domingo, febrero 11, 2007

Espera gobierno salvadoreño por informe de ONU sobre desapariciones

San Salvador, 11 feb (PL) El gobierno salvadoreño espera hoy el resultado de un informe elaborado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones forzadas en la guerra civil acontecida aquí entre 1980 y 1992.

En declaraciones a la prensa, el vicecanciller Eduardo Cálix explicó que el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, cuya visita terminó la víspera, reconoció las altas cifras de personas, cuyas disipaciones están aún sin indagar.


Averiguaciones oficiales testificaron que durante la guerra civil en El Salvador se contabilizaron dos mil 661 casos de personas desaparecidas, de ellos, dos mil 270 continúan sin ser resueltos en los juzgados.

"Encabezada por el mexicano Santiago Corchera, la misión instó a la administración a suscribir la Convención contra la Desaparición Forzada de 1990, para dar con el paradero de miles de salvadoreños probablemente muertos en el período histórico", dijo.

Darko Gottlicher, croata miembro de la delegación de la ONU, alegó que "mientras no se castigue a los principales responsables de los hechos revelados, las pérdidas humanas en El Salvador continuarán".

La Ley de Amnistía aprobada en 1993 es el principal obstáculo para el esclarecimiento, al proteger a criminales de guerra señalados por la Comisión de la Verdad, expresó.

"Ese indulto pudo ser necesario en su tiempo a fin de crear condiciones para la democratización, pero en la práctica generó impunidad y se convirtió en el impedimento para pesquisar violaciones a los derechos Humanos", sostuvo.

A finales de 1995, activistas humanitarios de Naciones Unidas visitaron este país para buscar la colaboración del gobierno y de la sociedad civil con el objetivo de resolver el escabroso tema, pero no recibieron información alguna.

Congresistas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) coincidieron con la falta de voluntad política por parte del Ejecutivo para aclarar las más de ocho mil desapariciones.

Aunque familias de víctimas de tales prácticas de lesa humanidad interpusieron acusaciones ante la Fiscalía para averiguar el paradero de sus parientes, muchos responsables -aun cuando algunos son conocidos- no han sido sancionados, agregó el Frente.

"Y es que la ley de Amnistía General, promulgada en 1993 tras la firma de los acuerdos de paz, libera de cargos a los responsables de crímenes", recordó el FMLN.

Reiteramos nuestro rechazo a dicha Ley e insistimos en la necesidad de poner en claro los casos vinculados a desaparición forzosa y otras violaciones a los derechos humanos, afirmó el partido de la ex guerrilla salvadoreña.

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