Odalys Troya Flores
Redacción Central, 12 jul (PL) Gran polémica y creciente rechazo generó la Ley contra actos de terrorismo en El Salvador cuando estaba aún en estado embrionario.
Y no era para menos. La incipiente aplicación de la normativa del oficialista Alianza Republicana Nacionalista, que finalmente el Congreso aprobó en noviembre de 2006, mantiene hoy al país centroamericano en un estado de incertidumbre e indignación.
Primero, con los disturbios del pasado 12 de mayo en el centro capitalino, cuando agentes policiales iniciaron el desalojo y decomiso de mercancías a comerciantes de CDs y DVDs.
El hecho provocó reacciones de protesta de supuestos vendedores informales (como incendio de automóviles y saqueos de comercios) las cuales fueron contrarrestadas por unos 200 miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO).
Los agentes lanzaron gases lacrimógenos, de pimienta, así como balas de goma. El saldo: varias personas intoxicadas y 11 comerciantes detenidos acusados por el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador bajo los cargos de terrorismo.
Más reciente, los hechos de Suchitoto, el 2 de julio que han desembocado en una reacción en cadena, cuyo desenlace pudiera ser- según el accionar de los salvadoreños- la derogación de la cuestionada ley.
Ese día, el presidente Antonio Saca anunciaría en Suchitoto, 45 kilómetros al norte de la capital, un proyecto privatizador de descentralización del agua potable.
En contra de la iniciativa oficialista, pobladores y organizaciones civiles decidieron realizar una marcha pacífica que fue reprimida por la UMO y otros efectivos de la policía quienes lanzaron balas de goma y gas pimienta, una réplica de los disturbios de mayo.
Esta vez, 14 personas fueron detenidas y acusadas- también-por actos de terrorismo.
María Silvia Guillén, directora de la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho, advertía meses antes de estos acontecimientos que la Ley antiterrorista era una herramienta que el gobierno podía utilizar contra el movimiento social y la sociedad civil.
Auguraba que a través de la citada normativa, al prohibir la libre reunión, las autoridades no permitirían a la población manifestar su inconformidad con la violación de sus derechos económicos, sociales y políticos.
Guillén alertaba que El Salvador se convertiría con esa legislación en un estado de sitio permanente, donde cualquier expresión de protesta contra el gobireno podía terminar en captura y cárcel con condenas muy severas.
Por su parte, el principal partido opositor, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional también prevenía sobre la puesta en práctica de la normativa.
Explicaba que el texto no aclara cuestiones básicas y deja indefinidos temas relevantes que de aplicarse podrían comprometer la vida de las personas seriamente.
Es exactamente lo que está ocurriendo en el país centroamericano, donde simples manifestantes y algunos dirigentes de organizaciones civiles están presos por "terroristas". Incluso, personas que no necesariamente han sido activistas de las protestas.
Tal es el caso de la periodista María Haydeé Chicas que se encontraba haciendo su labor de fotorreportera en el poblado de Suchitoto, cuando fue apresada y acusada por los increíbles cargos.
La Asociación de Periodistas de El Salvador calificó de arbitraria la detención de Chicas y exigió su inmediata liberación.
Estos hechos, afirma el obispo luterano Medardo Gómez, abrieron una nueva era en el país con la figura de "presos políticos que ilustran un porvenir preocupante cargado de violaciones a los derechos humanos, lucha, polarización, miedo y muerte."
El prelado recalcó que las protestas del pueblo son producto del "hambre, injusticia y violaciones a sus derechos, por lo tanto, van a continuar, y no es justo que ese clamor se quiera callar con represión.
Organizaciones sindicales salvadoreñas aseguran que la aplicación de esta Ley es una vuelta al pasado, a la época de la guerra, "una maniobra de persecución de la derecha contra el pueblo."
Redacción Central, 12 jul (PL) Gran polémica y creciente rechazo generó la Ley contra actos de terrorismo en El Salvador cuando estaba aún en estado embrionario.
Y no era para menos. La incipiente aplicación de la normativa del oficialista Alianza Republicana Nacionalista, que finalmente el Congreso aprobó en noviembre de 2006, mantiene hoy al país centroamericano en un estado de incertidumbre e indignación.
Primero, con los disturbios del pasado 12 de mayo en el centro capitalino, cuando agentes policiales iniciaron el desalojo y decomiso de mercancías a comerciantes de CDs y DVDs.
El hecho provocó reacciones de protesta de supuestos vendedores informales (como incendio de automóviles y saqueos de comercios) las cuales fueron contrarrestadas por unos 200 miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO).
Los agentes lanzaron gases lacrimógenos, de pimienta, así como balas de goma. El saldo: varias personas intoxicadas y 11 comerciantes detenidos acusados por el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador bajo los cargos de terrorismo.
Más reciente, los hechos de Suchitoto, el 2 de julio que han desembocado en una reacción en cadena, cuyo desenlace pudiera ser- según el accionar de los salvadoreños- la derogación de la cuestionada ley.
Ese día, el presidente Antonio Saca anunciaría en Suchitoto, 45 kilómetros al norte de la capital, un proyecto privatizador de descentralización del agua potable.
En contra de la iniciativa oficialista, pobladores y organizaciones civiles decidieron realizar una marcha pacífica que fue reprimida por la UMO y otros efectivos de la policía quienes lanzaron balas de goma y gas pimienta, una réplica de los disturbios de mayo.
Esta vez, 14 personas fueron detenidas y acusadas- también-por actos de terrorismo.
María Silvia Guillén, directora de la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho, advertía meses antes de estos acontecimientos que la Ley antiterrorista era una herramienta que el gobierno podía utilizar contra el movimiento social y la sociedad civil.
Auguraba que a través de la citada normativa, al prohibir la libre reunión, las autoridades no permitirían a la población manifestar su inconformidad con la violación de sus derechos económicos, sociales y políticos.
Guillén alertaba que El Salvador se convertiría con esa legislación en un estado de sitio permanente, donde cualquier expresión de protesta contra el gobireno podía terminar en captura y cárcel con condenas muy severas.
Por su parte, el principal partido opositor, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional también prevenía sobre la puesta en práctica de la normativa.
Explicaba que el texto no aclara cuestiones básicas y deja indefinidos temas relevantes que de aplicarse podrían comprometer la vida de las personas seriamente.
Es exactamente lo que está ocurriendo en el país centroamericano, donde simples manifestantes y algunos dirigentes de organizaciones civiles están presos por "terroristas". Incluso, personas que no necesariamente han sido activistas de las protestas.
Tal es el caso de la periodista María Haydeé Chicas que se encontraba haciendo su labor de fotorreportera en el poblado de Suchitoto, cuando fue apresada y acusada por los increíbles cargos.
La Asociación de Periodistas de El Salvador calificó de arbitraria la detención de Chicas y exigió su inmediata liberación.
Estos hechos, afirma el obispo luterano Medardo Gómez, abrieron una nueva era en el país con la figura de "presos políticos que ilustran un porvenir preocupante cargado de violaciones a los derechos humanos, lucha, polarización, miedo y muerte."
El prelado recalcó que las protestas del pueblo son producto del "hambre, injusticia y violaciones a sus derechos, por lo tanto, van a continuar, y no es justo que ese clamor se quiera callar con represión.
Organizaciones sindicales salvadoreñas aseguran que la aplicación de esta Ley es una vuelta al pasado, a la época de la guerra, "una maniobra de persecución de la derecha contra el pueblo."
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