Odalys Troya Flores
Redacción Central, 16 feb (PL) El presidente salvadoreño, Antonio Saca, está hoy muy preocupado por la tranquilidad nacional.
Pese a que cada día la violencia deja 10 ó 12 homicidios, sin dudas no es esta la problemática que le quita el sueño.
Otro asunto, y con raíces que empiezan a ser longevas, figura entre los puntos más recientes de la agenda del gobernante: abrir las heridas de la guerra que pudieran llevar a una agitación social.
Saca, pese a la recomendación del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas para de derogar la ley de Amnistía General, reiteró su negativa al respecto.
Esa normativa fue aprobada en 1993 tras la presentación de un informe de la Comisión de la Verdad, auspiciada por la ONU, que estableció quiénes fueron los responsables de numerosos crímenes contra la sociedad civil durante los años de la guerra (1980-1992).
El conflicto armado dejó más de 75 mil muertos, 40 mil mutilados y unos ocho mil 500 desaparecidos.
Quizás el período más crítico de esos 12 años de beligerancia fue de 1980 a 1984.
Durante esa etapa, las fuerzas armadas llevaron a cabo operaciones denominadas de limpieza contra la población civil, como las masacres en los poblados del Río Sumpul, El Mozote o La Qusera, barridos casi por completo junto con sus habitantes.
En aquellas acciones militares, supuestamente contra el entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), los militares se llevaron a muchos niños sobrevivientes, de los que todavía no se conoce el paradero.
Hasta el momento, la mayoría de todos esos casos siguen sin esclarecerse a pesar de las denuncias, las verificaciones de la Comisión de la Verdad y de las investigaciones de científicos forenses.
Los congresistas del FMLN han condenado la falta de voluntad política del Ejecutivo y de algunos grupos parlamentarios para desentrañar estos hechos.
Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador denunció todas las violaciones de los derechos humanos de los salvadoreños y ha contribuido a la identificación de cientos de los miles de cadáveres producto de aquellas masacres.
La iglesia católica, el FMLN, los familiares de las víctimas y numerosas organizaciones sociales y humanitarias saben quiénes fueron los encargados de ensombrecer al país con la tortura, la desaparición o la muerte que también tuvieron como escenario las ciudades.
Pero las autoridades gubernamentales permanecen impávidas ante el dolor.
Lo que si está claro es que el partido gobernante de ahora, el mismo de entonces, protege a través de la Ley de Amnistía General a siniestros personajes que, aunque ya fallecidos algunos, todavía mantienen una deuda histórica con el pueblo salvadoreño.
Tal es el caso del mayor Roberto D'Abuisson, fundador del partido oficialista ARENA, impulsor de los escuadrones de la muerte y autor intelectual del asesinato de uno de los obispos más preciados de la iglesia católica, Oscar Arnulfo Romero.
O los excesos cometidos contra la población del Mozote por el también extinto coronel Domingo Monterrosa, el ex ministro de Defensa José Guillermo García y el ex jefe del Estado Mayor Rafael Flores Lima.
A muchos de ellos, según Tutela Legal y el FMLN, el gobierno les rinde homenajes.
El año pasado, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) inauguró una plaza y una calle en el municipio de Antiguo Cuscatlán que lleva el nombre de D"Aubuisson. Ahora la idea es otorgarle el título de "Hijo Meritísimo".
Para Saca, parece que de la guerra no queda ni el recuerdo, que la memoria histórica de los salvadoreños se perdió.
Parece que ahora no conviene añadir nada más a la "tranquilidad" de la violencia que vive el país.
El presidente asegura que derogar la ley de Amnistía, además de abrir las heridas podría llevar a una agitación social.
"Si queremos superar las etapas del pasado, de guerra, no podemos estar reabriendo las heridas. Este país necesita ver hacia el futuro, necesita ver hacia la esperanza", afirmó el mandatario.
La cuestión está en que dicha normativa libera de cargos a los responsables de desapariciones forzadas, asesinatos y crímenes de lesa humanidad, en la mayor parte de los casos cometidos por el ejército y grupos paramilitares al servicio del gobierno.
El canciller salvadoreño, Francisco Laínez, declaró, quizás como tabla de náufrago, que la posición del gobierno en relación con la anulación de esa ley no impide que se investigue el paradero de los desaparecidos.
Pero lo cierto es que cuando el náufrago llega a la orilla, en su euforia olvida la tabla. Y la sociedad salvadoreña insiste en que la justicia salga del naufragio en que se halla desde la aprobación del engendro legal.
