San Salvador (PL). La Semana de Resistencia, que se celebrará del 12 al 18 de junio próximos en esta capital, demandará el cese de la explotación minera extranjera en los países centroamericanos, aseguraron hoy los organizadores del evento.
"Vamos a realizar una jornada que busca revisar el impacto negativo de las compañías extranjeras sobre la naturaleza y la relación de su actividad con la contaminación del medio", declaró en rueda de prensa René Luarca, miembro de la Mesa Permanente de Minerías.
Organizaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua esperan conformar la Red Mesoamericana para defender los derechos de la salud y el desarrollo social de los habitantes de zonas afectadas por las empresas internacionales.
Luarca especificó que el encuentro denunciará la precaria situación en la cual viven los pobladores de áreas urbanas donde se desarrollan planes de extracción de minerales.
Los defensores del entorno analizarán además las enfermedades de la piel, el envenenamiento de ríos y fuentes hídricas con metales pesados y la marginación económica del ser humano.
El ambientalista David Pereira destacó el papel de los pueblos en la defensa de sus intereses y, como ejemplo de lucha, citó el caso de colectividades guatemaltecas organizadas, cuya constancia provocó la salida de compañías mineras de su nación.
Agrupados en comités a favor del ecosistema en el departamento de Chalatenango (norte), centenares de salvadoreños ejecutan consecutivas protestas para rechazar los trabajos de firmas canadienses.
Subrayaron que los proyectos de la Martinique Minerals S.A. en poblados del norte de este país dañan la biodiversidad del ecosistema.
La iglesia católica, por medio de su oficina de asistencia social Caritas, manifestó su respaldo a las diferentes comunidades de Chalatenango, una de las provincias más afectadas por dicha labor.
El clero ofreció su apoyo a la lucha de los residentes en Cabañas y Morazán, 80 kilómetros al noroeste de San Salvador, en donde se proyecta la apertura de nuevas minas.
Angel Ibarra, dirigente de la Unidad Ecológica Salvadoreña, tildó de excluyente y perjudicial el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, que incluye la explotación minera.
El Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio declaró lesiva tal actividad y la consideró una forma de expropiación de los recursos naturales salvadoreños.
"Vamos a realizar una jornada que busca revisar el impacto negativo de las compañías extranjeras sobre la naturaleza y la relación de su actividad con la contaminación del medio", declaró en rueda de prensa René Luarca, miembro de la Mesa Permanente de Minerías.
Organizaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua esperan conformar la Red Mesoamericana para defender los derechos de la salud y el desarrollo social de los habitantes de zonas afectadas por las empresas internacionales.
Luarca especificó que el encuentro denunciará la precaria situación en la cual viven los pobladores de áreas urbanas donde se desarrollan planes de extracción de minerales.
Los defensores del entorno analizarán además las enfermedades de la piel, el envenenamiento de ríos y fuentes hídricas con metales pesados y la marginación económica del ser humano.
El ambientalista David Pereira destacó el papel de los pueblos en la defensa de sus intereses y, como ejemplo de lucha, citó el caso de colectividades guatemaltecas organizadas, cuya constancia provocó la salida de compañías mineras de su nación.
Agrupados en comités a favor del ecosistema en el departamento de Chalatenango (norte), centenares de salvadoreños ejecutan consecutivas protestas para rechazar los trabajos de firmas canadienses.
Subrayaron que los proyectos de la Martinique Minerals S.A. en poblados del norte de este país dañan la biodiversidad del ecosistema.
La iglesia católica, por medio de su oficina de asistencia social Caritas, manifestó su respaldo a las diferentes comunidades de Chalatenango, una de las provincias más afectadas por dicha labor.
El clero ofreció su apoyo a la lucha de los residentes en Cabañas y Morazán, 80 kilómetros al noroeste de San Salvador, en donde se proyecta la apertura de nuevas minas.
Angel Ibarra, dirigente de la Unidad Ecológica Salvadoreña, tildó de excluyente y perjudicial el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, que incluye la explotación minera.
El Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio declaró lesiva tal actividad y la consideró una forma de expropiación de los recursos naturales salvadoreños.
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