San Salvador, 12 feb (PL) El Foro para la Defensa de la Constitución (FDC), propuso hoy iniciar un proceso de nacionalización de combustibles en El Salvador.
Según José María Méndez, representante del FDC, las transnacionales petroleras violentan la Constitución salvadoreña con los altos precios a los consumidores, sus excesivas ganancias y el funcionamiento oligopólico.
Aseguró que dichas multinacionales atropellan disposiciones de la Carta Magna referidas al orden económico, la propiedad privada y la libre empresa.
En tal sentido, enfatizó en los artículos 101 y 102 de la Ley Primaria.
Méndez subrayó que el primero establece que el orden económico debe responder a los principios de justicia social para asegurar a los salvadoreños una vida digna a través de la productividad, la racional utilización de los recursos y la defensa de los consumidores.
En tanto, el artículo 102 garantiza la libertad económica siempre que no se oponga al interés social, recordó.
El representante del FDC subrayó que la Constitución prohíbe los monopolios, y sólo pondrán autorizarse cuando el interés social lo haga imprescindible. Es decir, cuando el bien común esté sobre el interés privado.
Sin embargo, detalló Méndez, la propia Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía, la Superintendencia de Competencia y otras instituciones del Ejecutivo con responsabilidades en el control del mercado local de combustibles favorecen a las corporaciones.
Ya es hora de que la Asamblea Legislativa resuelva este problema, advirtió.
Para ello, Méndez propuso al Parlamento retomar un decreto que restablece el sistema de Precios Paridad Importación y determina los márgenes de ganancias de las empresas petroleras.
Por otra parte, sugirió iniciar un proceso de nacionalización de la compra de carburantes.
La semana pasada, el consultor estodounidense Robert Meyeringh afirmó que "no se necesitan transnacionales para importar combustibles", y aseguró que los precios de los derivados de petróleo pueden reducirse eliminando los intermediarios.
Meyeringh, quien asesoró el proceso de licitación de los combustibles en Honduras dijo que no acusaba a las transnacionales de hacer cosas ilegales, sino de "ganar mucho dinero porque los gobiernos lo permiten".
Afirmó que esas empresas "ganan desde que cargan un barco, trasladan los combustibles, los depositan en una terminal y realizan otra serie de cobros cuando lo distribuyen".
A estos planteamientos se unió Salvador Sánchez Cerén, coordinador parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), principal partido opositor.
Sánchez Cerén aseveró que el Gobierno podría contar con el apoyo del Frente si decide regular los precios de los combustibles.
El presidente de la República, Elías Saca, admitió que las petroleras abusan al no trasladar a la nación las bajas de los precios en el mercado internacional.
Según José María Méndez, representante del FDC, las transnacionales petroleras violentan la Constitución salvadoreña con los altos precios a los consumidores, sus excesivas ganancias y el funcionamiento oligopólico.
Aseguró que dichas multinacionales atropellan disposiciones de la Carta Magna referidas al orden económico, la propiedad privada y la libre empresa.
En tal sentido, enfatizó en los artículos 101 y 102 de la Ley Primaria.
Méndez subrayó que el primero establece que el orden económico debe responder a los principios de justicia social para asegurar a los salvadoreños una vida digna a través de la productividad, la racional utilización de los recursos y la defensa de los consumidores.
En tanto, el artículo 102 garantiza la libertad económica siempre que no se oponga al interés social, recordó.
El representante del FDC subrayó que la Constitución prohíbe los monopolios, y sólo pondrán autorizarse cuando el interés social lo haga imprescindible. Es decir, cuando el bien común esté sobre el interés privado.
Sin embargo, detalló Méndez, la propia Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía, la Superintendencia de Competencia y otras instituciones del Ejecutivo con responsabilidades en el control del mercado local de combustibles favorecen a las corporaciones.
Ya es hora de que la Asamblea Legislativa resuelva este problema, advirtió.
Para ello, Méndez propuso al Parlamento retomar un decreto que restablece el sistema de Precios Paridad Importación y determina los márgenes de ganancias de las empresas petroleras.
Por otra parte, sugirió iniciar un proceso de nacionalización de la compra de carburantes.
La semana pasada, el consultor estodounidense Robert Meyeringh afirmó que "no se necesitan transnacionales para importar combustibles", y aseguró que los precios de los derivados de petróleo pueden reducirse eliminando los intermediarios.
Meyeringh, quien asesoró el proceso de licitación de los combustibles en Honduras dijo que no acusaba a las transnacionales de hacer cosas ilegales, sino de "ganar mucho dinero porque los gobiernos lo permiten".
Afirmó que esas empresas "ganan desde que cargan un barco, trasladan los combustibles, los depositan en una terminal y realizan otra serie de cobros cuando lo distribuyen".
A estos planteamientos se unió Salvador Sánchez Cerén, coordinador parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), principal partido opositor.
Sánchez Cerén aseveró que el Gobierno podría contar con el apoyo del Frente si decide regular los precios de los combustibles.
El presidente de la República, Elías Saca, admitió que las petroleras abusan al no trasladar a la nación las bajas de los precios en el mercado internacional.
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