Odalys Troya Flores
Redacción Central, 14 may (PL) La llamada Ley Antiterrorista comienza a surtir sus primeros efectos en El Salvador, tras un enfrentamiento de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y vendedores ambulantes, ocurrido el sábado último.
Los disturbios tuvieron lugar en el centro histórico de San Salvador tras el desalojo de pequeños comerciantes, muchos de los cuales carecen de la licencia para esas labores.
El hecho provocó reacciones de protesta de los vendedores callejeros que- aseguran- no cuentan con otros empleos.
Unos 200 miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) lanzaron gases lacrimógenos y de pimienta contra los comerciantes de discos y DVDs, así como balas de goma.
En los hechos, que se prologaron hasta la noche, la UMO detuvo a 17 personas.
El ministro de Seguridad y Justicia, René Figueroa, aseguró que pedirá a la Fiscalía General de la República que los arrestados sean acusados de actos de terrorismo, así como daños agravados, hurto y acciones ilícitas.
Los operativos policiales fueron enmarcados en la Ley antiterrorista que, según María Silvia Guillén, directora de la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho, es un arma del gobierno contra el movimiento social y la sociedad civil.
En tanto, el gobierno acusó al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la principal fuerza política opositora, de estar detrás de los disturbios del sábado.
Para el efemelenista, Frankie Flores, los hechos de San Salvador no fueron una sorpresa, sino una maniobra de la derecha gobernante.
Explicó que las primeras víctimas de los decomisos y desalojos fueron los vendedores concientes de la situación nacional, pero los primeros que reaccionaron contra la policía fueron los afines al partido oficialista.
Esto es parte de la gran ofensiva que el gobierno está haciendo para defenderse de las protestas del pueblo que ya no aguanta el hambre y la miseria, aseguró.
Según el Observatorio de las Políticas Públicas, uno de los mayores problemas de la economía salvadoreña sigue siendo la creación de empleos, sobre todo dignos y bien remunerados.
Un estudio del Observatorio Regional de Mercado Laboral advierte que el sector informal se convierte en la única opción de inserción al trabajo.
Al cumplirse el primer año de la vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el movimiento popular salvadoreño recordó que el acuerdo no ha generado los miles de nuevos empleos pronosticados.
Al contrario, asegura que después de un año la tasa de desocupación se mantiene en 7,2 por ciento y el subempleo y el sector informal crecen al punto de que ya superan el 50 por ciento de la población ocupada.
Según datos de la municipalidad capitalina, en el primer plano de la ciudad se aglomeran 27 mil comerciantes informales, aproximadamente.
El gobierno asegura que el operativo busca "proteger la imagen del centro histórico citadino y atraer turistas e inversionistas".
Pero, según Julio Hernández, dirigente de la Coordinadora Nacional de Vendedores, "el Problema es estructural, no cosmético".
Se trata- enfatizó- de esconder la pobreza y marginalidad por la cual los pobres estamos en la calle, en vez de mostrar la realidad.
Redacción Central, 14 may (PL) La llamada Ley Antiterrorista comienza a surtir sus primeros efectos en El Salvador, tras un enfrentamiento de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y vendedores ambulantes, ocurrido el sábado último.
Los disturbios tuvieron lugar en el centro histórico de San Salvador tras el desalojo de pequeños comerciantes, muchos de los cuales carecen de la licencia para esas labores.
El hecho provocó reacciones de protesta de los vendedores callejeros que- aseguran- no cuentan con otros empleos.
Unos 200 miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) lanzaron gases lacrimógenos y de pimienta contra los comerciantes de discos y DVDs, así como balas de goma.
En los hechos, que se prologaron hasta la noche, la UMO detuvo a 17 personas.
El ministro de Seguridad y Justicia, René Figueroa, aseguró que pedirá a la Fiscalía General de la República que los arrestados sean acusados de actos de terrorismo, así como daños agravados, hurto y acciones ilícitas.
Los operativos policiales fueron enmarcados en la Ley antiterrorista que, según María Silvia Guillén, directora de la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho, es un arma del gobierno contra el movimiento social y la sociedad civil.
En tanto, el gobierno acusó al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la principal fuerza política opositora, de estar detrás de los disturbios del sábado.
Para el efemelenista, Frankie Flores, los hechos de San Salvador no fueron una sorpresa, sino una maniobra de la derecha gobernante.
Explicó que las primeras víctimas de los decomisos y desalojos fueron los vendedores concientes de la situación nacional, pero los primeros que reaccionaron contra la policía fueron los afines al partido oficialista.
Esto es parte de la gran ofensiva que el gobierno está haciendo para defenderse de las protestas del pueblo que ya no aguanta el hambre y la miseria, aseguró.
Según el Observatorio de las Políticas Públicas, uno de los mayores problemas de la economía salvadoreña sigue siendo la creación de empleos, sobre todo dignos y bien remunerados.
Un estudio del Observatorio Regional de Mercado Laboral advierte que el sector informal se convierte en la única opción de inserción al trabajo.
Al cumplirse el primer año de la vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el movimiento popular salvadoreño recordó que el acuerdo no ha generado los miles de nuevos empleos pronosticados.
Al contrario, asegura que después de un año la tasa de desocupación se mantiene en 7,2 por ciento y el subempleo y el sector informal crecen al punto de que ya superan el 50 por ciento de la población ocupada.
Según datos de la municipalidad capitalina, en el primer plano de la ciudad se aglomeran 27 mil comerciantes informales, aproximadamente.
El gobierno asegura que el operativo busca "proteger la imagen del centro histórico citadino y atraer turistas e inversionistas".
Pero, según Julio Hernández, dirigente de la Coordinadora Nacional de Vendedores, "el Problema es estructural, no cosmético".
Se trata- enfatizó- de esconder la pobreza y marginalidad por la cual los pobres estamos en la calle, en vez de mostrar la realidad.
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