Gobiernos de El Salvador y EE.UU. firman acuerdo Anti-Maras

Actualización de CISPES (www.cispes.org)
Traducido por Reynaldo Contreras-Valle

El fiscal general estadounidense Alberto González visitó El Salvador el pasado lunes para reunirse con su homólogo salvadoreño, Garrid Safie, así como con el Presidente Saca y el Ministro de Seguridad René Figueroa. En la reunión los funcionarios definieron los mecanismos de “cooperación” entre los dos países contra las pandillas.

Los cuatro acuerdos principales de la reunión fueron: uno, que el Buró Federal de Investigación (en inglés FBI) y la Policía Nacional Civil (PNC) salvadoreña establezcan una Unidad Transnacional Anti-Pandillas (en inglés, TAG); dos, que el FBI entrene personal de la PNC sobre cómo identificar y arrestar a los “peores criminales” según la definición oficial; tercero, el intercambio de información incluidas huellas digitales al nivel regional; y cuarto, que el FBI, la Agencia Antinarcóticos (DEA en inglés) y otras agencias estatales estadounidenses evalúen la capacidad de El Salvador para combatir el crimen y para prevenir la actividad pandillera. Para mayor información acerca de la conferencia visita la siguiente página web: http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=1087771.

De acuerdo al comunicado emitido por González posterior a la reunión, EE.UU. ha “incrementado su entrenamiento anti-pandillas en América Central incluyendo esfuerzos a través de la Academia Internacional para la Aplicación de la Ley (ILEA en ingles) en San Salvador”. La ILEA recientemente completó un programa de entrenamiento intensivo anti-maras (vea aquí para la agenda de la ILEA en este año.) Mientras tanto, la petición del fiscal general estadounidense en El Salvador para modificar la Constitución para que acomode la creación de la nueva ley de extradición fue suspendida por hoy. González había declarado que las modificaciones eran necesarias en orden a combatir la “amenaza para El Salvador” de tener salvadoreños que cometen crímenes en EE.UU. y que retornan a El Salvador buscando refugio. A pesar de las pláticas sobre criminales y pandillas, de los 1,479 salvadoreños deportados por los Estados Unidos en enero, menos de 200 tenían récord criminal. Los funcionarios salvadoreños anunciaron la llegada de vuelos diarios con deportados y menos del 20 por ciento de éstos tienen récord criminal.

ARENA propone más presencia militar en prisiones

El gobierno de ARENA está presionando a la Asamblea Legislativa, específicamente a la fracción del FMLN, para la aprobación de un préstamo por $100 millones para la seguridad nacional y que sería usado para robustecer la fuerza policial y la construcción de más prisiones. La propuesta de ARENA para combatir el crimen y la crisis en el sistema de prisiones está basado primariamente en la construcción de más carceles, sin ningún programa real de prevención y rehabilitación.

Adicionalmente, Saca propuso recientemente que los funcionarios militares sean incorporados en el programa de seguridad, en muchos casos como directores de prisiones. La procuradora general de los derechos humanos, Beatrice de Carrillo, rechazó firmemente el plan de Saca para instalar oficiales militares que no tienen la preparación ni la experiencia como directores de prisiones. “Es nefasta la idea, es como una mano súper dura dentro de los penales…esto no resolverá nunca la problemática” dijo Carrillo. Para la procuradora, la situación en el sistema carcelario es “catastrófica, represiva, bárbara y antidemocrática”. La crisis afecta también a los centros de detención juvenil – el 5 de febrero hubo un motín de internos en el que fue asesinado el joven de 15 años de edad José Antonio de Paz. Los jóvenes destruyeron parte de la infraestructura e hicieron denuncias públicas de las precarias condiciones en el centro y de la negación de ciertos derechos por parte de los guardas de la prisión tales como recibir alimentos de sus familias.

Tres semanas después de la masacre de 21 prisioneros en la cárcel de Apanteos, Santa Ana, el gobierno y los funcionarios carceleros no han hecho nada para esclarecer lo que pasó exactamente o castigar a los responsables. La oficina de derechos humanos del Arzobispado católico de San Salvador ha investigado y publicado un informe que es altamente crítico de las acciones de los funcionarios carceleros. El informe denuncia “la imparable cadena de violaciones a los derechos humanos en las prisiones de El Salvador”, las cuales ocurren por causa de la falta de voluntad política de la administración Saca de aplicar la ley constitucional que garantiza el derecho de los internos para ser rehabilitados y reinsertados en la sociedad. Por esta razón, la oficina de derechos humanos del Arzobispado católico ha presentado acusaciones legales formales contra cuatro personas por su complacencia y fracasar en prevenir la violencia: César Vilanova, director del sistema carcelario salvadoreño; Neftalí Portillo, director de la cárcel de Apanteos; René Figueroa, ministro de seguridad; y Rodrigo Avila, director de la PNC. El informe critica su inacción señalando que en el curso de las 12 horas que estuvieron presentes en la prisión, y a pesar de los gritos de socorro por parte de las víctimas, los policías y los funcionarios de la cárcel simplemente se quedaron parados y permitieron que ocurriera la masacre.

Nuevo sindicato en el sector privado demanda reconocimiento legal

El movimiento sindicalista salvadoreño celebró una victoria esta semana cuando trabajadores de la compañía española Calvo formaron un sindicato. Los trabajadores están luchando por que el Ministerio de Trabajo reconozca el estatus legal del sindicato, el cual es necesario para que empiecen las negociaciones sobre la mejora de las condiciones de trabajo. La compañía española Calvo opera una planta de atún la cual llevó a cabo un despido masivo de algunos 600 trabajadores y amenazó con retirarse de El Salvador el pasado junio. Los trabajadores estuvieron en huelga por las condiciones laborales peligrosas en la planta.