(PL) Conflictos armados y una progresiva violencia social dejaron hasta hoy en Latinoamérica alrededor de 85 millones de personas inhabilitadas, de las cuales apenas un dos por ciento es atendida por el Estado.
Investigaciones realizadas por especialistas de la Organización Panamericana de la Salud revelaron que, al menos tres millones de esas personas, viven en Centroamérica.
Esta región, donde coinciden los registros más elevados del continente de inseguridad ciudadana, fue la más azotada por dictaduras militares y guerras internas durante la década de los 80.
Sólo en El Salvador, el país más pequeño de la llamada cintura de América, alrededor de 75 mil personas resultaron desaparecidas, muertas o afectadas en algunas de sus funciones corporales durante esos años.
En el 2005 fueron asesinadas tres mil 791 personas en esa nación, la más violenta y peligrosa de Latinoamérica, cuya tasa de homicidios asciende a 55 por cada 100 mil habitantes.
Este indicador es superior incluso al registrado por Colombia, país inmerso desde hace varias décadas en una confrontación armada permanente, el azote del paramilitarismo y de las sangrientas trifulcas entre sicarios del narcotráfico.
Uno de los sectores más afectados por esos índices es el femenino: sólo en 2005 fueron ultimadas 364 mujeres, 81 como resultado de disputas hogareñas.
Similar situación registró Guatemala, nación donde el riesgo se incrementa de manera alarmante y se reportan más de una decena de muertos y numerosos lesionados por efecto de trifulcas callejeras y otros hechos.
Esta convulsa situación, de la que no se excluyen otras naciones supuestamente encausadas por vías democráticas de gobierno, redunda en que la discapacidad de familiares, amigos o miembros de la comunidad, afecte a una cuarta parte de la población latinoamericana.
La desatención a los discapacitados responde a la carencia de programas estatales orientados a su reinserción social o al recorte de fondos a la seguridad, medida adoptada en casi todas estas naciones bajo los dictados de los organismos financieros internacionales.
Semejantes tasas de mutilados, limitados físico motores o personas sin visión, entre otros, también son el resultado de tragedias viales y del extendido consumo de drogas, según el estudio.
Entre los factores que condujeron a esas estadísticas deben inscribirse además el progresivo envejecimiento poblacional, el abandono infantil, la desnutrición, la marginación de grupos como los indígenas, la pobreza extrema y los desastres naturales.
Alicia Amate y Armando Vásquez, médicos de la Universidad del Salvador en Buenos Aires, señalaron que en el subcontinente hay un grave déficit en materia estadística y por lo tanto se desconoce el alcance real de tal fenómeno.
Quienes atendieron en consulta a pacientes con pérdidas funcionales, saben que un alto porcentaje de estos no sufrirían esas limitaciones si hubieran sido tratados a tiempo por un médico con conocimientos básicos sobre independencia física, social, educacional y laboral, enfatizaron.
Gran parte de los galenos en la región carecen de la capacitación necesaria para atender esa clase de problemas, alertaron.
Para tratar de contrarrestar el incremento de este fenómeno, los investigadores recomendaron promover la salud, prevención de discapacidades, recuperación funcional, integración e inclusión social.
Alcanzar y mantener una calidad de vida aceptable para las personas con discapacidad precisa de un programa serio orientado a la rehabilitación de estos pacientes, insistieron.
Este componente fundamental de la salud pública resulta indispensable como garantía de la equidad, beneficio del cual carece más de la mitad de los pobladores de los países situados al sur del Río Bravo.
El informe recalcó la necesidad de profundizar en los posibles riesgos, medidas preventivas y en la aplicación de un enfoque integral en la atención a este núcleo poblacional.
También sugirieron potenciar la participación activa de los pacientes en los programas de recuperación e incluir en los procesos de tratamiento a familiares y factores de la comunidad en que se desenvuelven.
Aprovechar los recursos disponibles para diagnosticar y seguir cada una de estas patologías podría contribuir a alentar un sentido de vida más pleno entre estas personas, cuya situación es el resultado de tanta muerte y horror diseminados por esta parte del hemisferio.
