Leonor Cárdenas
Redacción Diario Co Latino
Para la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), los tres años de gobierno del presidente Elías Antonio Saca, en materia ambientalista, han sido de continuidad política de los gobiernos areneros.
Angel Ibarra, presidente de la UNES aseguró que desde que el partido de derecha ha gobernado el país, “lo único que ha hecho es poner el aparato de gobierno al servicio de las grandes empresas facilitando el saqueo indiscriminado de la naturaleza, incumpliendo las leyes y estimulando la impunidad ambiental”.
Asimismo, dijo que el actual ministro de medio ambiente y recursos naturales (MARN), Carlos Guerrero, es un empresario de la construcción que “ignora la problemática derivada del robo de tierras en áreas naturales protegidas”, impulsada por la actual administración del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA).
“Permite la incineración de llantas en la cementera de CESSA en Metapán, mantiene vigente la amenaza del MIDES sobre la población metropolitana en relación a los cobros del relleno de Nejapa; legaliza la destrucción de la finca El Espino por el MOP; desnaturaliza el SNET y lo pone al servicio del proselitismo de ARENA relacionado con los desastres y hace propaganda verde en su intervención en el caso de Los Cóbanos”, aseguró Ibarra.
Para el ecologista el programa neoliberal del actual gobierno sigue siendo esencialmente el destructor de los pocos recursos naturales que aún existen en el país “ya que en su primer año, el Tratado de Libre Comercio (TLC), con Estados Unidos, ha necesitado la ratificación de tres convenios internacionales en materia de propiedad intelectual lesivos al país que son: el convenio internacional para la protección de obtenciones vegetales (UPOV) el cual entró en vigor en agosto de 2006; el tratado de BUDAPEST, sobre el reconocimiento internacional de depósito de microorganismos a los fines de procedimiento en materia de patentes y el tratado de cooperación en materia de patentes”, agregó el ambientalista.
Por su parte, Mauricio Sermeño aseguró que el actual gobierno está preparando a la perfección sus planes para darle “jaque mate” a la cuenca alta y media del río Lempa “en un movimiento de piezas… megaproyectos… que combina la Carretera Longitudinal del Norte, presas hidroeléctricas en El Chaparral, El Cimarrón, El Tigre y la explotación de decenas de proyectos de minería metálica”.
Ahora el gobierno, dijo: “amenaza con profundizar la inseguridad alimentaria de la población al poner al servicio del gobierno de Bush y sus transnacionales las pocas tierras agrícolas con que cuenta al país para la producción del agro combustible, todo eso en nombre del desarrollo humano y sostenible con la venida de sus patrones locales y en coro con las entidades para gubernamentales”, expresó Sermeño.
Asimismo, dijo que la administración del actual gobierno está acompañada por una Asamblea Legislativa “administrada por los partidos de derecha, que son insensibles a la grave crisis ambiental que padece el país y a los severos impactos que la producción del agrocombustible cobrará a la población y ecosistema salvadoreño”.
Redacción Diario Co Latino
Para la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), los tres años de gobierno del presidente Elías Antonio Saca, en materia ambientalista, han sido de continuidad política de los gobiernos areneros.
Angel Ibarra, presidente de la UNES aseguró que desde que el partido de derecha ha gobernado el país, “lo único que ha hecho es poner el aparato de gobierno al servicio de las grandes empresas facilitando el saqueo indiscriminado de la naturaleza, incumpliendo las leyes y estimulando la impunidad ambiental”.
Asimismo, dijo que el actual ministro de medio ambiente y recursos naturales (MARN), Carlos Guerrero, es un empresario de la construcción que “ignora la problemática derivada del robo de tierras en áreas naturales protegidas”, impulsada por la actual administración del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA).
“Permite la incineración de llantas en la cementera de CESSA en Metapán, mantiene vigente la amenaza del MIDES sobre la población metropolitana en relación a los cobros del relleno de Nejapa; legaliza la destrucción de la finca El Espino por el MOP; desnaturaliza el SNET y lo pone al servicio del proselitismo de ARENA relacionado con los desastres y hace propaganda verde en su intervención en el caso de Los Cóbanos”, aseguró Ibarra.
Para el ecologista el programa neoliberal del actual gobierno sigue siendo esencialmente el destructor de los pocos recursos naturales que aún existen en el país “ya que en su primer año, el Tratado de Libre Comercio (TLC), con Estados Unidos, ha necesitado la ratificación de tres convenios internacionales en materia de propiedad intelectual lesivos al país que son: el convenio internacional para la protección de obtenciones vegetales (UPOV) el cual entró en vigor en agosto de 2006; el tratado de BUDAPEST, sobre el reconocimiento internacional de depósito de microorganismos a los fines de procedimiento en materia de patentes y el tratado de cooperación en materia de patentes”, agregó el ambientalista.
Por su parte, Mauricio Sermeño aseguró que el actual gobierno está preparando a la perfección sus planes para darle “jaque mate” a la cuenca alta y media del río Lempa “en un movimiento de piezas… megaproyectos… que combina la Carretera Longitudinal del Norte, presas hidroeléctricas en El Chaparral, El Cimarrón, El Tigre y la explotación de decenas de proyectos de minería metálica”.
Ahora el gobierno, dijo: “amenaza con profundizar la inseguridad alimentaria de la población al poner al servicio del gobierno de Bush y sus transnacionales las pocas tierras agrícolas con que cuenta al país para la producción del agro combustible, todo eso en nombre del desarrollo humano y sostenible con la venida de sus patrones locales y en coro con las entidades para gubernamentales”, expresó Sermeño.
Asimismo, dijo que la administración del actual gobierno está acompañada por una Asamblea Legislativa “administrada por los partidos de derecha, que son insensibles a la grave crisis ambiental que padece el país y a los severos impactos que la producción del agrocombustible cobrará a la población y ecosistema salvadoreño”.
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