Opiniones-Co-Latino
Editorial de Mauricio Funes – Programa Sin Censura
(Radio Mi Gente A.M 700)
Sobre la discusión que ya se ha abierto en torno el proceso de reforma del sistema de salud, el Ministro Guillermo Maza ha declarado que “jamás se sustituirá el sistema público”, en alusión a los temores expresados por algunos sectores de que el gobierno lo que busca con el anteproyecto de ley del sistema único de salud es privatizar la salud pública en el país.
En el pasado, a propósito de las huelgas del gremio médico en el Seguro Social, también los diferentes Directores que han pasado por la institución, incluyendo a la actual Vicepresidenta de la República, aseguraron que el Seguro no era sujeto de privatización porque nadie estaba pensando en vender la infraestructura hospitalaria que le pertenece a los empleados y a los patronos, cuyos aportes mensuales forman el patrimonio de la Seguridad Social en el país.
Y sin embargo, más tardaban los funcionarios en descartar tal posibilidad que en concesionar servicios estratégicos de la institución.
Es cierto que no es lo mismo concesionar un servicio a un prestador privado por un tiempo determinado que vender en forma definitiva los bienes del Seguro o como es el caso que hoy nos ocupa, de la red pública de hospitales que están bajo la rectoría del Ministerio de Salud.
Sin embargo, la privatización de un servicio público no se reduce a la venta del patrimonio de una institución del Estado. La verdad que el problema no es quién presta el servicio, si el gobierno o la empresa privada, el problema es bajo que lógica se brinda el servicio: si con el propósito de satisfacer una necesidad o el de obtener una utilidad.
Aún más… el problema de este doble rasero es a qué intereses se sirve desde la función pública: si al interés de la población o al que representan algunos grupos empresariales en el país. En este último caso, aunque aparentemente pública, la función deja de serlo para convertirse en privada en la medida que su horizonte no es la satisfacción de las necesidades de la población sino la obtención de un lucro. Es lo que algunos analistas definen como la privatización de la función pública, en la medida que responde no al interés público sino a intereses privados.
¿Por qué los Hospitales y las Unidades de Salud vienen padeciendo de un déficit crónico de medicamentos, muchos de ellos del cuadro básico? Si son medicinas del cuadro básico significa que no deberían faltar en los dispensarios de los hospitales. Si faltan es porque algo está fallando en la función pública que tiene bajo su responsabilidad esta provisión. En este caso, las explicaciones sobran.
Algunos argumentan que no hay suficiente presupuesto. Preguntémonos entonces ¿por qué no hay dinero para medicinas pero sí para otros gastos menos necesarios? Por qué hay lotes de medicinas que acaban vencidas en las bodegas de los hospitales o que pueden encontrarse en los inventarios de farmacias privadas como nos denunciaron que estaba ocurriendo en el oriente del país?
¿Por qué se compran medicinas que no se necesitan?
¿Quién gana en esta operación?
¿Por qué no hay insumos básicos para tratamientos especializados como el que requiere la insuficiencia renal o la diabetes, o el control de cardiopatías?
Editorial de Mauricio Funes – Programa Sin Censura
(Radio Mi Gente A.M 700)
Sobre la discusión que ya se ha abierto en torno el proceso de reforma del sistema de salud, el Ministro Guillermo Maza ha declarado que “jamás se sustituirá el sistema público”, en alusión a los temores expresados por algunos sectores de que el gobierno lo que busca con el anteproyecto de ley del sistema único de salud es privatizar la salud pública en el país.
En el pasado, a propósito de las huelgas del gremio médico en el Seguro Social, también los diferentes Directores que han pasado por la institución, incluyendo a la actual Vicepresidenta de la República, aseguraron que el Seguro no era sujeto de privatización porque nadie estaba pensando en vender la infraestructura hospitalaria que le pertenece a los empleados y a los patronos, cuyos aportes mensuales forman el patrimonio de la Seguridad Social en el país.
Y sin embargo, más tardaban los funcionarios en descartar tal posibilidad que en concesionar servicios estratégicos de la institución.
Es cierto que no es lo mismo concesionar un servicio a un prestador privado por un tiempo determinado que vender en forma definitiva los bienes del Seguro o como es el caso que hoy nos ocupa, de la red pública de hospitales que están bajo la rectoría del Ministerio de Salud.
Sin embargo, la privatización de un servicio público no se reduce a la venta del patrimonio de una institución del Estado. La verdad que el problema no es quién presta el servicio, si el gobierno o la empresa privada, el problema es bajo que lógica se brinda el servicio: si con el propósito de satisfacer una necesidad o el de obtener una utilidad.
