San Salvador, 1 feb (PL) Organizaciones salvadoreñas de derechos humanos exigieron hoy al Gobierno que ratifique la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La Convención, que ya había sido aprobada por el Consejo de Derechos Humanos durante su primera reunión de trabajo, en Ginebra, el 29 de junio último, fue reconocida en diciembre por unanimidad en la 61 asamblea del organismo internacional.
El Salvador atravesó por un conflicto bélico (1980-1992) que dejó como saldo unos ocho mil 600 desaparecidos, buena parte de ellos, según los activistas, son menores que fueron separados de sus padres durante las constantes operaciones del ejército en las zonas rurales.
Guadalupe Mejía, del Comité de Familiares Víctimas de violaciones a los derechos humanos, aseguró que en la posguerra se han investigado otros 600 casos de desaparecidos.
La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador, conformada por nueve organizaciones, advirtió que seguirá su lucha para que el gobierno investigue el paradero los desaparecidos durante la guerra civil.
María Julia Hernández, directora de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, manifestó que la normativa de la ONU "es un paso trascendental para promover el esclarecimiento del paradero de los desaparecidos en la nación."
No obstante, aseguró que será imprescindible un gran esfuerzo ya que la ley de Amnistía General de 1993 ampara a los criminales que cometieron delitos de lesa humanidad.
Recordó que el país no ha ratificado la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
En tal sentido, instó al Gobierno para que la sancione y se coloque en los estándares internacionales sobre protección a los derechos humanos.
La Convención de la ONU, que será firmada por los Estados miembros durante una ceremonia prevista en París para el 6 de febrero del 2007, prohíbe las detenciones secretas y tipifica como delito la desaparición forzada.
Entre el 5 y 7 de febrero, un grupo de expertos de la ONU se reunirá con representantes de las organizaciones de derechos humanos y con funcionarios del Gobierno para iniciar investigaciones sobre esta problemática.
La Convención, que ya había sido aprobada por el Consejo de Derechos Humanos durante su primera reunión de trabajo, en Ginebra, el 29 de junio último, fue reconocida en diciembre por unanimidad en la 61 asamblea del organismo internacional.
El Salvador atravesó por un conflicto bélico (1980-1992) que dejó como saldo unos ocho mil 600 desaparecidos, buena parte de ellos, según los activistas, son menores que fueron separados de sus padres durante las constantes operaciones del ejército en las zonas rurales.
Guadalupe Mejía, del Comité de Familiares Víctimas de violaciones a los derechos humanos, aseguró que en la posguerra se han investigado otros 600 casos de desaparecidos.
La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador, conformada por nueve organizaciones, advirtió que seguirá su lucha para que el gobierno investigue el paradero los desaparecidos durante la guerra civil.
María Julia Hernández, directora de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, manifestó que la normativa de la ONU "es un paso trascendental para promover el esclarecimiento del paradero de los desaparecidos en la nación."
No obstante, aseguró que será imprescindible un gran esfuerzo ya que la ley de Amnistía General de 1993 ampara a los criminales que cometieron delitos de lesa humanidad.
Recordó que el país no ha ratificado la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
En tal sentido, instó al Gobierno para que la sancione y se coloque en los estándares internacionales sobre protección a los derechos humanos.
La Convención de la ONU, que será firmada por los Estados miembros durante una ceremonia prevista en París para el 6 de febrero del 2007, prohíbe las detenciones secretas y tipifica como delito la desaparición forzada.
Entre el 5 y 7 de febrero, un grupo de expertos de la ONU se reunirá con representantes de las organizaciones de derechos humanos y con funcionarios del Gobierno para iniciar investigaciones sobre esta problemática.
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