Gerson Martìnez, Diputado del FMLNAsamblea Legislativa de El Salvador
Intervención en el Foro Regional América Latina sobre la Reinvención del Gobierno, Brasilia, del 2 al 4 de mayo 20
Ruego tomar mis comentarios como los de un parlamentario procedente de un país que fuera poco conocido en sus 61 años de una dictadura militar que tuvo la delicadeza de instaurarse, mantenerse y acopiar sus apoyos, siempre, en el nombre de la democracia… El Salvador, mucho más conocido en los años siguientes por su cruenta guerra civil y por la Solución Política Negociada al conflicto.
De los 90’s hasta nuestros días, el Estado salvadoreño destaca como uno de los más aplicados hijos del ajuste, como una de las gobernanzas más apegadas al manual. Su firmeza de propósito en el ejercicio de dicha gobernatura ha sido notoria y frecuentemente aplaudida.
Sin embargo, para comprender a El Salvador de principios de siglo hay que por lo menos conocer el punto de arranque de su historia más reciente. El año 90 es el parteaguas que marca un antes y un después en su vida política.
Por aquellos días fue ingresado mi país a una sala de cuidados intensivos, sometido a una doble operación quirúrgica. De un lado se hallaba Naciones Unidas y la comunidad internacional operando para lograr el cese al fuego, la separación de fuerzas, el desmontaje del antiguo régimen para el feliz inicio de la construcción democrática.
En simultáneo, pero separado por un cancel, otro experimentado galeno hacía su propia cirugía mayor. Era el FMI asistido por el BM.
La intervención de las Naciones Unidas fue realizada en sintonía con todas las fuerzas políticas, sociales, económicas y religiosas del país. Contó con la anuencia del paciente y produjo un programa democratizador y civilizatorio, los Acuerdos de Paz, que abrieron las compuertas a la primacía de la civilidad sobre el ejército, alterando en positivo el carácter político del viejo Estado.
La intervención del Fondo fue una terapia intensiva que marcó una profunda reestructuración no sólo del Estado sino de la economía y de la provisión de los servicios públicos, alterando sustancialmente el orden constitucional sin reforma constitucional, alterando el orden económico, la institucionalidad y la política sin convocar al poder constituyente. Sin poner tampoco sobreaviso a la ciudadanía ni a sus movimientos civiles. El sindicalismo en cambio fue reducido al 3% de la clase trabajadora.
Con una PEA de 2,762,632, El Salvador tiene, según la estadística oficial, 929,880 empleos permanentes, pero los afiliados a las 2 únicas AFP’s no sobrepasan el 1,494,101, mientras el número de cotizantes efectivos se redujo dramáticamente a 534,000 hacia febrero de este año. Lo cual revela el creciente desempleo y la inconsistencia de la estadística oficial.
No obstante, El Salvador es un modelo que socialmente exilia a su propio pueblo. De una población de 6.5 millones, territorialmente radicada, 2.7 ha emigrado a Estados Unidos. Según JIKA, la agencia japonesa de cooperación, 72 mil salvadoreños llegan a Estados Unidos año con año.
Y es que el 84% de los hogares percibe ingresos por debajo de la canasta de mercado tasada en 680 dólares mensuales por el Ministerio de Economía. Para el año 2005, según reporte de CEPAL, el porcentaje de pobreza más indigencia afectó al 74.6% de la población, contra el 28.l1% de Costa Rica.
El servicio de la deuda para este año, incluyendo el pago de pensiones que se amortiza total y únicamente con endeudamiento público devora el 47% de los ingresos tributarios del país, ya que mientras la deuda pública contabilizada por el Banco Central, asciende a 8,235 millones de dólares, la deuda previsional que se paga a través de más endeudamiento asciende a 8,388 millones hasta el 2020 y, sumadas ambas deudas, constituyen el 92% de un PIB proyectado a unos 19,400 millones al 2007.
La llamada reforma de pensiones no fue en realidad una reforma previsional sino una operación puramente financiera que nueve años después ha:
1. Reducido la rentabilidad de los ahorros de pensiones de 7% a 0.98% cayendo por momentos a tasas negativas y
2. Redujo su cobertura de 24% a 21.4%
La reforma se hizo declarando una renuncia al sistema de reparto. Ahora sin embargo, el gobierno está abiertamente de regreso al sistema de reparto debido a que ante el déficit inmanejable ha tenido que pagar pensiones tomando de las AFP’s, en calidad de deuda y por fuerza de ley, el ahorro de los trabajadores activos a quienes antes se les aseguró que sus ahorros pasaban a una cuenta individual, que evitaría que el Estado echara mano de tales ahorros. En estos años, la enorme masa de pensiones mínimas cayó por debajo del salario mínimo, montos oscilantes entre 100 y 114 dólares, erosionados día a día por la inflación.
Un vistazo al mundo de los servicios públicos nos enfrenta al hecho de que en El Salvador únicamente tienen acceso a los servicios de agua el 57.9% de los hogares, mientras el 42% carece del servicio. Con el agravante que la agencia estatal para la provisión de aguas fue saqueada por funcionarios gubernamentales y no se ha recuperado un céntimo. En contraste, ahí, muy cerca en la hermana Costa Rica un 98% de los hogares disponen de agua potable y el 76% en la vecina Honduras.
En lo atinente a la provisión de energía eléctrica, el 78% de los hogares guatemaltecos tiene acceso al servicio y el 99% en Costa Rica, mientras en El Salvador lo tiene el 69.6% quienes consumen la energía más cara de la región.
En materia educativa el presupuesto asignado a la educación pública superior ascenderá en 2007 a 55.8 millones de dólares en mi país, cuando ya para 2004 Costa Rica invirtió 175.9 millones, Panamá 165 millones, Honduras 150.5 millones y Guatemala 130 millones de dólares.
En ese marco, el gasto por cada estudiante universitario ascendió a 2,125 dólares en Panamá, 3,500 dólares en Costa Rica, mientras que en El Salvador se proyectaron 1,000 dólares per cápita para este año.
Asimismo tenemos que la asignación presupuestaria al ramo de salud para 2005 en Belice y Nicaragua fue del 3.0% del PIB, 4% en Costa Rica, en comparación con el 1.63% del PIB proyectado en El Salvador para el presente año.
De tal suerte, hemos entrado al tercer año en el que no se hacen operaciones de transplantes de riñón a los niños en diálisis, el sexto año que fueran suspendidas las operaciones de corazón, mientras todos los hospitales sufren un desabastecimiento de medicinas.
En circunstancias como estas, la confianza en el gobierno debe ser objeto de natural preocupación.
El fenómeno de la anomia que vivimos en los 80 no es un marco para sacar al país de la crisis social hacia el desarrollo.
El desaliento ciudadano, su desencanto y desentendimiento de la política y de lo político y la centralización excluyente de las decisiones no es un escenario benéfico para la construcción e impulso de políticas públicas sostenibles. Así no se puede edificar ni reclamar una estabilidad en las políticas públicas. Es preciso repensar al Estado, a la economía y a la política, desde el interés público y la participación, especialmente desde el interés de las familias pobres.
Porque la estabilidad y la predictibilidad se cimientan a través de la acción deliberante y colectiva, toda vez que se trate de políticas de Estado, que buscan trascender de los constreñidos marcos de las políticas de partido o de grupo económico. La predictibilidad se construye, en un proceso decisorio incluyente y transparente o no hay una real apuesta a la predictibilidad en materia de políticas públicas.
¿O será razonable reclamar previsibilidad y continuidad de ruta cuando el proceso de decisiones fue excluyente?
El desafío en El Salvador es, entonces, el de aprender a gestar y construir políticas de Estado, de Estado-Nación, o mejor todavía, de Pueblo Nación. Se trata de convocarnos todos a edificar y seguidamente refrendar consensos, conciertos básicos, consensos mínimos o concertaciones puntuales si se quiere, pero consenso al fin.
Todo parece indicar que la desconfianza en el gobierno ha devenido en una suerte de creciente amenaza en esta primera década del tercer milenio. Pero es aconsejable preguntarnos, ¿Es la pandemia de la desconfianza injustificada el problema? ¿O será su raíz principal el hecho de que la economía, los ordenamientos sociales y las políticas públicas no están ofreciendo en algunos países los satisfactores necesarios al ciudadano?
¿No será que los crecidos poderes económicos, los menguantes poderes públicos y el desempoderante proceso que experimenta la política de los partidos, no están respondiendo al ciudadano, a sus necesidades materiales y a sus expectativas humanas? Y es por eso que estalla esta inflación de la desconfianza ciudadana, como un subproducto de todo aquello.
Aceptamos entonces que la desconfianza es un fenómeno de la realidad y tal vez una magnitud en crecimiento, pero no es la causa primaria, sino un efecto, al menos en mi país, aunque los ascensos de la desconfianza, sí, pueden derivar en un factor desencadenante de otros fenómenos impredecibles.
