Odalys Troya Flores
Redacción Central (PL). Que una familia entera haya sido ultimada completa a balazos, sin dudas es una noticia espeluznante, pero en El Salvador lo que se hace habitual.
Son tantos, y con tanta frecuencia los hechos de este tipo que el homicidio parece convertirse en parte de la rutina diaria de los salvadoreños, a pesar de ser una nación que dejó la guerra hace casi 15 años.
Esta mañana, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que en un domicilio en el cantón el Cipresal de Santa Ana, en la carretera que conduce al municipio de Metapán, se produjo un ataque con armas de fuego en el que perecieron los cuatro miembros de una familia.
También revelaron autoridades policiales que en las últimas 24 horas, sólo en los departamentos de Santa Ana y San Salvador, fueron asesinadas 11 personas.
La muerte aquí, tiende a convertirse en rutina. En los cinco días anteriores, medio centenar de salvadoreños murieron en hechos violentos, la mayoría cometidos con armas de fuego.
Esas cifras indican que en comparación con el año anterior, la violencia -lejos de disminuir- se enraíza indefectiblemente en la población.
Durante 2005, esta nación superó en asesinatos, con 54,7 por cada 100 mil habitantes, a Colombia y Honduras, países que antes eran los primeros en las listas.
Esa cantidad de crímenes, tres mil 761, es el grado más alto al que ha llegado El Salvador en los últimos siete años.
La suma de asesinatos registrados en ese período equivale al 29 por ciento de las muertes ocurridas durante el conflicto armado de los años de 1981 a 1992.
Mucho se ha dicho sobre las causas que generan tales actos, pero el gobierno, en la propia voz del presidente de la República, Antonio Saca, insiste en responsabilizar a las pandillas con el auge de la violencia, que engendra una marcada inseguridad ciudadana.
Además del crimen organizado y la violencia doméstica que dejan secuelas apreciables, en el país operan dos grandes pandillas: la Mara Salvatrucha 13 (MS 13) y la 18, además de numerosas pequeñas bandas delincuenciales.
Es cierto también que entre ellas hay una fuerte rivalidad y que los enfrentamientos dejan innumerables víctimas.
No se pueden negar tampoco los derramamientos de sangre en el sector de los transportistas, a causa de los impuestos exigidos por los pandilleros a conductores y motoristas por circular en zonas que esos grupos mantienen prácticamente bajo su dominio.
Pero, ¿quiénes integran las maras? ¿Qué hace el gobierno por erradicarlas?
Las pandillas salvadoreñas proceden de los Estados Unidos, la mayoría de la zona de Los Angeles.
Buena parte de sus miembros emigraron al norte durante la guerra, y posteriormente fueron deportados de regreso a El Salvador. Muchos de ellos no pudieron insertarse a los escasos puestos laborales o de estudio que ofrece el Estado.
Sin embargo, ahora otras personas se suman a esos grupos delincuenciales, particularmente jóvenes sin de oportunidades de empleo, estudio, distracción y afecto familiar.
Téngase en cuenta que más de la mitad de la población salvadoreña vive en condiciones extremas de pobreza, hecho que obliga a más de 720 mil personas a abandonar el país cada año.
Muchos menores quedan solos y desamparados y encuentran como vía más fácil de subsistir la pandilla o mara en las que se inician, incluso con 13 ó 14 años.
La vida en esa "organización" los conduce al consumo de drogas, la violencia y la delincuencia.
El gobierno, en un intento por frenar ese engendro, no hurga en las causas que lo provocan y se mantiene en un círculos vicioso.
Saca acaba de anunciar que el presupuesto este año para la PNC, actualmente de 134 millones de dólares, será reforzado con 14 millones más.
Represión y más represión. Hasta el momento los planes implementados y los recursos financieros aportados por para reprimir o contener la violencia, particularmente las actividades de las pandillas, han demostrado que son un fracaso.
Eso sucede con el plan Mano Dura, implementado por el anterior gobernante Francisco Flores, y reactivado por Saca bajo el nombre de Plan Súper Mano Dura.
Esas medidas sólo han traído consigo más violencia y más enfrentamientos y más reclusos en prisiones, que ya superan en demasía la capacidad existente.
Muchas organizaciones civiles y religiosas insisten en sacar a los jóvenes del ambiente marginal al que pertenecen y devolverlos a la sociedad como ciudadanos honrados.
Lamentablemente, la carencia de programas de reinserción, de apoyo gubernamental y de una articulación de los componentes de toda la comunidad, demuestran que el fenómeno de la pandilla continuará como centro de la cultura de violencia de ese país.