Aún más… el problema de este doble rasero es a qué intereses se sirve desde la función pública: si al interés de la población o al que representan algunos grupos empresariales en el país. En este último caso, aunque aparentemente pública, la función deja de serlo para convertirse en privada en la medida que su horizonte no es la satisfacción de las necesidades de la población sino la obtención de un lucro. Es lo que algunos analistas definen como la privatización de la función pública, en la medida que responde no al interés público sino a intereses privados.
¿Por qué los Hospitales y las Unidades de Salud vienen padeciendo de un déficit crónico de medicamentos, muchos de ellos del cuadro básico? Si son medicinas del cuadro básico significa que no deberían faltar en los dispensarios de los hospitales. Si faltan es porque algo está fallando en la función pública que tiene bajo su responsabilidad esta provisión. En este caso, las explicaciones sobran.
Algunos argumentan que no hay suficiente presupuesto. Preguntémonos entonces ¿por qué no hay dinero para medicinas pero sí para otros gastos menos necesarios? Por qué hay lotes de medicinas que acaban vencidas en las bodegas de los hospitales o que pueden encontrarse en los inventarios de farmacias privadas como nos denunciaron que estaba ocurriendo en el oriente del país?
¿Por qué se compran medicinas que no se necesitan?
¿Quién gana en esta operación?
¿Por qué no hay insumos básicos para tratamientos especializados como el que requiere la insuficiencia renal o la diabetes, o el control de cardiopatías?
¿Por qué sí hay recursos para equipar la oficina del titular de Salud y no para comprar este lote de insumos?
¿Por qué si fueron aprobados sendos créditos para la construcción de nuevos hospitales, como el de Maternidad, y para la reconstrucción de otros como el de San Miguel, Usulután, San Rafael en Santa Tecla, dañados por los terremotos del 2001, algunos de estos trabajos aún no han iniciado?
Hace poco leí un artículo de opinión del Rector de la UCA, Padre Tojeira, quién revelaba que en la millonaria operación de venta de los bancos del sistema a corporaciones transnacionales, el Estados no había percibido ni un centavo de dólar en concepto de pago del impuesto al IVA.
Según dicen, esta operación no exigía el pago de tal impuesto porque los bancos vendidos, aunque salvadoreños, estaban domiciliados en un país que es un verdadero paraíso fiscal.
Si las leyes fueran diferentes, por esta operación que seguramente ha dejado jugosas ganancias a sus antiguos accionistas, el Estado salvadoreño habría recibido cerca de 400 millones de dólares…
En ese artículo el Padre Tojeira se pregunta: Es decente que a los pobres se les cobre el IVA, cuando van a la farmacia, al supermercado, a la tienda, y a los millonarios en algunas de sus operaciones de venta se les deje ir sin IVA?
El tema aquí no es si la venta fue legal o no. Seguramente lo es. Las leyes lo permiten, permiten que en las operaciones de compra-venta, unos paguen IVA y otros no. Permiten además, que las arcas del Estado se engrosen de recursos que tienen una clara procedencia.
La opción del gobierno, como dice el Padre Tojeira, es la de ampliar la base tributaria incluyendo a los vendedores informales, sobre todo a estos, y dejando que empresarios formales puedan hacer operaciones sin pagar IVA.
El problema entonces no es de legalidad, el problema es de carácter ético.
La ley que creará el sistema único de salud contiene, según el ministro Maza, regulaciones que garantizan que los prestadores privados solo participarán en forma excepcional y por un tiempo definido, y de ahí, como asegura el funcionario, el gobierno no está pensando en privatizar la Salud.
Lo que no dice el Ministro es que nadie garantiza que la excepcionalidad no será decidida en forma discrecional y que la temporalidad no será prolongada para favorecer al prestador privado que gane la concesión. Suficiente experiencia existe de servicios concesionados a prestadores privados donde en forma deliberada los funcionarios en turno han provocado la escasez para justificar la concesión. Tampoco la ley asegura que los recursos, los pocos con que cuenta el Ministerio de Salud Pública, serán utilizados donde más se necesitan.
Los derechohabientes del Seguro Social y los pacientes de la red pública de hospitales necesitan medicinas, citas oportunas, equipos para cirugía en perfecto estado, no necesitan modernas y lujosas oficinas para los titulares, vehículos blindados, seguridad privada, viajes al exterior y propaganda gubernamental.
Si la Salud Pública es prioridad, si lo social no es complemento de nada, entonces, no solo hay que decirlo, hay que asumirlo o como se dice en buen salvadoreño: “no sólo hay que serlo hay que parecerlo ”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario