Licda. Norma Guevara de Ramirios
Ha transcurrido mucho tiempo desde que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se comprometiera, el pasado 11 noviembre del 2005, a propiciar una auditoría del Registro Electoral por la Organización de Estados Americanos y por las Naciones Unidas. Año y medio después, sin que haya habido nada de auditoría, más necesario es que se realice ese proceso porque las salvadoreñas y los salvadoreños merecemos contar con un mejor y más confiable Registro de Personas, un Registro Electoral limpio, sin duplicados, sin condenados, sin extranjeros, ni fallecidos.
Detener el deterioro del sistema electoral es un asunto de suma importancia para el futuro de la sociedad salvadoreña, para la democracia y para el desarrollo de las instituciones, de modo que la ciudadanía pueda confiar en ellas. Ya sabemos que el fraude electoral es algo más que un fantasma que recorrió la historia de nuestra patria. Fue una realidad reconocida como causa del conflicto que finalizamos en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz, y con el compromiso de modificar, mediante las reformas a nuestra Constitución Política, el sistema electoral para establecer que el Registro Electoral sería vigilado por los partidos políticos desde su organización, actualización, depuración y publicación.
Las dudas, sin embargo, afloran, y una auditoría que permita establecer con claridad que las personas que se registran como salvadoreñas lo son, saber a ciencia cierta cuántos repetidos por error o por mala intención están allí, todo esto es necesario aclararlo a satisfacción de los partidos, sobretodo cuando está en juego una elección en la que debemos elegir de manera general a nuestras autoridades en la Presidencia de la República, Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y Concejos Municipales.
Esa auditoría debe abarcar los registros del estado familiar de las alcaldías, los procesos que realiza la empresa privada DOCUSAL para emitir los DUI, su base documental y legal, los procesos utilizados para transmitir esos datos al Registro Electoral y la forma en que se descargan de los mismos a las personas fallecidas o condenadas por el sistema de justicia; se trata pues de un trabajo complejo e importante, en el que se debe trabajar a fondo y con esmero para responder a las dudas existentes en gran parte de la población salvadoreña.
Una auditoría debe dar recomendaciones claras, que sean bien y prontamente aplicadas. Por eso la importancia del tiempo y más necesario todavía que la ciudadanía esté ampliamente informada para que pueda aportar sus conocimientos o sus dudas sobre las irregularidades que se han señalado a lo largo del tiempo. El TSE bien pudiera y debiera exponer los padrones con fotografías en los municipios del país para que la ciudadanía verifique su propio registro y pueda señalar casos irregulares, como registros que suplantan a otras personas, especialmente las que viven fuera de nuestro país.
Un Registro transparente, y celosamente apegado a derecho, es fundamental como fuente de seguridad jurídica y como base de un sistema electoral sano, sin cargas para aquellos que por abuso o por la forma de la ley se benefician ahora con el monopolio sobre su control, como ocurre con el partido en el gobierno.
La Comisión Interpartidaria apoyó que el proceso de auditoría abarcara todo el sistema, esta confianza y apoyo debe ser aprovechado para un trabajo a fondo que deje señalamientos claros de nuestros defectos o vacíos en el proceder de las entidades o en nuestra legislación.
Paralelo a este proceso es menester que se derogue lo relativo a la capacidad de los notarios para establecer la identidad y ordenar asentamientos que se dice han sido mal usados para la obtención de DUI sin ser salvadoreño o para obtener una doble identidad.
El compromiso social de tener un país mejor, debe movernos a la ciudadanía y a los funcionarios municipales, y a otros a ser parte activa de un proceso que bien puede aportar a la confianza y dar un paso firme en el desarrollo democrático de nuestro país, por eso debemos participar, desde el arranque de la tan urgida auditoría a la cual la OEA también está comprometida y evitar que después del gasto de tiempo, recursos y confianza digamos “si hubiera sabido... hubiera denunciado”. Ahora es cuando debemos señalar cualquier anomalía de la que tengamos conocimiento.
