Carmen Esquivel
Guatemala, 27 feb (PL) Si el asesinato de tres diputados salvadoreños mostró fisuras en el sistema de justicia guatemalteco, la ejecución de los policías vinculados al crimen corrobora hoy la incapacidad del gobierno para controlar la seguridad nacional.
"Estamos muy preocupados porque eso demuestra una crisis en todo el aparato de seguridad, de consecuencias graves", dijo el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales.
Guatemala ha estado en la mira mundial desde que la semana pasada tres legisladores salvadoreños y su chofer fueron asesinados e incinerados cuando viajaron a esta capital para asistir a una reunión del Parlamento Centroamericano.
La preocupación aumentó al conocerse que fueron policías de la sección contra el crimen organizado los presuntos autores de la muerte de los legisladores Eduardo D'aubuisson, William Pichinte y José Ramón González, y del piloto Gerardo Ramírez.
Aún sin recuperarse del impacto negativo de este hecho en la confiabilidad de los cuerpos de seguridad, esta semana los cuatro agentes fueron baleados y degollados en una cárcel de máxima seguridad, a pesar de estar bajo el resguardo de siete puertas.
Las autoridades responsabilizan con la matanza a reos, en complicidad con guardias de la penitenciaría de El Boquerón, pero testigos aseguran que un comando armado entró a la prisión y cometió el ataque.
En cualquier caso analistas locales consideran que el país se está acercando peligrosamente a "un estado fallido, donde no funcionan las instituciones".
El gobierno "fue sobrepasado por la impunidad", dijo Francisco Arredondo, precandidato del Partido de Avanzada Nacional, mientras Roberto Kestler, de la Unidad Nacional de la Esperanza, denunció la existencia de un caos en materia de seguridad.
Otto Pérez Molina, del Partido Patriota, fue más allá y denunció la presencia de dos escuadrones de la muerte, uno en el seno de la Policía Nacional Civil (PNC) y otro a cargo de un asesor del ministro de Gobernación.
La magnitud nacional e internacional del escándalo por el asesinato de los diputados y la ejecución de sus victimarios aumentó el clamor por la renuncia del titular de Gobernación, Carlos Vielmann, y el director de la PNC, Erwin Sperisen.
Ambos serán citados por el Congreso de la República para explicar la ejecución de los agentes Luis Arturo López, José Korki Estrada, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Escobar, considerados piezas claves para esclarecer la muerte de los diputados.
Tanto el gobierno como la oposición reconocen que el crimen organizado se ha enquistado en todas las instituciones del Estado.
Esto explica el clima generalizado de violencia en el país, que cada año cuesta la vida a miles de personas, sin una investigación seria en la mayoría de los casos, ni castigo para los culpables.
En un ambiente donde prevalecen la impunidad, la falta de control de las autoridades y la indiferencia de los poderes del Estado, todas las condiciones son propicias para el florecimiento de la ingobernabilidad.
Guatemala, 27 feb (PL) Si el asesinato de tres diputados salvadoreños mostró fisuras en el sistema de justicia guatemalteco, la ejecución de los policías vinculados al crimen corrobora hoy la incapacidad del gobierno para controlar la seguridad nacional.
"Estamos muy preocupados porque eso demuestra una crisis en todo el aparato de seguridad, de consecuencias graves", dijo el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales.
Guatemala ha estado en la mira mundial desde que la semana pasada tres legisladores salvadoreños y su chofer fueron asesinados e incinerados cuando viajaron a esta capital para asistir a una reunión del Parlamento Centroamericano.
La preocupación aumentó al conocerse que fueron policías de la sección contra el crimen organizado los presuntos autores de la muerte de los legisladores Eduardo D'aubuisson, William Pichinte y José Ramón González, y del piloto Gerardo Ramírez.
Aún sin recuperarse del impacto negativo de este hecho en la confiabilidad de los cuerpos de seguridad, esta semana los cuatro agentes fueron baleados y degollados en una cárcel de máxima seguridad, a pesar de estar bajo el resguardo de siete puertas.
Las autoridades responsabilizan con la matanza a reos, en complicidad con guardias de la penitenciaría de El Boquerón, pero testigos aseguran que un comando armado entró a la prisión y cometió el ataque.
En cualquier caso analistas locales consideran que el país se está acercando peligrosamente a "un estado fallido, donde no funcionan las instituciones".
El gobierno "fue sobrepasado por la impunidad", dijo Francisco Arredondo, precandidato del Partido de Avanzada Nacional, mientras Roberto Kestler, de la Unidad Nacional de la Esperanza, denunció la existencia de un caos en materia de seguridad.
Otto Pérez Molina, del Partido Patriota, fue más allá y denunció la presencia de dos escuadrones de la muerte, uno en el seno de la Policía Nacional Civil (PNC) y otro a cargo de un asesor del ministro de Gobernación.
La magnitud nacional e internacional del escándalo por el asesinato de los diputados y la ejecución de sus victimarios aumentó el clamor por la renuncia del titular de Gobernación, Carlos Vielmann, y el director de la PNC, Erwin Sperisen.
Ambos serán citados por el Congreso de la República para explicar la ejecución de los agentes Luis Arturo López, José Korki Estrada, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Escobar, considerados piezas claves para esclarecer la muerte de los diputados.
Tanto el gobierno como la oposición reconocen que el crimen organizado se ha enquistado en todas las instituciones del Estado.
Esto explica el clima generalizado de violencia en el país, que cada año cuesta la vida a miles de personas, sin una investigación seria en la mayoría de los casos, ni castigo para los culpables.
En un ambiente donde prevalecen la impunidad, la falta de control de las autoridades y la indiferencia de los poderes del Estado, todas las condiciones son propicias para el florecimiento de la ingobernabilidad.
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