Redacción Central (PL). Que una familia entera haya sido ultimada completa a balazos, sin dudas es una noticia espeluznante, pero en El Salvador lo que se hace habitual.
Son tantos, y con tanta frecuencia los hechos de este tipo que el homicidio parece convertirse en parte de la rutina diaria de los salvadoreños, a pesar de ser una nación que dejó la guerra hace casi 15 años.
Esta mañana, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que en un domicilio en el cantón el Cipresal de Santa Ana, en la carretera que conduce al municipio de Metapán, se produjo un ataque con armas de fuego en el que perecieron los cuatro miembros de una familia.
También revelaron autoridades policiales que en las últimas 24 horas, sólo en los departamentos de Santa Ana y San Salvador, fueron asesinadas 11 personas.
La muerte aquí, tiende a convertirse en rutina. En los cinco días anteriores, medio centenar de salvadoreños murieron en hechos violentos, la mayoría cometidos con armas de fuego.
Esas cifras indican que en comparación con el año anterior, la violencia -lejos de disminuir- se enraíza indefectiblemente en la población.
Durante 2005, esta nación superó en asesinatos, con 54,7 por cada 100 mil habitantes, a Colombia y Honduras, países que antes eran los primeros en las listas.
Esa cantidad de crímenes, tres mil 761, es el grado más alto al que ha llegado El Salvador en los últimos siete años.
La suma de asesinatos registrados en ese período equivale al 29 por ciento de las muertes ocurridas durante el conflicto armado de los años de 1981 a 1992.
Mucho se ha dicho sobre las causas que generan tales actos, pero el gobierno, en la propia voz del presidente de la República, Antonio Saca, insiste en responsabilizar a las pandillas con el auge de la violencia, que engendra una marcada inseguridad ciudadana.
Además del crimen organizado y la violencia doméstica que dejan secuelas apreciables, en el país operan dos grandes pandillas: la Mara Salvatrucha 13 (MS 13) y la 18, además de numerosas pequeñas bandas delincuenciales.
Es cierto también que entre ellas hay una fuerte rivalidad y que los enfrentamientos dejan innumerables víctimas.
No se pueden negar tampoco los derramamientos de sangre en el sector de los transportistas, a causa de los impuestos exigidos por los pandilleros a conductores y motoristas por circular en zonas que esos grupos mantienen prácticamente bajo su dominio.
Pero, ¿quiénes integran las maras? ¿Qué hace el gobierno por erradicarlas?
Las pandillas salvadoreñas proceden de los Estados Unidos, la mayoría de la zona de Los Angeles.
Buena parte de sus miembros emigraron al norte durante la guerra, y posteriormente fueron deportados de regreso a El Salvador. Muchos de ellos no pudieron insertarse a los escasos puestos laborales o de estudio que ofrece el Estado.
Sin embargo, ahora otras personas se suman a esos grupos delincuenciales, particularmente jóvenes sin de oportunidades de empleo, estudio, distracción y afecto familiar.
Téngase en cuenta que más de la mitad de la población salvadoreña vive en condiciones extremas de pobreza, hecho que obliga a más de 720 mil personas a abandonar el país cada año.
Muchos menores quedan solos y desamparados y encuentran como vía más fácil de subsistir la pandilla o mara en las que se inician, incluso con 13 ó 14 años.
La vida en esa "organización" los conduce al consumo de drogas, la violencia y la delincuencia.
El gobierno, en un intento por frenar ese engendro, no hurga en las causas que lo provocan y se mantiene en un círculos vicioso.
Saca acaba de anunciar que el presupuesto este año para la PNC, actualmente de 134 millones de dólares, será reforzado con 14 millones más.
Represión y más represión. Hasta el momento los planes implementados y los recursos financieros aportados por para reprimir o contener la violencia, particularmente las actividades de las pandillas, han demostrado que son un fracaso.
Eso sucede con el plan Mano Dura, implementado por el anterior gobernante Francisco Flores, y reactivado por Saca bajo el nombre de Plan Súper Mano Dura.
Esas medidas sólo han traído consigo más violencia y más enfrentamientos y más reclusos en prisiones, que ya superan en demasía la capacidad existente.
Muchas organizaciones civiles y religiosas insisten en sacar a los jóvenes del ambiente marginal al que pertenecen y devolverlos a la sociedad como ciudadanos honrados.
Lamentablemente, la carencia de programas de reinserción, de apoyo gubernamental y de una articulación de los componentes de toda la comunidad, demuestran que el fenómeno de la pandilla continuará como centro de la cultura de violencia de ese país.
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