Redacción Central, 16 feb (PL) El presidente salvadoreño, Antonio Saca, está hoy muy preocupado por la tranquilidad nacional.
Pese a que cada día la violencia deja 10 ó 12 homicidios, sin dudas no es esta la problemática que le quita el sueño.
Otro asunto, y con raíces que empiezan a ser longevas, figura entre los puntos más recientes de la agenda del gobernante: abrir las heridas de la guerra que pudieran llevar a una agitación social.
Saca, pese a la recomendación del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas para de derogar la ley de Amnistía General, reiteró su negativa al respecto.
Esa normativa fue aprobada en 1993 tras la presentación de un informe de la Comisión de la Verdad, auspiciada por la ONU, que estableció quiénes fueron los responsables de numerosos crímenes contra la sociedad civil durante los años de la guerra (1980-1992).
El conflicto armado dejó más de 75 mil muertos, 40 mil mutilados y unos ocho mil 500 desaparecidos.
Quizás el período más crítico de esos 12 años de beligerancia fue de 1980 a 1984.
Durante esa etapa, las fuerzas armadas llevaron a cabo operaciones denominadas de limpieza contra la población civil, como las masacres en los poblados del Río Sumpul, El Mozote o La Qusera, barridos casi por completo junto con sus habitantes.
En aquellas acciones militares, supuestamente contra el entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), los militares se llevaron a muchos niños sobrevivientes, de los que todavía no se conoce el paradero.
Hasta el momento, la mayoría de todos esos casos siguen sin esclarecerse a pesar de las denuncias, las verificaciones de la Comisión de la Verdad y de las investigaciones de científicos forenses.
Los congresistas del FMLN han condenado la falta de voluntad política del Ejecutivo y de algunos grupos parlamentarios para desentrañar estos hechos.
Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador denunció todas las violaciones de los derechos humanos de los salvadoreños y ha contribuido a la identificación de cientos de los miles de cadáveres producto de aquellas masacres.
La iglesia católica, el FMLN, los familiares de las víctimas y numerosas organizaciones sociales y humanitarias saben quiénes fueron los encargados de ensombrecer al país con la tortura, la desaparición o la muerte que también tuvieron como escenario las ciudades.
Pero las autoridades gubernamentales permanecen impávidas ante el dolor.
Lo que si está claro es que el partido gobernante de ahora, el mismo de entonces, protege a través de la Ley de Amnistía General a siniestros personajes que, aunque ya fallecidos algunos, todavía mantienen una deuda histórica con el pueblo salvadoreño.
Tal es el caso del mayor Roberto D'Abuisson, fundador del partido oficialista ARENA, impulsor de los escuadrones de la muerte y autor intelectual del asesinato de uno de los obispos más preciados de la iglesia católica, Oscar Arnulfo Romero.
O los excesos cometidos contra la población del Mozote por el también extinto coronel Domingo Monterrosa, el ex ministro de Defensa José Guillermo García y el ex jefe del Estado Mayor Rafael Flores Lima.
A muchos de ellos, según Tutela Legal y el FMLN, el gobierno les rinde homenajes.
El año pasado, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) inauguró una plaza y una calle en el municipio de Antiguo Cuscatlán que lleva el nombre de D"Aubuisson. Ahora la idea es otorgarle el título de "Hijo Meritísimo".
Para Saca, parece que de la guerra no queda ni el recuerdo, que la memoria histórica de los salvadoreños se perdió.
Parece que ahora no conviene añadir nada más a la "tranquilidad" de la violencia que vive el país.
El presidente asegura que derogar la ley de Amnistía, además de abrir las heridas podría llevar a una agitación social.
"Si queremos superar las etapas del pasado, de guerra, no podemos estar reabriendo las heridas. Este país necesita ver hacia el futuro, necesita ver hacia la esperanza", afirmó el mandatario.
La cuestión está en que dicha normativa libera de cargos a los responsables de desapariciones forzadas, asesinatos y crímenes de lesa humanidad, en la mayor parte de los casos cometidos por el ejército y grupos paramilitares al servicio del gobierno.
El canciller salvadoreño, Francisco Laínez, declaró, quizás como tabla de náufrago, que la posición del gobierno en relación con la anulación de esa ley no impide que se investigue el paradero de los desaparecidos.
Pero lo cierto es que cuando el náufrago llega a la orilla, en su euforia olvida la tabla. Y la sociedad salvadoreña insiste en que la justicia salga del naufragio en que se halla desde la aprobación del engendro legal.
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