Investigaciones realizadas por especialistas de la Organización Panamericana de la Salud revelaron que, al menos tres millones de esas personas, viven en Centroamérica.
Esta región, donde coinciden los registros más elevados del continente de inseguridad ciudadana, fue la más azotada por dictaduras militares y guerras internas durante la década de los 80.
Sólo en El Salvador, el país más pequeño de la llamada cintura de América, alrededor de 75 mil personas resultaron desaparecidas, muertas o afectadas en algunas de sus funciones corporales durante esos años.
En el 2005 fueron asesinadas tres mil 791 personas en esa nación, la más violenta y peligrosa de Latinoamérica, cuya tasa de homicidios asciende a 55 por cada 100 mil habitantes.
Este indicador es superior incluso al registrado por Colombia, país inmerso desde hace varias décadas en una confrontación armada permanente, el azote del paramilitarismo y de las sangrientas trifulcas entre sicarios del narcotráfico.
Uno de los sectores más afectados por esos índices es el femenino: sólo en 2005 fueron ultimadas 364 mujeres, 81 como resultado de disputas hogareñas.
Similar situación registró Guatemala, nación donde el riesgo se incrementa de manera alarmante y se reportan más de una decena de muertos y numerosos lesionados por efecto de trifulcas callejeras y otros hechos.
Esta convulsa situación, de la que no se excluyen otras naciones supuestamente encausadas por vías democráticas de gobierno, redunda en que la discapacidad de familiares, amigos o miembros de la comunidad, afecte a una cuarta parte de la población latinoamericana.
La desatención a los discapacitados responde a la carencia de programas estatales orientados a su reinserción social o al recorte de fondos a la seguridad, medida adoptada en casi todas estas naciones bajo los dictados de los organismos financieros internacionales.
Semejantes tasas de mutilados, limitados físico motores o personas sin visión, entre otros, también son el resultado de tragedias viales y del extendido consumo de drogas, según el estudio.
Entre los factores que condujeron a esas estadísticas deben inscribirse además el progresivo envejecimiento poblacional, el abandono infantil, la desnutrición, la marginación de grupos como los indígenas, la pobreza extrema y los desastres naturales.
Alicia Amate y Armando Vásquez, médicos de la Universidad del Salvador en Buenos Aires, señalaron que en el subcontinente hay un grave déficit en materia estadística y por lo tanto se desconoce el alcance real de tal fenómeno.
Quienes atendieron en consulta a pacientes con pérdidas funcionales, saben que un alto porcentaje de estos no sufrirían esas limitaciones si hubieran sido tratados a tiempo por un médico con conocimientos básicos sobre independencia física, social, educacional y laboral, enfatizaron.
Gran parte de los galenos en la región carecen de la capacitación necesaria para atender esa clase de problemas, alertaron.
Para tratar de contrarrestar el incremento de este fenómeno, los investigadores recomendaron promover la salud, prevención de discapacidades, recuperación funcional, integración e inclusión social.
Alcanzar y mantener una calidad de vida aceptable para las personas con discapacidad precisa de un programa serio orientado a la rehabilitación de estos pacientes, insistieron.
Este componente fundamental de la salud pública resulta indispensable como garantía de la equidad, beneficio del cual carece más de la mitad de los pobladores de los países situados al sur del Río Bravo.
El informe recalcó la necesidad de profundizar en los posibles riesgos, medidas preventivas y en la aplicación de un enfoque integral en la atención a este núcleo poblacional.
También sugirieron potenciar la participación activa de los pacientes en los programas de recuperación e incluir en los procesos de tratamiento a familiares y factores de la comunidad en que se desenvuelven.
Aprovechar los recursos disponibles para diagnosticar y seguir cada una de estas patologías podría contribuir a alentar un sentido de vida más pleno entre estas personas, cuya situación es el resultado de tanta muerte y horror diseminados por esta parte del hemisferio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario