San Salvador, 31 ene (PL) Los generales José Guillermo García, Rafael Flores y el Coronel Francisco Adolfo Castillo, son los responsables de la masacre La Quesera, perpetrada en 1981, confirmó hoy Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador.
Entre el 21 y 30 de octubre de ese año, tropas de los batallones élite Atlacatl y Atonal, y soldados de la V y VI brigada de infantería, ejecutaron a unas 500 personas de las comunidades de San Agustín y Jiquilisco, unos 90 kilómetros al sudeste de la capital.
Según testigos, el hecho fue una represalia por un atentado explosivo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, unos días antes.
La acción del ejército dejó como saldo cientos de violaciones a mujeres, actos de tortura y ejecuciones masivas contra la población civil.
El hecho, calificado por organizaciones de derechos humanos como de lesa humanidad, aparece recogido en una querella contra el Estado que la oficina de Tutela Legal entregó al Secretario General Adjunto de la Fiscalía, Miguel Angel Francis.
La directora de Tutela, María Julia Mayoral, afirmó que con la presentación formal de este documento esperan la pronta aplicación de la justicia en beneficio de las víctimas y familiares.
"Durante 25 años- subrayó-, las autoridades fiscales y judiciales han omitido investigar los graves hechos de la Masacre de la Quesera y sitios aledaños, incumpliendo sus más elementales obligaciones constitucionales y las internacionales en materia de investigación".
Las pesquisas forenses en que participó un equipo argentino han permitido identificar algunos restos y establecer que alrededor de 500 personas fueron ultimadas por armas de fuego de alta velocidad.
María Julia Hernández subraya que a pesar de los testimonios de los sobrevivientes y de las pruebas científicas, los responsables continúan sin ser juzgados.
La Ley de Amnistía de 1993 no contempla casos de lesa humanidad y la impunidad en El Salvador se ve reforzada por esa legislación que libera de responsabilidades civiles y jurídicas a los responsables de delitos de guerra cometidos durante el conflicto armado.
Entre el 21 y 30 de octubre de ese año, tropas de los batallones élite Atlacatl y Atonal, y soldados de la V y VI brigada de infantería, ejecutaron a unas 500 personas de las comunidades de San Agustín y Jiquilisco, unos 90 kilómetros al sudeste de la capital.
Según testigos, el hecho fue una represalia por un atentado explosivo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, unos días antes.
La acción del ejército dejó como saldo cientos de violaciones a mujeres, actos de tortura y ejecuciones masivas contra la población civil.
El hecho, calificado por organizaciones de derechos humanos como de lesa humanidad, aparece recogido en una querella contra el Estado que la oficina de Tutela Legal entregó al Secretario General Adjunto de la Fiscalía, Miguel Angel Francis.
La directora de Tutela, María Julia Mayoral, afirmó que con la presentación formal de este documento esperan la pronta aplicación de la justicia en beneficio de las víctimas y familiares.
"Durante 25 años- subrayó-, las autoridades fiscales y judiciales han omitido investigar los graves hechos de la Masacre de la Quesera y sitios aledaños, incumpliendo sus más elementales obligaciones constitucionales y las internacionales en materia de investigación".
Las pesquisas forenses en que participó un equipo argentino han permitido identificar algunos restos y establecer que alrededor de 500 personas fueron ultimadas por armas de fuego de alta velocidad.
María Julia Hernández subraya que a pesar de los testimonios de los sobrevivientes y de las pruebas científicas, los responsables continúan sin ser juzgados.
La Ley de Amnistía de 1993 no contempla casos de lesa humanidad y la impunidad en El Salvador se ve reforzada por esa legislación que libera de responsabilidades civiles y jurídicas a los responsables de delitos de guerra cometidos durante el conflicto armado.
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