadas por la Policía a pobladores de Suchitoto, especialmente, contra un anciano que fue sometido a golpes y se encuentra en el hospital en grave estado de salud.

Por donde quiera que se vea, este caso no tiene nada que ver con el terrorismo, salvo que se investigue el uso de la fuerza por parte de los agentes de la UMO, quiénes no agotaron las medidas disuasivas a que obliga el protocolo de actuación de rige las intervenciones policiales en casos de protestas públicas.

La Policía, siguiendo órdenes superiores, no intentó someter por medios pacíficos a los manifestantes. Tampoco se explica la presencia de los efectivos militares, quienes portando armas letales y de grueso calibre participaron del operativo policial sin aparente justificación.

En el balance de los hechos habría que establecer con responsabilidad qué es lo que realmente ha provocado temor en la población y ha alterado el orden público: si los actos de protesta de los ciudadanos o la intervención violenta de la Policía, la detención ilegal de los manifestantes y la resolución sin sentido y criterio jurídico de la Jueza Ana Lucila Fuentes.

En este caso no cabe duda que el Estado busca criminalizar la protesta pública haciendo aparecer cualquier exceso que se pueda cometer por parte de los ciudadanos y sus organizaciones como una acción típicamente terrorista.

El desbalance en el uso de la fuerza fue evidente. Las imágenes registradas en el lugar de los hechos demuestran que algunos elementos de la Policía abusaron de su condición de Fuerza Pública para reprimir a los manifestantes y a cuanta persona se encontrara en los alrededores.

La Jueza no solo desestimó las circunstancias en que ocurrieron los incidentes y pasó por alto estos evidentes abusos de autoridad, sino que ha confundido la reacción de los ciudadanos con crímenes en los que se atenta contra la vida de personas, se provoca la muerte o lesiones graves en éstas, o se desea someter a gobiernos legítimamente constituidos.

La obstrucción al libre tránsito que suponen las piedras colocadas en los caminos de acceso a Suchitoto o la respuesta con piedras y palos que debieron enfrentar policías debidamente entrenados y equipados para ello no pueden ser tipificadas como acciones de terrorismo.

Pretender homologar los hechos del pasado Lunes 2 de Julio con los ataques a las Torres Gemelas en Estados Unidos, el derribo de aviones comerciales, o las muertes provocadas en el atentado a una estación ferroviaria en Madrid no aguanta el más mínimo sustento jurídico, ni siquiera la lógica común. ¿Quiénes acaban siendo los terroristas entonces: los que protestan legítimamente en defensa de sus intereses o los que orillan y criminalizan la protesta pública haciendo gala de un evidente autoritarismo institucional?

¿Quién infunde más temor a la población: aquellos que se defienden de la agresión policial, pudiendo utilizar palos y piedras para ese fin, o los que capturan a diestra y siniestra hombres y mujeres, muchos de ellos ancianos indefensos, y amenazan con utilizar todo el aparato jurídico represivo en su contra para intimidar y coaccionar al movimiento social y comunitario?

¿Son terroristas las organizaciones sociales que tienen existencia jurídica reconocida por el estado o quiénes, organizados desde el aparato público de seguridad recurren al uso desproporcionado e injustificado de la fuerza policial? ¿Quiénes buscan infundir temor a la población: los ciudadanos que protestan por la privatización del agua, por la escasez de medicinas en los hospitales públicos, que luchan por el aumento de sus pensiones, o más recientemente, por la puesta en libertad de los primeros presos políticos desde los Acuerdos de Paz o aquellos que montan campañas de terror desde los grandes medios de comunicación y omiten deliberadamente los abusos de poder registrados en Suchitoto? Y qué decir del efecto que se busca provocar en la población al pasar por alto las fallas al debido proceso cometidas en la captura de Mario Belloso y en su remisión al juez de instrucción con tal de realizar un juicio político que desacredite a la izquierda independientemente de la verdad judicial que se pueda establecer en este caso?

La opción entre libertad y comunismo que según el Presidente Saca estará en juego en las próximas elecciones, más bien debería plantearse como una opción entre el autoritarismo de estado y la existencia del estado de derecho.

La vuelta al pasado no tiene que ver únicamente con las reminiscencias de células armadas, supuestamente vinculadas a la izquierda como asegura el Gobierno. La vuelta al pasado tiene que ver sobre todo con una práctica autoritaria de estado que vende la imagen de una izquierda presa de sus antiguos demonios, que busca anular cualquier oposición a las políticas públicas, que criminaliza las protestas ciudadanas, pero sobre todo, que deliberadamente está orillando al movimiento social para sacar provecho político de su radicalización.

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