San Salvador, 24 jul (PL) Pese a la cuestionada ley antiterrorista en El Salvador, hoy será presentado ante el Congreso otro proyecto del Ejecutivo que prevé el endurecimiento de las sanciones penales contra los participantes en actos de protesta social.
El nuevo delito que se propone se llamará "atentados contra la paz pública" y será sancionado con prisión de tres a 10 años, informaron fuentes oficiales.
Según Astor Escalante, viceministro de Seguridad y Justicia, además de la propuesta de cambios en el Código Penal, la administración solicita una llave legal para que los procesados bajo el citado cargo no puedan acceder a libertad condicional.
Mientras, el poder judicial salvadoreño continúa en entredicho por aplicar la ley antiterrorista a siete nacionales, detenidos desde el pasado 2 de julio en la localidad de Suchitoto, al norte de esta capital, por manifestarse contra la política de privatizaciones del gobierno.
Mientras, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, instó la víspera a la fiscalía de la nación a investigar los actos represivos de los agentes policiales contra los capturados en Suchitoto, incluida la práctica de torturas físicas.
Sobre el anunciado aumento de penas por el presidente Antonio Saca, que será llevado este día al Legislativo, el magistrado de conciencia instó a los parlamentarios a tener cuidado con avalar sanciones contra el ejercicio de la libre expresión de la sociedad civil.
El nuevo delito que se propone se llamará "atentados contra la paz pública" y será sancionado con prisión de tres a 10 años, informaron fuentes oficiales.
Según Astor Escalante, viceministro de Seguridad y Justicia, además de la propuesta de cambios en el Código Penal, la administración solicita una llave legal para que los procesados bajo el citado cargo no puedan acceder a libertad condicional.
Mientras, el poder judicial salvadoreño continúa en entredicho por aplicar la ley antiterrorista a siete nacionales, detenidos desde el pasado 2 de julio en la localidad de Suchitoto, al norte de esta capital, por manifestarse contra la política de privatizaciones del gobierno.
Mientras, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, instó la víspera a la fiscalía de la nación a investigar los actos represivos de los agentes policiales contra los capturados en Suchitoto, incluida la práctica de torturas físicas.
Sobre el anunciado aumento de penas por el presidente Antonio Saca, que será llevado este día al Legislativo, el magistrado de conciencia instó a los parlamentarios a tener cuidado con avalar sanciones contra el ejercicio de la libre expresión de la sociedad civil.
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