Co-Latino. Pobladores de los municipios de Colomoncagua, Honduras y Carolina de El Salvador, fundaron el “Frente Binacional contra la Construcción de las Represas”, cuyo proyecto se encuentra contenido en el Plan Puebla Panamá (PPP).
Los lugareños “hermanaron” la problemática para iniciar una serie de actividades encaminadas a suspender la construcción de la infraestructura de los diques, que atenta, según opinaron, no sólo contra el medio ambiente de la zona, sino que plantea la privatización de la energía eléctrica en la región.
Estos proyectos que impulsan ambos gobiernos en la zona Norte de Chalatenango con la represa El Cimarrón, San Miguel con El Chaparral y El Tigre al norte de Colomoncagua, pretenden edificar un sistema de interconexión para aumentar la generación de energía a escala centroamericana.
Jacobo Martínez del municipio de Carolina en San Miguel, afirmó que el estancamiento del río Torola dejaría sin hogar a más de 18 mil familias, sólo en su municipio, pero que hay otros afectados.
“Las poblaciones de San Luis La Reina, San Antonio El Mosco y San Gerardo, unidos a nosotros serían más de 70 mil pobladores los afectados, porque hay mucha gente en comunidades que no han sido censados todavía, no podemos permitir que nos arrebaten lo que tenemos”, señaló Martínez.
Refiriéndose a que todo el trabajo que se realiza en las zonas, y publicitado por el gobierno como “desarrollo”, no era más que “valor agregado” a las operaciones comerciales de inversiones extranjeras. “Sabemos muy bien, que las minerías y maquilas necesitan agua y electricidad y eso es lo que pretende el gobierno, darles prestaciones adicionales a los inversionistas, no hay interés en la población de su país, trabajan para otros ciudadanos” , aseguró Martínez.
José Alberto Vásquez del Municipio de San Antonio, Departamento de Lempira, explicó que la oposición a la construcción de las represas entre ambos países obedece a la inequidad de los beneficios, que se inclinan a un sólo lado. “La construcción de la represa El Tigre atrajo a empresas transnacionales, al sector de poder y al empresariado; le llaman desarrollo, pero sabemos que para nosotros es atraso, es muerte, suspendamos esas obras”, dijo Vásquez, llamando a los pobladores a consolidar el frente regional, cerrando filas para enfrentar la presión de ambos gobiernos: “No permitamos que nos invada el miedo, luchemos por nuestras tierras, nuestra vida, nuestra herencia cultural.
No permitamos que nuestros gobiernos nos separen con nacionalismos exacerbados, trabajemos juntos por nuestros hogares, por nuestros hijos”, puntualizó Vásquez.
Los lugareños “hermanaron” la problemática para iniciar una serie de actividades encaminadas a suspender la construcción de la infraestructura de los diques, que atenta, según opinaron, no sólo contra el medio ambiente de la zona, sino que plantea la privatización de la energía eléctrica en la región.
Estos proyectos que impulsan ambos gobiernos en la zona Norte de Chalatenango con la represa El Cimarrón, San Miguel con El Chaparral y El Tigre al norte de Colomoncagua, pretenden edificar un sistema de interconexión para aumentar la generación de energía a escala centroamericana.
Jacobo Martínez del municipio de Carolina en San Miguel, afirmó que el estancamiento del río Torola dejaría sin hogar a más de 18 mil familias, sólo en su municipio, pero que hay otros afectados.
“Las poblaciones de San Luis La Reina, San Antonio El Mosco y San Gerardo, unidos a nosotros serían más de 70 mil pobladores los afectados, porque hay mucha gente en comunidades que no han sido censados todavía, no podemos permitir que nos arrebaten lo que tenemos”, señaló Martínez.
Refiriéndose a que todo el trabajo que se realiza en las zonas, y publicitado por el gobierno como “desarrollo”, no era más que “valor agregado” a las operaciones comerciales de inversiones extranjeras. “Sabemos muy bien, que las minerías y maquilas necesitan agua y electricidad y eso es lo que pretende el gobierno, darles prestaciones adicionales a los inversionistas, no hay interés en la población de su país, trabajan para otros ciudadanos” , aseguró Martínez.
José Alberto Vásquez del Municipio de San Antonio, Departamento de Lempira, explicó que la oposición a la construcción de las represas entre ambos países obedece a la inequidad de los beneficios, que se inclinan a un sólo lado. “La construcción de la represa El Tigre atrajo a empresas transnacionales, al sector de poder y al empresariado; le llaman desarrollo, pero sabemos que para nosotros es atraso, es muerte, suspendamos esas obras”, dijo Vásquez, llamando a los pobladores a consolidar el frente regional, cerrando filas para enfrentar la presión de ambos gobiernos: “No permitamos que nos invada el miedo, luchemos por nuestras tierras, nuestra vida, nuestra herencia cultural.
No permitamos que nuestros gobiernos nos separen con nacionalismos exacerbados, trabajemos juntos por nuestros hogares, por nuestros hijos”, puntualizó Vásquez.
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