Ha transcurrido mucho tiempo desde que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se comprometiera, el pasado 11 noviembre del 2005, a propiciar una auditoría del Registro Electoral por la Organización de Estados Americanos y por las Naciones Unidas. Año y medio después, sin que haya habido nada de auditoría, más necesario es que se realice ese proceso porque las salvadoreñas y los salvadoreños merecemos contar con un mejor y más confiable Registro de Personas, un Registro Electoral limpio, sin duplicados, sin condenados, sin extranjeros, ni fallecidos.
Detener el deterioro del sistema electoral es un asunto de suma importancia para el futuro de la sociedad salvadoreña, para la democracia y para el desarrollo de las instituciones, de modo que la ciudadanía pueda confiar en ellas. Ya sabemos que el fraude electoral es algo más que un fantasma que recorrió la historia de nuestra patria. Fue una realidad reconocida como causa del conflicto que finalizamos en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz, y con el compromiso de modificar, mediante las reformas a nuestra Constitución Política, el sistema electoral para establecer que el Registro Electoral sería vigilado por los partidos políticos desde su organización, actualización, depuración y publicación.
Las dudas, sin embargo, afloran, y una auditoría que permita establecer con claridad que las personas que se registran como salvadoreñas lo son, saber a ciencia cierta cuántos repetidos por error o por mala intención están allí, todo esto es necesario aclararlo a satisfacción de los partidos, sobretodo cuando está en juego una elección en la que debemos elegir de manera general a nuestras autoridades en la Presidencia de la República, Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y Concejos Municipales.
Esa auditoría debe abarcar los registros del estado familiar de las alcaldías, los procesos que realiza la empresa privada DOCUSAL para emitir los DUI, su base documental y legal, los procesos utilizados para transmitir esos datos al Registro Electoral y la forma en que se descargan de los mismos a las personas fallecidas o condenadas por el sistema de justicia; se trata pues de un trabajo complejo e importante, en el que se debe trabajar a fondo y con esmero para responder a las dudas existentes en gran parte de la población salvadoreña.
Una auditoría debe dar recomendaciones claras, que sean bien y prontamente aplicadas. Por eso la importancia del tiempo y más necesario todavía que la ciudadanía esté ampliamente informada para que pueda aportar sus conocimientos o sus dudas sobre las irregularidades que se han señalado a lo largo del tiempo. El TSE bien pudiera y debiera exponer los padrones con fotografías en los municipios del país para que la ciudadanía verifique su propio registro y pueda señalar casos irregulares, como registros que suplantan a otras personas, especialmente las que viven fuera de nuestro país.
Un Registro transparente, y celosamente apegado a derecho, es fundamental como fuente de seguridad jurídica y como base de un sistema electoral sano, sin cargas para aquellos que por abuso o por la forma de la ley se benefician ahora con el monopolio sobre su control, como ocurre con el partido en el gobierno.
La Comisión Interpartidaria apoyó que el proceso de auditoría abarcara todo el sistema, esta confianza y apoyo debe ser aprovechado para un trabajo a fondo que deje señalamientos claros de nuestros defectos o vacíos en el proceder de las entidades o en nuestra legislación.
Paralelo a este proceso es menester que se derogue lo relativo a la capacidad de los notarios para establecer la identidad y ordenar asentamientos que se dice han sido mal usados para la obtención de DUI sin ser salvadoreño o para obtener una doble identidad.
El compromiso social de tener un país mejor, debe movernos a la ciudadanía y a los funcionarios municipales, y a otros a ser parte activa de un proceso que bien puede aportar a la confianza y dar un paso firme en el desarrollo democrático de nuestro país, por eso debemos participar, desde el arranque de la tan urgida auditoría a la cual la OEA también está comprometida y evitar que después del gasto de tiempo, recursos y confianza digamos “si hubiera sabido... hubiera denunciado”. Ahora es cuando debemos señalar cualquier anomalía de la que tengamos conocimiento.
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