La estabilidad o predictibilidad de las políticas pública es ciertamente una condición estratégica para el desarrollo; pero imprimir LEGITIMIDAD al Estado, a la política pública, incluyendo a las políticas económicas y también a los tomadores de decisiones es la exigencia histórica realmente sustantiva. Y esa legitimidad añorada, viene a ser al final de cuentas, el determinante de la estabilidad y la continuidad de la política pública.
La legitimidad del nuevo modelo o tipo de gobierno, resultante de la reinvención invocada, deberá estar soportada, entre otros, en los siguientes factores:
PRIMERO. En el consentimiento deliberante de ciudadanías o poblaciones, oportuna y suficientemente informadas.
SEGUNDO. En el acierto social, resultados e impactos de la política pública.
TERCERO. En procedimientos consensual o mayoritariamente aceptados y lealmente observados.
ALGUNAS CONCLUSIONES
1. El norte magnético de todas las redefiniciones debiera ser el concepto del desarrollo integral y equitativo incluyente, constitucional y ambientalmente sustentable que permita la elevación continua de la calidad de vida y de la calidad de seres humanos.
2. Aportar respuestas concretas a los problemas concretos de la población.
3. Promover gobernabilidad y no estrictamente la gobernanza entendida como un estabilizado y efectivo ejercicio del programa y la voluntad gubernamental. Optemos sin reservas por la gobernalidad comprendida como una condición que nace y se renueva por la satisfacción de las necesidades y expectativas de la gente.
Hay que articular esa íntima correspondencia entre gobernabilidad y la promoción del desarrollo humano inclusivo y también equitativo.
El 69% de insatisfacción ciudadana en América Latina dice mucho de los impactos sociales de las políticas públicas, de la economía y el ajuste.
¿QUÉ TIPO DE REINVENCIÓN DEL GOBIERNO DEBE HACERSE?
No más aquella reingeniería propia de la física newtoniana, sino una reinvención sustancial y cuántica del poder público y de la política. Que reconozca lo embarazoso que resulta la ingente tarea de volver a inventar al Estado, luego que éste fuera ya desinventado y reinventado hace algún tiempo, como resultado del consenso de Washington. Ahora, en un período “post-consenso” es pertinente acometer esta tarea, toda vez que registremos también, el hecho de que las coordenadas del poder real se han movido y no propiamente hacia el Estado, tampoco hacia la economía y al mercado en general, sino hacia las concretas elites del mercado.
En este camino hacia la reinvención del Estado lograremos el acierto político, si todo desemboca en un Estado social, políticamente y funcionalmente operante que logre:
1. Elevar la capacidad crítica y la incidencia responsable y sobre todo efectiva de la población.
2. Elevar la capacidad autocrítica de los tomadores de decisión para repensarse a sí mismos y para su rectificación.
3. Que el poder económico comparta y asuma la reinvención del Estado propuesta, y que, conciente del poder político que hoy tiene, asuma que su propio quehacer relacionado con los servicios públicos, tiene que transitar también por una lógica inequívocamente democrática.
4. Lograr la misión, no menos imposible, de reinventar a los partidos y las formas de representación ciudadana en el poder público.
5. Pero una pequeña consideración final, ¿Quién repiensa a los organismos financieros multilaterales? ¿O no hay que siquiera pensarlo? Esta pregunta es pertinente, ya que si bien, las constituciones de nuestros países no lo reconocen, en términos fácticos, estos organismos tienen más iniciativas de Ley para moldear nuestros Estados que ministros y legisladores y más poder punitivo que nuestros propios jueces.
Todo esto supone convocar al ciudadano a un ejercicio pleno de ciudadanía efectiva. Supone promover un ciudadano debidamente informado, incorporado al proceso de gestación, diseño, codecisión, ejecución y evaluación de los impactos de las políticas públicas.
Y es que no se podría reinventar consistentemente al gobierno, si no se reinventa a los partidos, devolviéndole también, ahí, soberanía al ciudadano, propiciando la democratización, sometimiento no solo electoral de esos institutos políticos al escrutinio y control ciudadano, transparencia, rendición de cuentas y ética pública.
Quiero augurar los mejores resultados para la Cumbre de Viena, especialmente en sus esfuerzos dirigidos a contribuir a superar la creciente supeditación, que aquí se ha señalado, de los valores humanos, cívicos, democráticos y culturales a los valores monetarios y mercantilistas que hoy dominan.
Y así también a la evolución democrática que necesitan experimentar, sustancialmente, algunos de nuestros Estados que fueron moldeados para producir y reproducir desigualdades.
Mayo de 2007.
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